La falta de controles en proyectos nuevos y de conservación por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) representa un riesgo no solo para la inversión que se realiza en infraestructura pública, sino para los conductores que transitan por las rutas nacionales.
Así lo confirmaron ingenieros del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) durante su comparecencia, la noche de este martes, ante la comisión especial que investiga supuestos hechos de corrupción en obras viales, señalados en el Caso Cochinilla.
En su exposición inicial, la ingeniera Wendy Sequeira, coordinadora de la Unidad de Auditoría Técnica de ese laboratorio, detalló 10 de los 23 casos recopilados en un informe que fue entregado a los legisladores que integran dicho foro, la semana pasada.
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En ese recuento, la ingeniera resumió algunas de las prácticas evidenciadas y que fueron criticadas por los diputados; por ejemplo, encarecer mezcla asfáltica sin que el resultado final fuera una mejor calidad; reemplazar el 70% de las losas en los arreglos a la Florencio del Castillo, cuando lo planeado era sustituir menos del 40%, y no atender eficientemente los deterioros prematuros que fueron advertidos en la llamada Ruta de la Leche, en Guanacaste.
Sequeira también afirmó, en una seguidilla de preguntas realizadas por el diputado independiente Jonathan Prendas, que la falta de controles por parte de la Administración no solo es grave, sino frecuente y riesgosa.
”¿Pone en riesgo las finanzas públicas la falta de controles?”.
”Definitivamente. Hemos detectado muchos casos en que la inversión no es eficiente y eso va a afectar las finanzas públicas”, respondió Sequeira.
”¿La deficiencia en la calidad puede poner o ha podido poner en riesgo la vida o la integridad física de los usuarios de esas carreteras?”.
“En algunas ocasiones sí, porque se generan deterioros prematuros. No se ha puesto atención en la parte de seguridad de las vías; muchas veces se sacrifican recursos destinados a la seguridad vial por invertir en mezcla asfáltica, por ejemplo”, afirmó la coordinadora del Lanamme.
A modo de ejemplo, la ingeniera citó el caso de la Ruta de la Leche, donde, según explicó, se detectó una alta resistencia al deslizamiento, lo cual propicia derrapes que pueden ocasionar accidentes.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, consultó sobre cuáles eran las respuestas o “excusas” que recibían de parte de la Administración para no atender los señalamientos emitidos en cada uno de los informes.
Según detallaron los funcionarios, las respuestas son variadas y en muchos casos hasta nulas.
Luis Diego Herra, auditor del Lanamme, citó que, por ejemplo, en el caso de la Florencio del Castillo, se le pidió al Conavi aclarar por qué se arrancó sin diseños, y a la vez solicitaron a la Auditoría de ese consejo dar seguimiento.
La respuesta, afirmó, fue que dicha intervención era vista como una solución transitoria, pues estaban en camino los estudios para la concesión de la vía entre San José y Cartago, por lo que no requería de tanta rigurosidad.
Cambios en contratos
Otro de los temas señalados durante la audiencia de este martes fue la frecuencia con la que se incluyen órdenes de modificación a los contratos de conservación, para añadir cantidades o cambiar actividades, incluso en proyectos recién iniciados.
Según Sequeira, en uno de los informes detectaron que las cantidades que más suelen elevarse en los contratos son las relacionadas con mezcla asfáltica, porque es de los ítems más costosos.
Según dijo, hallaron que cuando las licitaciones se inician, se hacen recuentos de necesidades, que están “muy lejos” de lo que se requiere, por lo que queda a criterio de las ingenierías de proyecto lo que finalmente se realiza.
En muchos casos, advirtió, es común que se sacrifiquen asuntos de seguridad vial, como señalización o demarcación, para invertir más en mezcla o pavimento.
La respuesta que recibieron de parte del Conavi sobre estos casos es que había un desfase entre el momento en que se hace el recuento de cantidades al hacer la licitación y cuando se adjudica el proyecto, por lo que el Lanamme recomienda que se haga una actualización antes de firmar el contrato.
La audiencia de este martes se suma a una serie de intervenciones en las que han participado funcionarios del Conavi, del Ministerio de Hacienda, auditores, exasesores e, incluso, algunas de las personas investigadas dentro del caso judicial.
Los diputados acordaron llamar a comparecer para la próxima semana al ingeniero Mauricio Sojo, quien también figura en la lista de encausados del expediente penal.