El polémico proyecto que los diputados aprobaron en febrero pasado, para condonar ¢6.200 millones en créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), fue impulsado por el acuerdo que el Gobierno firmó con los arroceros un domingo por la noche, en agosto del 2020.

El impulso al plan de ley quedó plasmado en el mismo documento en el que el Poder Ejecutivo aceptó mantener la fijación del precio del arroz.

La iniciativa, aprobada en segundo debate y a la cual solo le resta la firma del presidente Carlos Alvarado, incluye condonaciones para una serie de préstamos que fueron otorgados por el Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), años atrás, para el mejoramiento de la producción de arroz.

Ese programa otorgó al menos 130 créditos para arroceros, aunque otros productores del grano podrían verse beneficiados con la condonación por haber recibido financiamiento de otros programas de apoyo al sector productivo.

El proyecto perdonará deudas sin necesidad de que los beneficiarios acrediten haber sufrido pérdidas por la pandemia. Muchas de las condonaciones, incluso, recaen sobre créditos que estaban morosos desde antes de la crisis de la covid-19.

Además, resultarán beneficiadas personas con deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Hacienda.

Ese acuerdo fue firmado por los ministros de Economía y de Agricultura, Victoria Hernández y Renato Alvarado, respectivamente. Así como, por el presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), Rogis Bermúdez.

El compromiso consistió en convocar el plan durante el periodo de sesiones extraordinarias que empezó a finales del año pasado y durante el cual, el Gobierno maneja la agenda del Congreso.

La iniciativa entró a la corriente legislativa el 11 de mayo del 2020. Fue planteado por los diputados Mario Castillo, Víctor Morales, Luis Ramón Carranza y Enrique Sánchez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Wagner Jiménez, Paola Valladares y Luis Fernando Chacón, de Liberación Nacional (PLN); y Melvin Núñez, de Restauración Nacional (PRN).

La rectoría del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) declinó dar a conocer los nombres de los beneficiarios del plan de condonación.

En su debate final, el proyecto obtuvo el voto de 39 diputados, a pesar de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) advirtió de que el proyecto de ley podría fomentar conductas oportunistas, pues constituye una pérdida de recursos públicos y un premio para quienes incumplieron sus obligaciones financieras.

Un informe técnico del Congreso resaltó que, según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la producción de arroz se creció al cierre de febrero del 2020. En el país, el precio de ese grano está fijado por decreto ejecutivo.

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Según confirmó Rogis Bermúdez del CNP, en el acuerdo también participaron representantes de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz).

Precisó que el encuentro estuvo a cargo de Randall Otárola, viceministro de la Presidencia, y de María de Davandas, quien entonces trabajaba para ese despacho y actualmente ocupa otro cargo de viceministra en esa misma cartera.

Un comunicado de Casa Presidencial sobre este acuerdo informó de que las conversaciones se produjeron “en el marco de la mesa técnica para las políticas públicas del sector arrocero”, de cara a la desgravación arancelaria del DR-CAFTA que culmina el 1°. de enero del 2025.

Dicho comunicado informó además, del compromiso con los textos legislativos, pero no detalló los expedientes.

El proyecto también benefició a productores de caña y de piña que estaban morosos con el SBD desde antes de que llegara la pandemia. A todos se les limpiará el historial crediticio.

Acuerdo en medio de protestas

Los representantes del Gobierno firmaron el acuerdo en medio de las protestas de agosto del año pasado, lideradas por el autodenominado grupo Rescate Nacional.

El encuentro se efectuó el domingo 23 de agosto del 2020 durante horas de la tarde y noche, en la oficinas del CNP en San José.

Además de este proyecto de ley, el Gobierno se comprometió a impulsar otras tres iniciativas legislativas que benefician al sector arrocero.

El presidente del CNP indicó que si bien el Gobierno respalda esas propuestas, responsabiliza a los diputados por su aprobación o resultado final.

Al mismo tiempo, las autoridades gubernamentales se comprometieron a crear una mesa de trabajo con el sector, mantener el precio de referencia, así como a no eliminar el arancel de 35% para la importación del producto.