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Las pérdidas de la empresa en el 2017 llegaron a $9 millones, según Carlos Peña, asesor jurídico de Alunasa.
Pese al señalamiento de Estados Unidos sobre un presunto lavado de dinero, así como al cierre de cuentas que le aplicó el Banco Nacional, la empresa Aluminios Nacionales S. A. se quedará en el país "a toda costa".
Según los administradores de la empresa propiedad del gobierno venezolano, esa es la indicación que recibieron hace pocos días de parte de Caracas.
De acuerdo con Carlos Peña, asesor jurídico de la compañía, el canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió con ellos el 8 de mayo, en Costa Rica, y les comunicó que Alunasa seguirá operando en Esparza, Puntarenas.
"Está a toda costa. Estará allí para cumplir la labor social para la que está creada esa empresa allí", dijo el canciller, según el relato de Peña.
En los últimos meses, la empresa ha incumplido en varias ocasiones el pago de los salarios de sus 277 trabajadores, los cuales incluso solicitaron embargos a la empresa.
La firma alega que tiene problemas con el suministro del aluminio que viene de Venezuela, lo cual tiene paralizada la producción.
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El panorama de Alunasa empeoró el 18 de mayo, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó de que, supuestamente, la fábrica fue usada por el hombre fuerte del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, para lavar dinero.
Al conocer ese comunicado del gobierno estadounidense, el Banco Nacional le cerró las cuentas bancarias a Alunasa.
La empresa asegura que, ante la situación, no puede pagar salarios, ni saldar las deudas que tiene con el banco y con la Caja Costarricense de Seguro Social, y que tampoco puede recibir los depósitos de las ventas que logre colocar en el extranjero cuando se reactive el suministro de aluminio.
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"Le explicamos la situación (a Arreaza), porque nos hace falta un dinero. En ese momento, no teníamos todavía el cierre de las cuentas, entonces (le dijimos) 'mire, necesitamos un dinero para pagar la Caja, vea que esto es importante, necesitamos que Venezuela nos gire, que busque una forma de hacernos llegar el dinero'", relató Peña.
El abogado aseguró que la empresa es deficitaria desde hace años y que las pérdidas en 2017 ascendieron a $9 millones, pero que el gobierno de Nicolás Maduro está determinado en que Alunasa siga operando.
"Nosotros realizamos una función social dentro del cantón también, atendemos escuelas, a gente que tiene necesidades de salud y otras cuestiones. Ustedes dirán ¿pero cómo hace eso una empresa que da pérdidas? Bueno, esa es la función que nos mandaron a hacer acá. Alunasa es una empresa de carácter social, no lucrativo, que no da ganancias y que tiene que tiene que mantener la cantidad de empleados que se decida", dijo Peña.
Ofrecen abrirle las cuentas al gobierno
Según la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la operación ilícita en Costa Rica a través de Alunasa se cometió en el 2016, cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia Esparza, donde está la fábrica.
Cabello, además, habría ordenado al Ejército venezolano designar empleados en dichas instalaciones para que supervisaran la operación.
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Según Peña, la empresa puede dar fe de que eso es falso. El abogado asegura, además, que la empresa no tiene interés en participar de los "ataques y diatribas entre Estados Unidos y Venezuela".
"No le corresponde a una empresa que en Costa Rica realiza una función privada meterse en esos asuntos. Nosotros no nos podemos meter en política, no nos está dado meternos en política, no queremos. Y mucho menos con la carga social que tenemos", manifestó el abogado.
El asesor legal dijo que está dispuesto a que el gobierno costarricense fiscalice y tome el control de las finanzas Alunasa, con tal de que les abran las cuentas bancarias para poder reactivar la producción.
Para ello, la empresa busca que se les conceda una audiencia en Casa Presidencial.
"Para poderle explicar la situación y el dramatismo que implica todo esto, para buscar la forma de que el gobierno ponga un observador que pueda estar allá, o nos sometemos a que el OIJ, que debe tener un departamento contable, la Fiscalía, o gente de investigación del Gobierno vayan allá a revisar y que hagan las auditorías que les hagan falta, los movimientos contables, todo lo que necesiten, nosotros no podemos ocultar nada", dijo Peña.
