Los bancos Nacional (BN) y de Costa Rica (BCR), así como el Banco Central de Costa Rica (BCCR), se pronunciaron en contra del proyecto de ley que pretende permitirles retirar la pensión complemenaria, en un solo tracto, a quienes se jubilen entre el 2019 y el 2035.
Las entidades bancarias concluyeron que el plan afectaría las pensiones de los futuros cotizantes y dañaría el principio de seguridad económica de la población adulta mayor.
Así consta en tres criterios enviados por estas entidades estatales a la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso, con el fin de advertirles a los congresistas los riesgos de la iniciativa de Eduardo Cruickshank, jefe de fracción de Restauración Nacional.
Los bancos se pronunciaron a solicitud de los propios diputados de la Comisión de Hacendarios, quienes también consultaron su opinión a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Todas las respuestas han sido negativas.
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El 23 de agosto, el BCCR concluyó que la iniciativa de Cruickshank “desvirtúa la naturaleza” de la Ley de Protección al Trabajador, del año 2000, la cual buscó darle un complemento a los trabajadores en sus fondos de pensión.
“Los recursos del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP) buscan complementar la pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (de la CCSS) y procurar una mayor independencia económica del jubilado, así como contribuir a mejorar su nivel de vida”, establece el oficio JD-5890/13 del Central.
La idea es que, aparte de la pensión básica, los jubilados reciban un monto mensual proveniente de los fondos del ROP, que proviene de lo que cotizaron el patrono y la persona durante la vida laboral.
Actualmente, si el monto de la pensión complementaria es menor al 10% de la básica, la persona puede retirar el fondo total que haya acumulado. Si el porcentaje es superior, el beneficiario recibe el dinero mensualmente, como una pensión. Cruickshank pretende eliminar esa barrera.
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El Banco Nacional explicó que se permitó retirar el fondo, si la pensión es inferior al 10% de la jubilación básica, porque un monto tan bajo no le permite al trabajador tener un beneficio complementario, o bien, el beneficio sería ínfimo por estar el régimen “inmaduro”, es decir, porque se creó apenas en el año 2000.
La propuesta de Cruickshank buscó, en un primer momento, que si el jubilado quería, sacara todo el dinero en un solo tracto; luego, promovió junto con María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), una nueva versión del plan que limita el plazo para que los jubilados retiren el monto total en un solo tracto.
El texto sustitutivo que acogió la Comisión de Hacendarios, con la venia de Liberación Nacional (PLN), el PUSC, parte del Partido Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC), permitiría el retiro total solo a las personas que se jubilen hasta diciembre del 2035.
No obstante, para el Banco Central, el eventual incremento en el flujo de los retiros del ROP obligaría a los gestores de los fondos a procurar mayor liquidez para entregar fondos y eso afectaría el rendimiento del fondo de la pensión complementaria.
“Eso limita la capacidad de crecimiento de los fondos, a la vez que limita la capacidad de garantizar que se cumpla el objetivo de complementar las pensiones futuras a los actualez cotizantes”, sentenció el BCCR.
En otras palabras, aunque el diputado Cruickshank pretenda beneficiar a los actuales jubilados y los que se pensionen hasta el 2035, finalmente afectarían a los futuros beneficiarios del régimen.
Seguridad económica en riesgo
Por su parte, el Banco Nacional advirtió de que el plan del restauracionista “vulneraría los principios de seguridad económica de los afiliados y el de complementariedad” que estableció la Ley de Protección al Trabajador.
En criterio de los voceros del Nacional, el plan parte de una premisa errónea: “considerar el ROP como un simple ahorro” y no como un fondo cuya propiedad está afectada por un fin específico, el de complementar la pensión básica del afiliado al régimen.
Ese objetivo específico es el de brindar seguridad económica a los jubilados y ser un complemento del Sistema de Pensiones Costarricense, como el segundo pilar del sistema.
En general, ni los bancos estatales ni el ente emisor costarricense tienen problemas con la reforma que se plantea para que los jubilados definan sus beneficiarios.
Así lo hizo ver el BCR en un criterio vertido en el oficio GCJ-MSM-265-2019, el 23 de julio pasado. No obstante, ese banco manifestó que hay un riesgo importante en permitirle a los jubilados retirar el monto en un solo tracto.
“La sociedad costarricense es principalmente consumista y tiene una débil cultura del ahorro. No es difícil prever que los recursos del ROP, en lugar de ser utilizados para la manutención del pensionado, podría dispensarse para cualquier otro propósito”, alertó el BCR.
Además, la entidad indicó que el texto original del proyecto no define los parámetros para retirar las sumas acumuladas en el ROP, tal como se explica en la exposición de motivos del expediente legislativo.
“Esa ausencia de parámetros podría generar una distorsión y atentaría contra el régimen de pensiones complementarias”, dice el criterio bancario.
Luego de las críticas iniciales de la CCSS y de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), los diputados redujeron la velocidad con que querían tramitar el plan inicialmente.
Ahora, esperan los nuevos criterios de las entidades bancarias, solicitados luego de que se acogiera un texto sustitutivo.
Igualmente, se recibirá en audiencia a los voceros de la CCSS, el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y otras entidades preocupadas por el proyecto de ley.