La respuesta de la Sala Constitucional a las consultas planteadas por diputados sobre el proyecto de reestructuración de Japdeva, le da vía libre a la institución para despedir con responsabilidad a la mayoría de los empleados, pues estos se encuentran bajo el “régimen de derecho común”.

Advierte, sin embargo la Sala, que en el caso de los trabajadores bajo el régimen de servicio público de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se requerirán estudios técnicos que fundamenten esos despidos. Bajo este régimen se encuentran, principalmente, los empleados de clase gerencial.

“En este sentido, estima la Sala que si bien los estudios técnicos determinarán cuál ha de ser la estructura futura de acuerdo al modelo de negocios y el plan de reorganización institucional, en conjunto con el plan estratégico y los nuevos estudios técnicos, para que la disposición no sea inconstitucional por sus efectos, en el caso de los servidores públicos y la estructura adminsitrativa, operativa y financiera que se adopte, tiene que existir una conexidad absoluta entre ambos de tal forma que demuestren que obedecen a necesidades reales, debidamente probadas a fin de evitar abusos” , dicen los magistrados.

Muy distinto es el caso de los servidores sometidos al régimen de derecho común, para los cuales no se requieren estudios técnicos que fundamenten el cese de labores.

Según la Sala, estos “podrán ser despedidos con responsabilidad patronal con el pago total de sus prestaciones legales conforme lo dispuesto en la legislación laboral, si no quisieron acogerse voluntariamente a ninguna de las modalidades de traslado horizontal, incentivos o prejubilación establecidos en la ley", que son las opciones que ofrece el plan de reestructuración.

Asimismo, advierte que "sin responsabilidad patronal únicamente podrá despedirse a quien incurra en una falta grave, conforme lo establecen las reglas del derecho común”.

Japdeva requiere desprenderse del 80% de su planilla, con la idea de encarar la crisis financiera que arrastra y buscar nuevos negocios que la mantengan a flote.

Esta reestructuración es urgente luego de que la empresa portuaria perdiera el 79% de la carga que manejaba ante la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), de la concesionaria APM Terminals.

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Precisamente, para atender esa urgencia es que se elaboró el proyecto de reestructuración, que abrió la posibilidad de que los trabajadore sse trasladan otra institución pública sin perder su plaza en el Estado; acepten el despido con un bono extra de hasta ocho salarios, además de sus prestaciones; o se acojan a un régimen de prejubilación, en el caso de empleados mayores de 55 años.

Este plan fue aprobado en primer debate el 28 de agosto con 38 votos a favor y 12 en contra.

Luego de ese primer aval, un grupo de diputados planteó ante la Sala Constitucional una consulta, cuya respuesta se conoció parcialmente el 25 de setiembre. Según esta, no se encontraron vicios de inconstitucionalidad en los dos puntos consultados por los legisladores.

El primero planteaba si el mes de plazo para que los trabajadores eligieran la forma cómo saldrían de Japdeva era o no inconstitucional, pues luego de ese tiempo, la entidad podía proceder con el cese de personal que considerara necesario para su equilibrio financiero.

Precisamente, sobre este aspecto, es que la Sala hace la aclaración de la necesidad de estudios técnicos solo para separar a los funcionarios bajo régimen de servicio público y no para la mayoría de los empleados.

Sobre autonomía

La otra consulta se relacionaba con la posibilidad de que el proyecto constituyera una violación a la autonomía de la entidad portuaria.

En este aspecto, los magistrados recurrieron a la jurisprudencia en la materia para reiterar enfáticamente que este tipo de instituciones, como Japdeva, tienen autonomía administrativa pero “están sujetas a la ley de Gobierno”.

Así, amparados en la sentencia 835 de 1998, los magistrados reiteraron que "se estaría entendiendo mal el alcance de la autonomía administrativa si se creyese que ella equivale a la ausencia de toda posibilidad de control externo, como si las entidades descentralizadas fuesen islas regidas por un autogobierno soberano; un Estado dentro de otro".

Para los magistrados, "es constitucionalmente posible" someter a las entidades autónomas a los criterios de planificación nacional y someterlas a directrices dictadas desde el Poder Ejecutivo o de órganos de la Administración Central llamados a fiscalizar la política de acción.

En el caso en estudio, la fiscalización le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector nacional en materia portuaria.

El Tribunal también consideró los giros de más fondos públicos a Japdeva para sostener la planilla, ante la crisis de la entidad portuaria limonense.

"En el caso en análisis, no solo está en riesgo la sostenibilidad de los fines encomendados a Japdeva en su ley de creación, esenciales para el desarrollo de Limón, sino además de los fondos públicos que el Gobierno Central tiene que dedicar de los impuestos de los ciudadanos para cumplir con las obligaciones de pago de los salarios del ente", menciona el voto.

La consulta fue planteada por los diputados José María Villalta, Eduardo Cruickshank, Carlos Avendaño, Geovanni Gómez, Xiomara Rodríguez, Mileidy Alvarado, Melvin Núñez, David Gourzong, Harllan Hoepelman, Ignacio Alpízar, Marolin Azofeifa, Patricia Villegas, Walter Muñoz y Carmen Chan, alegaba que en uno de los transitorios del proyecto se establece que una vez pasado el mes de tiempo, la institución quedaría obligada a iniciar la ejecución del cese del personal necesario para llegar a su punto de equilibrio financiero.

Mientras la Sala respondía, los legisladores aprobaron otro proyecto para dotar a Japdeva de ¢17.900 millones que serían destinados para aplicar otra iniciativa de ley para su reestructuración. En julio pasado, ya habían aprobado un presupuesto extraordinario por ¢5.753 millones para asegurar salarios por tres meses.

La entidad portuaria de Limón acumula pérdidas desde hace cinco años, sin embargo la entrada en operaciones de la TCM, incrementó la crisis financiera.

Desde 2011, cuando el país firmó el contrato para la construcción de esa nueva terminal, se había advertido de que Japdeva tenía que desprenderse de unos 900 trabajadores y buscar otros negocios para sobrevivir. No obstante, ninguna decisión se tomó durante los últimos gobiernos.

La tarde de este jueves, luego de conocer la respuesta integral de los magistrados, el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, informó de que a partir de las 9:15 a. m. del lunes el plenario legislativo sesionará para iniciar la discusión en segundo debate del proyecto de ley de reestructuración de Japdeva.

Nota del editor: Esta nota fue modificada luego de aclaraciones de la Sala Constitucional sobre su respuesta a la consulta de los diputados.

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