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Mientras usuarios de celulares en ciudades de China, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita prueban las velocidades de hasta 10 gigabits por segundo que caracterizan a las redes 5.5G, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) acumula cuatro años en sus intentos por desplegar su red 5G a nivel masivo y nacional.
La aspiración de dotar a Costa Rica de servicios de quinta generación (5G) fue una de las primeras promesas del presidente Rodrigo Chaves al asumir el poder, en mayo del 2022.
Aunque se concretó la subasta de frecuencias necesarias para el despliegue de esta tecnología y han existido avances entre los operadores privados del país, en forma reciente el ICE debió postergar, para finales de marzo del 2026, la adjudicación de la infraestructura necesaria para encender su red 5G.
Así lo decidió luego de verse obligado a solicitar múltiples correcciones a las empresas concursantes, según consta en el expediente 2025XE-000492-0000400001 del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
En el tiempo que el Instituto sortea obstáculos y sus abonados esperan con paciencia, el mundo ya empieza a superar las ventajas en velocidad y latencia (tiempo de espera) de la quinta generación que fue desplegada por primera vez para uso masivo y comercial en Corea del Sur en 2019.
Actualmente, varios países ya tienen activas redes 5.5G, una evolución de los estándares básicos de la 5G, pero con mejoras significativas en velocidad, latencia, estabilidad y eficiencia. Al mismo tiempo, líderes mundiales en telecomunicaciones como Estados Unidos, China, Corea del Sur y Japón cuentan con programas nacionales para el desarrollo de 6G.
Asimetría competitiva
El estancamiento del ICE contrasta con el ritmo de avance de sus competidores privados en el país.
Por años, el operador estatal mantuvo bajo su control las frecuencias más valiosas para 5G —en las bandas de 2,6 GHz y 3,5 GHz—, pese a las reiteradas advertencias del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) sobre su subutilización.
Las operadoras privadas Liberty y Claro optaron por no esperar la liberación completa de las bandas idóneas y lanzaron servicios comerciales de 5G durante el primer semestre del 2025.
Según publicaciones de este diario, el despliegue se realizó incluso sin contar con todo el espectro óptimo, mediante el refarming (reutilización) de frecuencias previamente concesionadas para 4G.
El punto de inflexión ocurrió el 23 de enero del 2025, cuando finalmente se formalizó una subasta del espectro.
En ese proceso, Claro y Liberty no solo aseguraron los bloques de frecuencia más adecuados, sino que aceptaron obligaciones de cobertura social, incluyendo el despliegue de 5G en distritos rurales y zonas costeras históricamente rezagadas, evitando que la tecnología se concentrara únicamente en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Cada compañía se comprometió a cancelar $16,2 millones por las frecuencias e instalar un mínimo de 1.552 torres de transmisión en los próximos cinco años, para un total de 3.104 radiobases entre ambas.
Rastro documental del retraso en Sicop
Entretanto los proveedores privados avanzan con sus compromisos para desarrollar su servicio 5G, la licitación pública del ICE para la Adquisición de Bienes y Servicios para la Implementación de Redes Móviles de Última Generación acumula un rezago administrativo.
De acuerdo con el expediente 2025XE-000492-0000400001 en Sicop, el proceso de compra inició el 28 de julio del 2025 y tenía como fecha máxima de adjudicación el pasado 17 de febrero del 2026.
Sin embargo, los plazos se agotaron ante la complejidad técnica del concurso.
Un documento incorporado al expediente, el 10 de febrero de 2026, revela que los administradores del contrato solicitaron una prórroga urgente, luego de emitir 41 solicitudes de subsanación para verificar el cumplimiento técnico y legal de los requisitos, incluyendo la justificación de diferencias en los precios ofertados.
Tres días después, el 13 de febrero, la Dirección respectiva emitió el oficio 5201-103-2026, mediante el cual aprobó la prórroga con base en la Ley General de Contratación Pública.
La nueva fecha de adjudicación quedó fijada para el 24 de marzo del 2026, con un margen legal que permite extenderla hasta el 31 de marzo.
El tiempo adicional solicitado responde a la necesidad de cumplir con el debido proceso. Según las reglas del concurso, el ICE debe completar varias etapas obligatorias antes de emitir el acto de adjudicación final:
- Estudio técnico de las ofertas, para verificar el cumplimiento de los requerimientos.
- Recomendación de ofertas elegibles.
- Etapa de mejora de precios.
- Recomendación de adjudicación.
- Acto final de adjudicación en firme.
Decretos, Huawei y el costo del atraso
El retraso actual del ICE se suma a obstáculos políticos e institucionales registrados desde agosto del 2023, cuando el Poder Ejecutivo promulgó el Decreto N.º 44.196-MSP-MICITT.
Dicho reglamento de ciberseguridad excluyó a proveedores con sedes en países no firmantes del Convenio de Budapest, marginando en el papel a la empresa china Huawei.
No obstante, los registros actuales del Sicop evidencian una aparente contradicción: Huawei sí presentó ofertas formales y mantiene vigentes sus garantías de participación hasta el 22 de mayo del 2026 dentro de la licitación del ICE, revela Sicop.
Esta situación obedece a un prolongado pulso judicial.
Tras la publicación del decreto, el Frente Interno de Trabajadores del ICE (FIT-ICE) acudió al Tribunal Contencioso Administrativo y obtuvo una medida cautelar provisionalísima que suspendió temporalmente la aplicación del reglamento de ciberseguridad.
La resolución mantuvo congelado el decreto más de un año, lapso en el cual Huawei, amparada en los principios de libre competencia, logró ingresar formalmente sus ofertas técnicas y económicas en el Sicop.
El escenario judicial, sin embargo, terminó por inclinarse a favor del actual gobierno en el 2025.
El 26 de febrero de ese año, el Tribunal Contencioso Administrativo rechazó por el fondo la medida cautelar solicitada por el sindicato —así como otra acción independiente presentada por la propia Huawei— y levantó la suspensión que frenaba el decreto.
En esa resolución, los jueces señalaron que el sindicato parecía “abogar exclusivamente a favor de un proveedor específico, Huawei”.
Luego, el 11 de setiembre del 2025, el mismo tribunal declaró sin lugar la apelación interpuesta por el FIT-ICE, dejando el reglamento del Ejecutivo plenamente en firme.
Con la normativa de ciberseguridad de nuevo activa, la participación de la empresa asiática quedó en una encrucijada administrativa.
Aunque Huawei compite en el concurso con precios en el grupo de red de acceso (RAN) y núcleo junto a proveedores como Samsung, Ericsson y Nokia, y en el segmento de transporte de datos (backhaul) frente a firmas como Cisco y Juniper, su oferta enfrenta un obstáculo legal determinante.
Al reactivarse el decreto de ciberseguridad, la propuesta de la compañía china estaría destinada a chocar con la normativa vigente durante el “Estudio de recomendación de ofertas elegibles” —parte de las etapas incluidas en la prórroga reciente del ICE—, ya que el reglamento obliga a descalificar a proveedores que no cumplan con el requisito de origen establecido en el Convenio de Budapest.
Este escenario abre la puerta a eventuales apelaciones que podrían extender aún más un proceso de adjudicación ya marcado por retrasos.
