El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que los exanalistas de datos de Casa Presidencial le solicitaron dos veces, una en el año 2018 y otra en el 2019, estadísticas sobre criminalidad de acceso público.
La Policía Judicial relató que, el 4 de diciembre del 2018, el entonces analista presidencial, Diego Fernández, se reunió con funcionarios de la oficina de Planes y Operaciones del OIJ para “solicitar información puntual sobre las denuncias ingresadas al OIJ, así como la georreferenciación de los sitios en que ocurrieron los delitos mediante coordenadas geográficas que muestren el lugar de su realización”.
“Al respecto, se le explicó que la ubicación geográfica de los sitios específicos en que ocurrieron los delitos no se podía brindar, por considerarse datos sensibles, y que únicamente era factible aportar la información genérica e innominada (sin nombres) de las denuncias, la cual no contiene datos individualizantes de personas u ofendidos, información que además está disponible para ser consultada vía Internet en la página web del OIJ por todos los ciudadanos que tengan interés en ella”, continuó el Organismo.
El OIJ también le indicó al analista que, en su página web, existe lo que se denominan “cuadrantes de delitos”, es decir, un “mapa de calor” que muestra polígonos o cuadrículas de 250.000 metros cuadrados, con una coloración que permite conocer la intensidad de la comisión de delitos en cada cuadrante del país.
“La solicitud y entrega de este tipo específico de información no requiere un convenio u otra formalidad para ser suministrada, más allá de una comunicación formal mediante correo electrónico”, agregó la Policía Judicial.
Al día siguiente, el 5 de diciembre del 2018, el analista Diego Fernández envió un correo para plantear formalmente la solicitud de información conversada y agregar una petición “muy puntual que me planteó ayer el presidente (Carlos Alvarado) posterior a nuestra reunión”.
El primer requerimiento era una serie mensual de femicidios para conocer cómo evolucionaba el fenómeno.
El segundo era una base de datos de los delitos registrados entre enero del 2015 y noviembre del 2018 con variables como delito, fecha, hora y tipo de arma. La intención era proveerle información al ministro de Seguridad, Michael Soto, para que expusiera sobre el tema ante el Consejo de Gobierno.
La tercer petición era una base de datos de delitos desagregados por cuadrante del periodo 2016-2018.
“El propósito es contar con el detalle de los delitos con el mayor detalle territorial posible para cruzar con otras fuentes de información, como las variables sociodemográficas e institucionales, con el fin de diseñar estrategias de intervención interinstitucional de forma localizada”, escribió el analista.
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Dos días después, el 7 de diciembre, la analista criminal del OIJ, María del Carmen Vargas Quesada, le envió al analista presidencial un archivo de Excel con información estadística innominada (sin nombres), con variables como fecha y hora de los delitos, distrito y clasificación de la víctima, entre otros.
Además, el OIJ envió una cuadrícula de todo el país, en donde se puede mostrar mediante colores cuál cuadrante (de 250.000 metros cuadrados) tiene más concentración de delitos y cuál tiene menos, tal y como aparece en la actualidad en la página web de estadísticas policiales de OIJ.
El 1.° de abril del 2019, el analista Alejandro Madrigal envió un nuevo correo al OIJ en el que requirió una actualización de los datos hasta el 31 de marzo de 2019 o hasta la última fecha posible.
La solicitud fue contestada el 5 de abril.
El asesor presidencial, Diego Fernández, concluyó la primera solicitud de información al OIJ diciendo que mantenía la oferta de apoyar al Organismo en minería de datos para la toma de decisiones.
“Sobre el ofrecimiento por parte de la UPAD de brindar al personal del OIJ capacitación en minería de datos, ni siquiera se contempló, puesto que la herramienta para trabajar la información es la denominada “Tableau”, la cual es totalmente diferente a la que se utiliza en el Organismo de Investigación Judicial, motivo por el cual esto no fue más que un simple ofrecimiento no aceptado”, añadió la Policía Judicial.
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El trabajo de los analistas de datos presidenciales fue eliminado después de la polémica surgida por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), en vista de que el texto establecía que la oficina tendría acceso a datos confidenciales en manos de las instituciones.
El texto fue publicado el 17 de febrero y derogado el 21 de febrero.
Debido a esto, son investigados judicialmente los tres analistas, un exasesor legal y la exjefa de despacho del presidente, así como el mandatario, el exministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora; y el ex viceminitro de Planificación, Daniel Soto.
Esta es la transcripción completa del primer correo enviado por Daniel Fernández al OIJ:
"Buenos días don Randall, un gusto saludarlo, le agradezco su disposición para atendernos el día de ayer y mostrarnos los distintos formatos de las estadísticas con que cuentan. Escribo para detallar la solicitud que conversamos. Además, para comentarle sobre otra solicitud muy puntual que me planteó ayer el Presidente posterior a nuestra reunión. Las incluyo según el orden en que se requiere la información.
1. Serie mensual de femicidios de largo plazo. El propósito es conocer como ha evolucionado el fenómeno de los femicidios en el tiempo, según me planteó al mayor plazo posible. Sin embargo, en este sentido me gustaría conocer su valoración sobre la comparabilidad de los datos, de forma que no sea que interpretemos de forma equivocada un cambio que se explica por la forma en que se registra el dato. Lo que necesitaríamos es contar con la serie de largo plazo comparable. Esta solicitud es prioritaria ya que se requiere por la coyuntura mediática.
2. Base de datos de delitos Enero-2015 a Noviembre-2018. Se requiere contar con la base de datos de todos los delitos con sus distintas variables (delito, subdelito, fecha, hora, victima, subvictima, tipo de arma, edad, género, nacionalidad, provincia, cantón, distrito). El propósito es utilizar esta información para generar resultados que pueda presentar don Michael el próximo martes en Consejo de Gobierno, por lo que se requiere la información a la mayor brevedad posible.
3. Base de datos de delitos indexados desagregados por cuadrante, periodo 2016-2018. El propósito es contar con el detalle de los delitos con el mayor detalle territorial posible para cruzar con otras fuentes de información como las variables sociodemográficas e institucionales, con el fin de diseñar estrategias de intervención interinstitucional de forma localizada. El formato requerido es de base de datos con cada delito, sus variables asociadas y el cuadrante donde se ubica, con su respectivas coordenadas para georeferenciación. El formato sugerido sería (delito, subdelito, fecha, hora, victima, subvictima, tipo de arma, edad, género, nacionalidad, provincia, cantón, distrito, ID de cuadrante, coordenadas de cuadrante). Esta información si bien es de alta importancia no se requiere con la mayor urgencia como las dos anteriores. Lo importante es contar con una base bien estructurada y que posteriormente pueda ser actualizada.
Espero haber planteado de forma clara esta solicitud. En todo caso quedo en la mejor disposición para cualquier duda que surja al respecto.
Dos consideraciones finales. Lo primero es mantener mi oferta a apoyarles en cuanto a recursos humanos para cualquier proyecto de minería de datos que deseen implementar con el fin de mejorar la toma de decisiones en el área. Lo segundo es que no cuento con los correos de los compañeros y la compañera que nos acompañaron en la reunión por lo que agradezco pueda canalizar esta solicitud a través suyo.
De antemano agradezco su gestión. Saludos cordiales”.