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La reforma rechazada establecía que el principio de equilibrio financiero prevalecería sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas. Foto: (Rafael Pacheco Granados)
Una votación aplastante de 54 diputados sepultó, este miércoles, una reforma al artículo 176 de la Constitución Política que pretendía sujetar las autonomías constitucionales al principio de equilibrio financiero del Estado.
Se trata de una propuesta impulsada por el excongresista Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto con 14 parlamentarios del periodo pasado de tres tiendas políticas e independientes.
La propuesta fue impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves durante los primeros meses de la administración, en que el Ejecutivo tuvo el control de la agenda legislativa.
El proyecto establecía: “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”.
Además, decía que las municipalidades e instituciones descentralizadas debían observar las reglas, ya vigentes para la “Administración Pública en sentido amplio”, según las cuales los gastos de un presupuesto no pueden exceder los ingresos probables.
Además, se incluía un párrafo para impedir que se creen instituciones y programas en el sector público con cargo al Presupuesto Nacional sin que antes se haga una verificación sobre la disponibilidad de recursos, y se imponía esa responsabilidad a la Contraloría General de la República.
El alegato del expediente es que dichas autonomías “han mostrado resistencia a la hora de aplicar la regla fiscal” y, por tanto, a “respetar el cumplimiento del principio de equilibrio financiero”.
La primera palada de tierra para sepultar dicho proyecto la puso el propio presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, quien dijo que no se puede respaldar la iniciativa, por dos razones.
Primero, porque el principio de equilibrio financiero “ya vincula a toda la administración pública, por lo que es una reforma innecesaria”. En segundo lugar, puntualizó que, de hacerse la modificación, podría eliminarse sin justificación el deber de planificación presupuestaria plurianual, introducido hace pocos años en la Constitución.
“Votaré negativamente el proyecto de reforma, aunque reconozco el espíritu y comparto la motivación de sus proponentes”, dijo el jerarca.
A su criterio se unieron, primero, Andrea Álvarez Marín, Danny Vargas y luego Rosaura Méndez, Montserrat Ruiz, Óscar Izquierdo y Paulina Ramírez, todos del PLN.
Igualmente justificaron su voto en contra Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, sobre todo por la defensa del financiamiento de las universidades públicas.
Álvarez Marín enfatizó, por ejemplo, que le preocupa ese poder que se le daba al ente contralor, auxiliar de la Asamblea, de dar permiso a los diputados sobre la creación de instituciones.
“Creo conveniente hacer honor a las autonomías consagradas en la Constitución Política y defenderlas como corresponde, con un voto negativo, ante esta pretensión contraria a la historia de nuestro país. Yo le debo lo que soy a un Estado social de derecho que me permite estar aquí hoy”, dijo Ariel Robles.
Jonathan Acuña apuntó que la iniciativa tendría “efectos gravísimos” sobre la institucionalidad y pondría en peligro la estabilidad de las instituciones en el país; agregó que la redacción también generaba peligros para la “autonomía de la función electoral, resguardada por la ley” y que eso pondría en peligro la democracia misma.
También alegó que no hay sustento suficiente en los cinco párrafos de la justificación de un proyecto con tales problemas para la institucionalidad del país y dijo que ninguno sopesa la importancia de las autonomías.