Wilber Madriz Arguedas, alcalde de Puntarenas, habría recibido desde hace dos años un sobresueldo del 15% sobre su salario por concepto de prohibición que, según un informe de la Auditoría Interna de la Municipalidad, no le correspondería por la presunta falta de sustento legal para disfrutarlo.
El informe MP-DAI-ADV-05-09-21 de setiembre anterior, advirtió de que a Madriz Arguedas se le otorga ese incentivo salarial desde mayo del 2020 cuando asumió como alcalde, debido a su grado académico de bachiller en Administración de Aduanas y en apego a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Esa legislación enlista, en su artículo 14, a los funcionarios públicos, entre ellos, los alcaldes, que tienen prohibición para ejercer profesiones liberales y aclara que también están comprendidas “las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan requisito para ocupar el respectivo cargo público”.
El documento de la Auditoria advierte de que, luego de una gestión ante el Ministerio de Hacienda, esa cartera confirmó que Madriz Arguedas es agente aduanal pero permanece inactivo por caución al no haber renovado la garantía que responde por sus operaciones aduaneras ante el Servicio Nacional de Aduanas, desde el 14 de febrero del 2020.
“Situación que legalmente le impide ejercer sus actividades como agente aduanero”, cita el informe, el cual indica además, que de lo anterior se colige que, eventualmente, se estaría incumpliendo un requisito legal para pagarle prohibición ya que, al no estar en posibilidad de ejercer la profesión liberal (agente aduanero), entonces no le correspondería ese extra.
Para la Auditoría, esta situación se debería a la ausencia de controles adecuados por parte del Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad al haber obviado “analizar y verificar el cumplimiento de requisitos legales para la procedencia del pago”.
El documento añade que hay otros diez funcionarios municipales que perciben un plus por dedicación exclusiva sin que consten pedidos de estas personas para recibir el plus, o bien, el refrendo de los jerarcas de la municipalidad para autorizar ese pago en sus contratos donde, además, el plazo de vigencia del sobresueldo es indefinido.
“Dentro del contenido del contrato no se indica el título académico y la profesión que sustenta el reconocimiento del pago”, alerta el escrito que menciona la ausencia de estudios de costo-beneficio que avalen dichos desembolsos o certificaciones de cumplimiento para recibir el pago en casos de profesiones que, según el informe, incumplen la condición de ser liberales.
Por ejemplo, se paga dedicación exclusiva a alguien con una licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia para ejercer la enseñanza de la psicología y a otra persona con Licenciatura en Manejo de Recursos Naturales.
Alcalde responde
La Nación se comunicó este sábado con el alcalde Madriz Arguedas para consultarle por los hallazgos de la Auditoría y cuestiona parte del informe: “El informe tiene razón y ahí se evidencian problemas de administraciones anteriores y que hemos tratado de subsanar. Estos pagos vienen hace años y hay unos diez funcionarios a quienes se les paga dedicación exclusiva y a unos poquitos prohibición. Algunos están peleando los pagos. Hay jefaturas a quienes me parece válido pagarles pero en otros casos no. Ahí les doy la razón pero hay que hacer un debido proceso para lograr un entendimiento con ellos, sea para dejarles el pago o quitarlo”.
No obstante, consultado sobre los señalamientos en su caso particular dijo que la Auditoría Interna “está totalmente equivocada”.
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“Soy Administrador Aduanero con grado de bachiller. Cuando me hice agente aduanero, ese grado académico era un requisito suficiente. No obstante, mi título es de administrador y como tal puedo trabajar en otra empresa como administrador”, insiste el alcalde.
Consultado de cuánto gana por mes, afirma desconocer el monto bruto pero declaró recibir un monto neto de ¢2,2 millones cada mes que ya incluye el sobresueldo que tampoco tiene intención de quitar.
“Mi dinero todo lo dono; mi salario todo lo dono porque llegué a servir y no a servirme. Yo ya soy mayor. Tengo 69 años y estoy realizado en mi vida y no estoy aquí por el salario”, alega.
El alcalde asegura que, si la Contraloría General de la República (CGR) abre una auditoría especial por este tema de su sobresueldo, el ente contralor seguro le daría la razón pero si fuera lo contrario acataría la decisión: “Estoy pidiendo criterios legales y mi previsión es elevar esto a la Procuraduría General”.
Presupuesto rechazado
En noviembre pasado, la Contraloría rechazó el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Puntarenas para el 2022, porque la alcaldía consignó ¢50 millones por encima al monto que aprobaron los regidores del cantón, en una sesión extraordinaria, celebrada el 27 de setiembre del 2021.
Los regidores aprobaron de forma unánime un presupuesto por ¢11.895 millones y enviaron un oficio al alcalde Madriz Arguedas con el acta de la sesión en la que se autorizó ese dinero, así como la certificación del bloque de legalidad del presupuesto y su Plan Anual Operativo. No obstante, la CGR después rechazó la propuesta al hallar contradicciones en el proceso de revisión.
El pasado 22 de febrero, el órgano contralor le envió al alcalde el oficio DFOE-LOC-0268 ligado al presupuesto municipal para este 2022, en el cual le pidió remitir nuevamente la información complementaria y ajustada correspondiente a la sección de ese plan de gastos titulada Ingresos y Sección de Gastos.
De acuerdo con el alcalde, todo se corrigió y quedaron fuera de la previsión de gasto anual esos ¢50 millones extra.