Escuchar
La contaminación del suelo y la actividad delictiva son asuntos de todos los días en Crucitas de Cutris, en San Carlos, cantón de Alajuela.
Lo que iba a ser una extracción minera a gran escala, a cargo de la empresa canadiense Infinito Gold, terminó en un pleito legal en el Tribunal Contencioso Administrativo, el cual suspendió en el 2010 la tala masiva de árboles que ya había dejado listo el terreno para la minería.
Luego de que Infinito Gold abandonó la zona, el vacío fue aprovechado por coligalleros interesados en extraer de forma ilegal el oro mediante el uso de cianuro y mercurio, sustancias altamente tóxicas que contaminan la tierra y el agua, y afectan a las poblaciones locales.
A pesar de la constante presencia policial, que le cuesta cerca de $1 millón mensuales al Ministerio de Seguridad Pública, el problema lejos de apaciguarse, se ha incrementado.
En febrero pasado, el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó ante el plenario legislativo que el impacto de los coligalleros alcanzaba las 3.000 hectáreas, dejando su huella también en el cerro Conchudita, expansión que incluye la creación de túneles y piletas para extraer el oro, un sistema distinto al tradicional uso de tómbolas con cianuro y mercurio.
Largas discusiones políticas han ocurrido a lo largo de los años para solucionar el problema, y ahora parece que la iniciativa más cercana a convertirse en realidad es la del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO); sin embargo, hay otros proyectos en la corriente legislativa que pretenden poner fin al desorden.
La propuesta oficialista
El expediente 24.717, presentado en el 2024 por el gobierno de Rodrigo Chaves, busca crear un “régimen jurídico especial” solo para el distrito Cutris, sin derogar la prohibición vigente de la minería metálica a cielo abierto en el resto de Costa Rica.
De esta forma, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) identificaría potenciales concesionarios para explotar el terreno, “conforme a requisitos objetivos previamente establecidos por el reglamento, que incluyan experiencia técnica comprobada, cumplimiento ambiental y capacidad de inversión”.
Estos oferentes participarían en una subasta pública de minería a cielo abierto, que será adjudicada a quien ofrezca el mayor porcentaje de royalties, es decir, pagos al Estado a cambio de la concesión.
La empresa que gane la subasta se debe comprometer a no usar métodos con lixiviación abierta, que utiliza químicos como cianuro para extraer el oro.
Los ingresos para el Estado que genere la minería serían distribuidos de la siguiente forma:
- 72% para la Caja Única del Estado.
- 25% para la Municipalidad de San Carlos.
- 3% para las Asociaciones de Desarrollo Integral de este cantón.
Asimismo, de aprobarse el texto, se crearía la Comisión Mixta Consultiva de Fiscalización Minera (Comicofi), adscrita al Minae, responsable de “participar en el seguimiento, la fiscalización económica social y ambiental y el acompañamiento comunitario de la actividad minera metálica sostenible a cielo abierto en la zona”.
Este proyecto fue dictaminado en setiembre en la Comisión de Alajuela, y ahora avanzará con mayor fluidez con el respaldo de la fracción mayoritaria del PPSO.
El pasado martes, las bancadas opositoras presentaron dos mociones de posposición para estudiar el expediente, pero ambas fueron rechazadas por el oficialismo.
La oposición presentó cerca de 650 mociones, que serán discutidas y votadas en la Comisión de Ambiente, la cual quedará conformada a partir de la próxima semana.
El proyecto frenteamplista
El Frente Amplio presentó su propia propuesta en el 2024 por medio de la exdiputada Priscilla Vindas. Se trata del expediente 24.675, el cual pretende mantener la prohibición total a la minería a cielo abierto y crear el Polo de Desarrollo Sostenible de la Región Huetar Norte, encargado de restaurar las zonas afectadas por la minería ilegal e impulsar el desarrollo sostenible en las comunidades.
En esos terrenos se permitirían programas de extracción de madera caída, mientras sean ejecutados por grupos de las comunidades o cooperativas.
Asimismo, se autorizarían actividades de bajo impacto ambiental para comercializar la raicilla ipecacuana, una planta cultivada con fines medicinales y farmacéuticos.
En el área contaminada por mercurio, se propone que el Ministerio de Salud ejecute, directamente o a través de otras entidades, acciones para el saneamiento del agua y del suelo. El oro obtenido en estas labores pasaría al Banco Central y se utilizaría para financiar infraestructura pública básica y las operaciones del Polo de Desarrollo Sostenible.
La venta de tokens por el oro enterrado
Con respecto al oro existente en Crucitas, el proyecto propone que el Estado venda a inversionistas activos digitales, o tokens, respaldados por el valor del oro enterrado, el cual se deberá comprobar científicamente, sin necesidad de extraerlo.
Según el diputado del Frente Amplio, Edgardo Araya, quien lideró la batalla legal contra Infinito Gold, los activos digitales dejarían cinco veces más ganancias que lo que pretende el proyecto oficialista.
“Legalizar la destrucción y el robo, no va a solucionar los problemas de seguridad y salud en la zona. Es simplemente darle a una empresa para que haga el hueco más grande que los propios coligalleros”, manifestó al arremeter contra el expediente 24.717.
Los planes del PLN
La idea de los tokens es similar a la propuesta mencionada en campaña por el entonces candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos.
Diana Murillo, diputada verdiblanca, declaró a La Nación que su fracción explora la posibilidad de presentar un proyecto de ley para crear esta figura, o incluir un capítulo al respecto en el Código Minero.
Consultada sobre cómo un inversionista podría confiar en el valor de un activo respaldado por oro que no saldrá del suelo, Murillo señaló: “No es algo que estamos inventando nosotros, no es algo nuevo, estamos analizando lo que hace Brasil, Suiza, Estados Unidos, donde la tokenización es el día a día”.
Aseguró que en Brasil más de $3.600 millones fueron tokenizados sin necesidad de sacar los minerales del subsuelo.
“Es algo novedoso en nuestro país, yo lo entiendo perfectamente, eso podría causar algún tipo de desconfianza interna; en los inversionistas esto es común y genera confianza, tenemos que incluirlo en nuestra legislación”, añadió.
Consultado sobre esta propuesta, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, respondió que la tokenización funcionaría para el oro más difícil de extraer, pero que el material que se encuentra a un mayor nivel de concentración debe ser extraído “por mecanismos tradicionales”.
También, se encuentra en la corriente legislativa el expediente 25.426, del exdiputado liberacionista Pedro Rojas, el cual propone crear el Bono Verde Soberano Crucitas, para financiar la restauración ecológica del lugar.
Sin embargo, la fracción verdiblanca actual indicó, a través de su encargado de prensa, que aún no han estudiado este proyecto a profundidad.
