En un claro desafío al Gobierno, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó este viernes que buscará medidas legales para evadir la aplicación de la regla fiscal que impone topes al gasto de las instituciones públicas.

Mediante un comunicado, la entidad ratificó un acuerdo unánime, tomado el pasado jueves por su Junta Directiva, bajo el alegato de que ese límite al gasto afectaría la prestación de los servicios de salud.

“Hay una razón de ser de la posición de la Junta Directiva de que nosotros como institución no estamos sujetos a la regla fiscal, pero además tenemos que tomar en cuenta la necesidad de la población de ser atendida en todos los servicios que ofrece la Caja", afirmó Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución.

Por su parte, el Gobierno evitó tomar posición sobre decisión de la CCSS.

“El presidente ha sido claro respecto a la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas con todo el gabinete. Entendemos que la ley y también el voto de la Sala Constitucional y el proyecto de ley tiene algunas consideraciones y a partir de eso puede ser que existan algunas variaciones”, declaró el viceministro de la Presidencia, Juan Alfaro.

No obstante, al cuestionarle sobre la disposición del presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, de desplegar mecanismos jurídicos para evadir la regla, el viceministro declaró que “eso dependerá del desarrollo del voto (de la Sala Constitucional) en cuanto a la autonomía de la institución”

La regla fiscal es una herramienta introducida mediante la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que establece que las entidades no podrán aumentar su gasto más allá de un límite. El tope general será de un 4,67% de crecimiento en el 2020.

Para este año, el presupuesto de la CCSS es de ¢4,1 billones. Aplicando la regla fiscal, para el 2020 ese plan de gastos no podría superar los ¢4,3 billones.

No obstante, dicho tope no impediría a la institución aumentar sus inversiones en infraestructura ni equipamiento; únicamente restringe el aumento en rubros como salarios, pago de servicios y transferencias a otras entidades públicas.

El acuerdo de la CCSS se contrapone a reiterados llamados del presidente de la República, Carlos Alvarado, y el Ministerio de Hacienda para que todas las dependencias públicas apliquen la medidas incluidas en la reforma fiscal, como el tope al gasto.

Empresarios se desmarcan

Aunque la Junta Directiva de la CCSS anunció que tomará “las medidas necesarias” para librar a la institución de la regla fiscal, representantes del sector empresarial ante ese foro negaron este veirnes que esa fuera la intención del acuerdo.

“Lo único que se aprobó fue una solicitud de aclaración del dictamen de la Sala Constitucional sobre el tema. Eso es todo", aseguró Álvaro Salas, delegado de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) ante la Junta.

Un criterio de la Sala Constitucional, respaldado por la Procuraduría, establece que la regla fiscal no aplicaría en lo que respecta a los seguros de salud y de pensiones, aunque la entidad sí debe aplicarlo.

"Lo que queremos es saber exactamente qué significa que a los regímenes de seguro no se les aplica la regla fiscal, pero que a la Caja en su conjunto sí se le aplica la regla fiscal. Entonces no entendemos qué es eso”, manifestó Salas.

Sostuvo que el mensaje emitido este jueves por la Caja no recoge el sentido del acuerdo, al tiempo que reiteró que la posición de UCCAEP es que la regla fiscal se debe implementar en todo el sector público, como lo establece la ley.

“Lo que me interesa es lo que es importante para el país y para la Caja. Los técnicos de la gerencia financiera tienen que tener claras las reglas del juego con las cuales se va a construir el presupuesto para el año entrante”, manifestó Salas.

El acuerdo fue suscrito por el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, y los otros dos representantes del Estado, María de los Ángeles Solís y Fabiola Abarca. También firmaron José Luis Loría, de parte de los trabajadores, así como Álvaro Salas y Christian Steinvorth, de Uccaep.

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Otros frentes de oposición

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) también anunciaron medidas similares contra la regla fiscal en junio anterior, cuando las autoridades municipales acordaron interponer acciones de inconstitucionalidad contra el límite.

Al respecto, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y exalcalde de Alajuela por esa misma agrupación, Roberto Thompson, presentó un proyecto de ley para eximir a esas instituciones de los límites al presupuesto.

Los municipios aducen que ellos mismos recaudan sus impuestos, por lo que el Poder Ejecutivo no puede interferir en su plan de gastos, además de que frenaría la ampliación programas como policías municipales, entre otros.

El Poder Judicial y las universidades públicas también manifestaron objeciones a que se les limite sus gastos.

En el caso de la Corte Suprema, la Carta Magna establece que a ese poder le corresponde un 6% de los ingresos ordinarios del Gobierno Central; no obstante, según Hacienda, la regla fiscal sí aplica porque actualmente el presupuesto del Poder Judicial sobrepasa esa cifra.

Un caso similar es el de educación, al cual le corresponde 8% de la producto interno bruto (PIB), según la Constitución Política.

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Las instituciones de educación superior plantearon una demanda ante los tribunales contencioso-administrativos contra el reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que las incluye como entidades obligadas a hacer límites en tema salarial.

Sin embargo, según la interpretación de Hacienda, dentro del concepto de educación pública se incluye, además del Ministerio de Educación Pública y el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el presupuesto del Instituto Nacional de Aprendizaje, entre otras asignaciones, por lo que ya sobrepasaría el 8%.

Colaboraron Ángela Ávalos y Josué Bravo