Los defensores del presidente Carlos Alvarado presentaron una apelación, ante la Sala III, en contra del procedimiento con el que la Fiscalía General de la República extraerá la información de los dispositivos electrónicos decomisados al mandatario por el caso de la UPAD, como teléfonos celulares y computadoras.

El recurso lo presentaron el pasado 22 de enero, informaron los abogados Róger Guevara y Rodolfo Brenes.

Ellos alegan que la Sala III estableció, en dos resoluciones, que las partes tienen que establecer parámetros de búsqueda para filtrar la información almacenada en los dispositivos del presidente y encontrar los datos relevantes para el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

“La propia Sala III ha reconocido que la información contenida en los dispositivos electrónicos, que no esté relacionada con los hechos y sea de naturaleza privada, sigue estando cubierta por el artículo 24 de la Constitución y las demás normas que tutelan el derecho a la privacidad, es decir, sigue siendo confidencial”, dijeron.

Según los defensores, lo usual en los procesos penales es que, una vez definidos los parámetros ante un juez de garantías, se filtra la información de los dispositivos decomisados mediante un software forense especializado, siempre de forma privada y en presencia del juez.

Sin embargo, Guevara y Brenes alegan que, en este caso, la Fiscalía no utilizará este procedimiento:

“La Fiscalía General propuso aplicar un procedimiento ad hoc, que nunca se ha aplicado en la historia judicial de este país. Ese procedimiento, que fue avalado por el juez penal de garantías, cambió las reglas fijadas por la Sala III y le permite a la Fiscalía revisar la totalidad de la información electrónica, sin la presencia de las partes, lo que es gravísimo”.

“Además, violenta el derecho a la defensa, pues impone que los abogados defensores hagamos el trabajo de investigación que le corresponde al Ministerio Público, señalemos cuáles archivos sí están relacionados con los hechos y cuáles no, y que justifiquemos legalmente el porqué un archivo no está relacionado. Esto implica obligar a una persona a colaborar con la investigación, cosa que es absolutamente ilegal”.

“Ante semejante atropello al debido proceso y garantías constitucionales, nos vimos obligados a presentar una apelación, que deberá resolver la Sala III, para definir si la información se va a analizar como inicialmente decidió la Sala, en dos resoluciones distintas, o si se hará según las nuevas reglas de juego que cambió la Fiscalía y que impuso el juez de garantías. Otros abogados defensores también formularon recursos de apelación por este mismo motivo”, explicaron los defensores.

Fiscala: Todo en apego a la ley

Por su parte, el jueves 11 de febrero, la fiscala general, Emilia Navas, hizo una publicación en redes sociales en la que sostiene que “todas las actuaciones se han realizado en estricto apego a la Ley y respetando los derechos de todas las partes del proceso”.

“Somos el órgano con mayor interés en que no se dé la filtración de información sensible. En cuanto a la revisión de los dispositivos electrónicos decomisados a las partes imputadas, de acuerdo con los fines de la investigación penal, que es buscar la verdad real de lo ocurrido, es absolutamente impropio e ilógico descartar cualquier indicio, físico o digital, sin ser revisado”.

“El protocolo propuesto, aceptado por el juez de garantías, busca el correcto balance entre derecho a la intimidad y los fines procesales. El hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público en este caso, no significa en absoluto que se trate de actuaciones irregulares”, agregó la fiscala Navas.

Abogados alegan proceso violatorio

En tanto, los abogados de Alvarado sostienen que el método no es correcto: “El principal riesgo es que se filtre información muy sensible que maneja el señor presidente de la República, que no tiene por qué estar en manos de la Fiscalía, de la Policía, o de cualquier otra persona”.

“Además, este procedimiento ad hoc impone a los investigados una colaboración activa con la Fiscalía, consistente en demostrar qué prueba no es pertinente o desea excluir, explicando las razones fácticas y jurídicas o que así lo justifican. Esto es absolutamente ilegal, violatorio del debido proceso y derecho a la defensa, ya que traslada la labor de investigación y carga de la prueba a los investigados.

“Se violenta el derecho a la privacidad e intimidad, pues se está dando permiso a la Fiscalía General, sin ser lo autorizado por la Sala Tercera, de imponerse de toda la información y archivos contenidos en los dispositivos electrónicos sin la intervención de las partes y sin la supervisión del juez”.

Guevara y Brenes agregaron que, “por un tema de derechos fundamentales”, lo procedente es que las personas que se apersonaron como querellantes en el proceso “solo conozcan el contenido filtrado y no la totalidad de la información que hay en los teléfonos y computadoras”.

El pasado mes de enero, cuando se realizó la apertura de la evidencia y la Fiscalía solicitó al mandatario Alvarado las contraseñas de sus teléfonos para abrirlos, 55 personas fueron testigos del procedimiento.

Este 10 de febrero, durante la comparecencia del gobernarte en el poder Legislativo, una de esas claves aparentemente se filtró y llegó hasta el diputado independiente Dragos Donalescu, quien la dijo públicamente en el plenario.

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Los abogados del mandatario dijeron que este no es el primer proceso de apelación pendiente de resolución ante la Sala III, en este caso.

“La primera es una actividad procesal defectuosa en la que advertimos que, el día 26 de agosto del año 2020, la Fiscalía General realizó la apertura de la evidencia en la que está el disco duro que contiene todos los correos electrónicos del señor Presidente, sin informar a la Sala III, sin presencia de las partes ni de sus abogados”, indicaron.

Al respecto, la fiscala Emilia Navas dijo: “Es falso que la Fiscalía General haya entrado a conocer información pruebas del caso UPAD de manera ilegítima. Quiero dar fe de que la evidencia no ha sido revisada”.

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