Hacienda denuncia penalmente a funcionarios vinculados a Caso Cochinilla

Villegas relató que, a raíz de los hechos denunciados en el expediente judicial de ese caso, se solicitó a la Auditoría interna realizar un estudio que concluyó con la apertura de una serie de procedimientos administrativos en contra de dichos trabajadores del Ministerio y una denuncia penal.

Así lo detalló en respuesta a consultas del diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en relación a las supuestas gestiones que se habrían hecho desde ese departamento para agilizar pagos que habrían terminado favoreciendo a la empresa MECO, según consta en el expediente judicial del caso.

Villalta le consultó si la Auditoría había encontrado efectivamente irregularidades en el manejo de esos pagos. El jerarca respondió, sin brindar detalles, que “se encontró que había elementos suficientes que hacían necesario llevar adelante procesos administrativos y a su vez una denuncia penal”.

El expediente del Caso Cochinilla indica que un empleado de apellido Zamora habría recibido, supuestamente, dádivas a cambio de acelerar los giros de recursos.

Villegas consideró “improcedente” que cualquier persona, incluidos el presidente de la República o sus asesores realicen llamadas o gestiones para agilizar pagos porque se trata de una labor técnica.

No obstante, se abstuvo de calificar las supuestas actuaciones de Camilo Saldarriaga, exasesor del mandatario Carlos Alvarado, quien figura entre los investigados del Caso Cochinilla. Él se encargaba de atender temas relacionados con infraestructura y hacienda pública dentro de Casa Presidencial.

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Embargo a MECO y relación con Mélida Solís

Como parte de la sesión de este jueves, la diputada de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez consultó al ministro de Hacienda sobre la evasión fiscal de parte de las empresas que figuran en el expediente y las acciones que desde su cartera se han tomado para contrarrestar dicha práctica.

Villegas confirmó que las empresas involucradas en el caso son consideradas grandes contribuyentes, por lo que a raíz de la investigación, Tributación llevó adelante procesos de embargo preventivo, que en el caso de MECO ya fueron concedidos.

Según indicó, lo que se buscaba era evitar que se diera una salida de maquinaria importante por parte de las constructoras.

Los diputados también cuestionaron a Villegas sobre su relación con Mélida Solís, dueña de la constructora H Solis, pues en el expediente judicial figura una escucha telefónica en la cual la empresaria afirma que llamaría al jerarca para consultarle sobre la disponibilidad de recursos pues este anteriormente había sido abogado de la familia.

El ministro confirmó que prestó servicios a la empresa H Solís por 10 años en dos periodos, pero señaló que desde que funge como superior de Hacienda no se ha reunido ni ha hablado por teléfono con la empresaria ni otro representante de esa empresa.

“Mientras he sido ministro de Hacienda no me he sentado con doña Mélida, no he conversado con ella personalmente, no he conversado con ella por teléfono, ni he tenido ningún tipo de comunicación con ella”, sostuvo.

Villalta también le preguntó si como parte de los servicios profesionales que prestó a la familia Solís, tuvo conocimiento de las contribuciones que esa empresa habría realizado al Partido Acción Ciudadana (PAC). Villegas negó estar enterado de ese tema, pero confirmó que sí conocía de que Hernán Solís (fundador de H Solís), compró bonos de deuda política a favor del PAC.

En otro de los puntos abordados durante la comparecencia, el ministro aseveró que nunca estuvo a favor de la moción por ¢22.500 millones, aprobada a mediados del año pasado en el Congreso, para restablecer fondos al Conavi y que habrían sido usados para pagar facturas a H Solís.

Villegas alegó que ese tema “no iba en consonancia” con los planes de reducción del gasto público y que por tanto no dieron el visto bueno. Debido a ello, no considera que fueran “cómplices” ni que tampoco fueran usados, para esos fines (favorecer a constructoras).

Según el OIJ, luego del recorte presupuestario que enfrentó el Conavi el año pasado a causa de la pandemia, Mélida Solís ejerció presión para lograr que se aprobara la moción que habría sido redactada por el exgerente de adquisiciones del Consejo, Carlos Solís Murillo, con la que se devolverían recursos al Conavi para ser utilizados en conservación de carreteras a través de un presupuesto extraordinario.

El interés de la empresaria sobre esos fondos, estiman los investigadores, se debía a que su constructora tenía buena parte de los contratos de obra vial financiados por el Consejo.

La comisión investigadora tiene previsto finalizar esta primera ronda de comparecencias el próximo jueves con la interpelación al ministro de Obras Públicas Rodolfo Méndez Mata.

El plan de los integrantes del foro es emitir un informe y luego iniciar una nueva fase de indagaciones, esta vez asociadas al Caso Diamante, el trascendió esta semana tras una serie de allanamientos en municipios y empresas relacionadas con obras cantonales.