La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción recaba documentación para determinar si investiga el manejo de la base de datos del bono Proteger, que contiene información sensible de 1,2 millones de personas solicitantes del subsidio estatal por la pandemia de coronavirus.

Según la oficina de prensa del Ministerio Público, esas gestiones se realizan bajo la misma causa por el posible delito de incumplimiento de deberes, debido a la supuesta filtración de hasta ¢15.000 millones en asignaciones de bonos a personas que presuntamente no calificaban para la ayuda.

“Este despacho solicitó a otras instancias ampliar los informes remitidos, por lo que, una vez que se cuente con todos esos datos, se valorará este aspecto que menciona en su consulta y, posteriormente, se procederá según corresponda”, señaló la oficina de prensa ante consultas de La Nación.

La investigación abierta en enero, por la supuesta filtración de recursos públicos, se sigue bajo el expediente 21-000009-1218-PE y está en etapa de recolección y análisis de prueba. De momento, el procedimiento avanza contra ignorado, es decir, aún no hay personas imputadas individualizadas.

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Información sensible

El pasado jueves 4 de marzo, durante una comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, la contralora general de la República, Marta Acosta, alertó de que una empresa privada tiene el control de la base de datos de la plataforma Proteger.

Se trata de Continum Data Center, empresa costarricense que donó la plataforma digital, para que las personas afectadas económicamente por la pandemia de covid-19 pudieran solicitar el auxilio estatal sin tener necesidad de realizar trámites presenciales.

La compañía especializada en almacenamiento de datos, radicada en Cañas, Guanacaste, aseguró que la información sensible fue resguardada “con altísima calidad” y que solo dos colaboradores han tenido acceso a dicha base, entre ellos, el presidente de la organización, Adrián Lachner.

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Según advirtió el órgano contralor, “la potestad de asignar los roles y de administrar dicha base de datos no está bajo el control de ese Ministerio”, como lo establecía el decreto de Creación del Programa Proteger, sino que esos derechos los tenía la empresa donante.

Esa misma normativa señala que Continum Data Center, como empresa donante del sistema digital, se encargaría de almacenar la base de datos. No obstante, recalca que sería la Dirección Nacional de Empleo del Ministerio, la encargada de administrar la información.

De acuerdo con declaraciones de la contralora, la situación no se ha manejado de esa manera. Lo dijo al término de su comparecencia en la Asamblea Legislativa.

“El decreto de bono Proteger establece que la base de datos debe ser administrada por el Ministerio de Trabajo; sin embargo, la Contraloría tiene conocimiento de que eso no está siendo así, sino que más bien el Ministerio no la está administrando”, afirmó la funcionaria.

La empresa alegó que Trabajo siempre tuvo acceso total y constante a la base de datos.

“La información fue revisada en conjunto y se demostraba ante la Contraloría que la información estaba presente, siempre que nos lo solicitaba, así también se demostraba que Continum guardaba las bitácoras responsablemente con la seguridad bancaria respectiva”, aseguró la compañía.

Esta firma especializada en almacenamiento de datos aseguró trabajar a diario con clientes nacionales e internacionales en el resguardo de información sensible.

No obstante, el órgano contralor ordenó al Ministerio trasladar la base de datos y resguardar la información sensible a más tardar el 17 de marzo. Tanto el Ministerio como la empresa donante de la plataforma confirmaron que ese proceso ya comenzó.

Según el decreto, el traslado de la base de datos debía ejecutarse cuando se asignaran todos los recursos disponibles del programa social para atender las necesidades de los asalariados afectados económicamente por la emergencia sanitaria.

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De acuerdo con Continum Data Center, ese proceso no se había hecho antes porque todavía había disponibilidad de recursos para asignar los últimos bonos.

“Nos lo han solicitado y se ha iniciado el proceso en octubre del año 2020, sin embargo, esta migración no se ejecutó con el fin de asegurar que todos los bonos fueran entregados y que finalizaran las operaciones en dicha plataforma, lo cual se presentó en el mes de diciembre del año 2020″, señaló la empresa.