Agencia de Naciones Unidas evade dar cuentas por construcción de paso a desnivel en Garantías Sociales

La respuesta de la Contraloría fue contundente: tal argumento no es de recibo, pues, le dice, están de por medio fondos públicos, como los que se usaron para pagar esta obra, la cual se inauguró en 2020 para descongestionar el tránsito en la Circunvalación de San José. Por ello, le dio cinco días para entregar la información sobre el proceso de contratación y construcción. El plazo vence el viernes 16 de setiembre.

Sin embargo, la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) demandó la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores para que “haga valer” ante la Contraloría su derecho de “privilegios y inmunidades” que le da ser una agencia adscrita a la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La Contraloría no especifica aún qué tipo de investigación tiene en marcha. No obstante, el paso a desnivel figura dentro del expediente judicial del Caso Cochinilla, pues, supuestamente, fue entregado con múltiples defectos que habrían sido encubiertos por la empresa constructora MECO y la supervisora, con la presunta ayuda de funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y sobornos a laboratorios de materiales.

Lo que demanda la Contraloría a UNOPS es dar documentos base del contrato y las variaciones que se hicieron. Además, requiere información sobre el control de calidad que se aplicó en la construcción, las modificaciones que se hicieron a diseños y materiales y pormenores de las evaluaciones una vez concluido el proyecto.

La llamada de atención la comunicó el 8 de setiembre mediante el oficio No.14340, dirigido al director de UNOPS en el país, Alejandro Rossi, así como al canciller Arnoldo André Tinoco y a los miembros del Consejo de Administración del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el cual contrató a la agencia internacional para administrar la obra.

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Solicitudes reiteradas

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La Contraloría advierte que desde el 2 de marzo le solicitó a UNOPS información relativa a esa obra. Sin embargo, mediante una nota el 9 de marzo, UNOPS no solo rehusó entregar la información, alegando “privilegios e inmunidades”, sino que pidió la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“UNOPS se encuentra amparada por los privilegios e inmunidades arriba descritos, incluyendo la inmunidad de proceso legal. Adicionalmente, en el caso que nos ocupa también es relevante el principio de auditoría única aplicable a la ONU. Conforme a dicho principio, la auditoría externa de las actividades de UNOPS debe ser practicada de forma exclusiva por los auditores externos de UNOPS. Solo los auditores externos, la Junta de Auditores de las Naciones Unidas (...) pueden practicar la auditoría externa de cualquier entidad o fondo de la ONU”, indica el documento.

Según esa nota, la agencia “está impedida” de participar en cualquier auditoría realizada por la Contraloría y condicionó su colaboración a que esta no sea interpretada como un proceso legal vinculante ni que se constituyera como una renuncia de sus “privilegios e inmunidades”.

Eso sí, UNOPS alegó que solo compartiría la misma información que haya sido entregada con anterioridad al Conavi, pues el resto “no puede ser divulgada”. La respuesta, sin embargo, no fue de recibo para el ente contralor.

“Sobre el particular, se debe señalar de forma respetuosa, pero enfática, que esta Contraloría General de la República no comparte los argumentos expuestos por la UNOPS”. De seguido, le recuerda que la negativa a entregar la información “vulnera y transgrede” la competencia que da la Constitución Política a la Contraloría para vigilar el uso del dinero público.

En respuesta a consultas de La Nación, el director de la oficina de la ONU, Alejandro Rossi, aseguró que remitirían “toda aclaración que sea pertinente, y que no hubiera sido ya remitida”, sin embargo, insistió en que la misma se haría conforme a los acuerdos vigentes.

“Desde UNOPS, ratificamos la voluntad de cooperar con las autoridades del país, a través de los canales y el alcance previsto en los acuerdos vigentes. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto es, por su naturaleza, el interlocutor primario de esa relación, mientras que nuestros asociados gubernamentales reciben periódicamente los informes correspondientes a la implementación de proyectos”, afirmó Rossi.

Reproche a Conavi

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Como parte de su señalamiento, la Contraloría también reclamó al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por haberle garantizado, al firmar el contrato, que la agencia se comprometía a ser transparente en las cuentas.

“El Conavi manifestó a esta Contraloría General que la selección de UNOPS como contratista se realizó considerando que dicho organismo internacional contaba con mecanismos formales para asegurar la transparencia en los procesos de adquisiciones. Además, manifestó en esa ocasión que el acuerdo suscrito con UNOPS permitiría que los recursos del Proyecto fuesen administrados de la manera más conveniente para el Estado costarricense. No se comprende cómo se puede lograr esto sin la garantía de un acceso a la información que se requiera para su comprobación”, cita el documento.

Por esta razón, la Contraloría demanda al Conavi y al Ministerio de Relaciones Exteriores que hagan valer los términos acordados en el contrato con UNOPS, en lo relacionado a transparencia, rendición de cuentas y suministro de la información.

Este diario también consultó la posición del Conavi y la Cancillería, sin embargo, mediante sus oficinas de prensa se indicó que darían trámite a la solicitud y al cierre de esta nota, no se tuvo respuesta.

La Contraloría deja claro que los “privilegios e inmunidades” en que se escuda UNOPS no se han irrespetado al exigirle cuentas, pues, desde antes la agencia debía conocer que es facultad de esta entidad ejercer control sobre los fondos públicos. Por ello, agrega, es “inaceptable” la negativa a dar información y aclara que en ningún momento se trata de una auditoría sobre la agencia internacional, sino de fiscalizar el uso que se le dio a esos $17,6 millones.

Según el ente contralor, pese a que UNOPS facilitó documentos, estos no corresponden en su totalidad a los requerimientos que hizo ese órgano, por lo que también refutó que fuera “una cortesía” tal como lo indicó la agencia internacional, pues la solicitud deriva de una fiscalización superior.

Esta no es la primera vez que UNOPS se escuda en sus privilegios para evadir la rendición de cuentas.

El año anterior, tras ser llamados a comparecer en la comisión legislativa que se creó para investigar el Caso Cochinilla, los representantes de esa oficina enviaron una carta a la Cancillería para que asegurara “que se respeten los privilegios e inmunidades” de los que goza dicha agencia. Finalmente, la Cancillería respaldó la negativa y anunció que fungiría como mediador para hacer llegar los documentos solicitados por los legisladores.

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UNOPS fue contratado en mayo del 2014, a finales de la Administración de Laura Chinchilla para que gestionara la construcción de puentes. Posteriormente, el Gobierno de Luis Guillermo Solís la promocionó como una opción para agilizar la construcción de carreteras y fue así como también se le encargaron los tres pasos a desnivel (Garantías Sociales, Guadalupe y La Bandera) y la radial Lindora (que no se ejecutó). Pese a las intenciones de esos gobiernos, los proyectos enfrentaron múltiples atrasos que también se tradujeron en incrementos en los costos.