Los actos de corrupción fueron el año pasado, el segundo motivo por el cual las instituciones del Gobierno Central solicitaron el despido de trabajadores, ante la Dirección General de Servicio Civil.
Esta fue la causal de 61 de las 199 solicitudes de despido contra malos empleados públicos. Entre las otras razones están ausentismo, agresiones, acoso sexual y extravío de expedientes.
A pesar de la gravedad que pueda implicar actos de corrupción, se sigue el mismo procedimiento en todos los casos.
El 60% de las solicitudes terminaron con el despido del funcionario, mientras que un 20% de las gestiones fue desestimado. Todavía hay 38 trámites pendientes de resolución.
En apelación
Una de esas gestiones pendientes corresponde al procedimiento contra el trabajador de la Imprenta Nacional de apellidos Fernández Esquivel, captado en video cuando lanzaba un objeto contra el vehículo que transportaba al presidente Carlos Alvarado.
[Sindicalista que agredió a Presidente pelea contra el despido: alega que su caso prescribió]Edit Info
El hecho se presentó el 3 de octubre, en plena huelga contra la reforma fiscal, cuando el mandatario salía del Teatro Nacional. Ahí, decenas de manifestantes protestaban contra el plan de impuestos, y al notar la presencia de Alvarado, se acercaron a increparlo, insultarlo y hasta agredirlo.
La defensa del funcionario atrasó la gestión al presentar una apelación en la que alega que la causa administrativa prescribió. Este reclamo lo debe resolver el Tribunal de Servicio Civil para continuar con el proceso. Si acepta la apelación, el funcionario no recibirá ningún correctivo disciplinario.
Pedidos del MEP
Desde el despacho del ministro de Educación, Edgar Mora, se presentó la mayor cantidad de gestiones de despido ante la Dirección General de Servicio Civil, con un total de 118 procedimientos, algunos de ellos fueron enviados por la exministra Sonia Marta Mora, quien estuvo en el puesto hasta el 8 de mayo, antes del cambio de Gobierno.
En el caso de las 232 gestiones de despido contra los educadores que salieron del país durante la huelga, todavía no han llegado a la Dirección General de Servicio Civil, pues primero deben seguir un proceso interno de investigación en el MEP.
El Ministerio de Educación Pública ya cesó a 19 educadores interinos por esta falta, cuyo procedimiento de despido era más simple pues no contaban con plaza en la institución.