‘Agrede la división de poderes’, dicen diputados sobre idea de Chaves de acusar vía Procuraduría

El mandatario dijo este miércoles que intentará usar a la Procuraduría General de la República como un órgano acusador, en primer lugar con el supuesto “megacaso” de evasión fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el cual fue desestimado por el Ministerio Público desde el 2 de enero.

La Procuraduría es un órgano que funge como abogado del Estado y está adscrito al Ministerio de Justicia (Poder Ejecutivo). La función acusadora es propia del Ministerio Público (Fiscalía General de la República), que depende del Poder Judicial

Legisladores que son abogados de profesión con mucha experiencia, como Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP), o Gloria Navas, de Nueva República (PNR), califican de incorrecto lo que propone Chaves.

Navas, incluso, aseguró que eso permitiría arbitrariedad de la Presidencia.

Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN), y Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), sienten alarma porque Chaves “se pasó de la raya” e “intenta desestabilizar los otros poderes, en particular el Judicial”.

Específicamente, Navas explicó que la Procuraduría General de la República está diseñada para ser abogado del Estado y defender los intereses de este, mientras que el ejercicio de acusación en una acción pública está en manos del Ministerio Público, y solo puede cambiar por una reforma total.

“Esa pretensión podría llevar al presidente a hacer las cosas de una forma que se puede calificar de arbitraria, a efectos de lograr sus propósitos, con un serio irrespeto a la institucionalidad y el sistema que tenemos”, manifestó.

No es correcto desde el punto de vista legal, reiteró Jorge Dengo.

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“Se está rompiendo el orden constitucional y agrediendo la división de poderes. El presidente se pasó de la raya con el irrespeto a la constitucionalidad del país. Todo el mundo tiene que reaccionar”, aseguró Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN).

La subjefa del Frente Amplio, Sofía Guillén, considera esta salida de Chaves como un intento por deslegitimar a la Fiscalía y al Poder Judicial. “Sabemos que no son perfectas, pero me llama mucho la atención el intento de erosionar a otras instancias y también lo que no se dice: cuándo van a convocar proyectos antifraude y para bajar los precios”.

Kattia Cambronero, subjefa del Partido Liberal Progresista (PLP), criticó a Chaves porque dice que “no es una decisión que él pueda tomar, sino que está violentando la legislación”.

Ella agregó que ese tipo de cambios solo le corresponden a la Asamblea Legislativa, y el presidente, quien es economista de profesión y vivió 30 años fuera del país, tiene que respetar la normativa existente. “Está tomando una decisión que no le compete, para eso está la Fiscalía. Me parece absolutamente improcedente, desconoce el marco legal, y si lo conoce y quiere hacer esto, lo está violentando y es absolutamente deplorable”, dijo.

Castro: ‘Estoy alarmada’

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Aunque la socialcristiana Vanessa Castro quisiera creer que el mandatario se equivoca en los conceptos, aseguró: “Estoy alarmada”. Agregó que la institucionalidad merece respeto.

“Si el presidente u otras autoridades tienen cuestionamientos, que los hagan por la vía correspondiente. Jamás podemos concentrar el poder y tomar la Procuraduría como un brazo político. Es un intento por desestabilizar los otros poderes, el Judicial, y una cortina de humo”, mencionó.

Jefa y subjefe del PLN, Kattia Rivera y Óscar Izquierdo, también lamentaron la propuesta de la Presidencia de la República, y lo calificaron de peligroso.

“Es sumamente peligroso. Vuelve a ser un estilo que impera en el Ejecutivo, de intromisión en el Poder Judicial. Es gravísimo, tratar de utilizar a la Procuraduría para otros efectos no pertinentes, convertirlo en un actor político de las decisiones, o peor aún, intereses del presidente”, criticó Izquierdo.

Rivera acotó que del “show de los miércoles” (en referencia a la conferencia posterior al Consejo de Gobierno) solo salen ocurrencias, que no son risibles, sino preocupantes.

“Esto es un intento de poner en tela de duda todo el sistema judicial y la forma en que se dirige (el presidente) al fiscal general no es de recibo. La institucionalidad debe estar al servicio de la ciudadanía, no del presidente de turno”, indicó.

La jefa de Liberación añadió que todavía esperan las mejoras para el costo de vida, que no se han visto en nueve meses de administración, y pidió que se preocupen por eso y “no por rencillas personales”.