Empresas ligadas a Caso Cochinilla excluidas de concurso para dar mantenimiento a vías

De acuerdo con los documentos incluidos en los carteles, que ya se encuentran en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), entre los requisitos para participar en esas contrataciones, se indica: " Solo serán elegibles aquellas ofertas que provengan de una persona jurídica o física que no enfrente imputaciones formales en un proceso judicial en el que se investigan supuestos actos de corrupción en la ejecución de contratos de obra pública, que contemplen actividades de mantenimiento rutinario y periódico de conservación vial en la red vial (nacional y cantonal), sea esta con superficie pavimentada, en lastre o tierra”.

Además, añaden que ese requerimiento de elegibilidad también le aplica a eventuales subcontratistas ofrecidos dentro de la oferta presentada.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) justificó esa cláusula en la necesidad de atender las rutas nacionales de manera inmediata, por lo que estiman que la condición jurídica de eventuales oferentes imputados en casos de supuestos actos de corrupción en obra pública representa un “en alto riesgo” para el cumplimiento de contratación, siendo que los procesos judiciales podrían establecer medidas cautelares que eventualmente afectarían la capacidad de ejecución de los oferentes o contratistas.

Ese requisito deja por fuera a las empresas MECO y H Solís, que hasta el año pasado mantenían más del 90% de los contratos de conservación de toda la red vial y que figuran en el expediente judicial como responsables de ofrecer dádivas de todo tipo a funcionarios del Conavi para lograr favorecimiento en actos de contratación y pagos de facturas.

Precisamente, luego de que se publicaran los primeros carteles, MECO reaccionó mediante una nota de prensa, en la que afirmaban que estaban en “total capacidad” de asumir contratos de mantenimiento para atender la red vial, al tiempo que afirman que actualmente sobre la empresa no recae ninguna medida cautelar que les impida participar en licitaciones públicas.

Días atrás, la directora del Conavi, Hannia Rosales, dijo a La Nación, que la idea es que estos nuevos contratos sean asumidos por empresas más pequeñas y que se daría prioridad a constructoras locales, para atender cada una de las 22 zonas de conservación en las que se divide el país.

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En total, el Conavi pretende adjudicar en las próximas semanas 154 contratos mediante siete paquetes de tareas en las que se incluyen: bacheo, chapea, limpieza de vía, señalamiento, sellado de grietas, corta de árboles y sellado de grietas.

Cada uno de los convenios se firmará por seis meses y por un monto de ¢152 millones, por lo que, según la directora del Conavi, no requerirían aprobación de la Contraloría General de la República.

El mantenimiento de la red vial pavimentada se encuentra prácticamente paralizado desde febrero de este año, cuando vencieron los últimos contratos, que estaban vigentes desde el 2016.

Al atraso en la aprobación de nuevos acuerdos, se sumó a mediados de año el escándalo por corrupción del Caso Cochinilla, tras el cual se tomó la decisión de excluir a las firmas vinculadas en esa investigación.

Dicha pesquisa también ocasionó la demora en la aprobación de un presupuesto extraordinario, del cual el Conavi dependía para echar a andar nuevas contrataciones, pues no contaba con fondos para pagar a las empresas encargadas de la supervisión.

Tras todo este tiempo, las rutas nacionales, casi en abandono, muestran importantes deterioros que a criterio de expertos representan alta peligrosidad para los conductores, pues se encuentran llenas de baches, huecos de todo tamaño, zacate que afecta la visibilidad y señalización deteriorada o inexistente, entre otras cosas.