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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la falta de dirección estratégica del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, deriva en una gestión fragmentada y sin dirección en la política ambiental del país, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en esta materia.
El documento advierte que, de no corregirse la situación, Costa Rica también podría ver reducida su capacidad de gestión sostenible, lo que impactaría tanto la conservación de los ecosistemas como la confianza ciudadana en la administración pública.
El informe —titulado “Gobernanza en el Ministerio de Ambiente y Energía para la implementación de la política ambiental” y publicado este 13 de noviembre— concluye que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) incumple con el marco normativo y técnico aplicable para conducir la política ambiental, debido a vacíos de planificación, ausencia de coordinación interna y falta de controles efectivos de transparencia.
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“La gobernanza que ejerce el Ministro rector de los recursos naturales es fragmentada y carece de dirección, por cuanto no se cuenta con un enfoque integrador para la implementación de la política ambiental en el país. Además, no cumple con responsabilidades establecidas como el seguimiento de la política ambiental”, indica el documento.
La Nación envió consultas al funcionario sobre el tema. Al momento de esta publicación, seguía sin referirse.
Gestión sin dirección ni estrategia
Según la auditoría, el ministro Tattenbach no ha ejercido el liderazgo integrador que le corresponde como rector de los recursos naturales, pues no coordina ni alinea el accionar de las direcciones internas ni de los órganos desconcentrados del ministerio, como la Secretaría de Planificación Sectorial de Ambiente y Energía (Seplasa) y la Dirección de Planificación, los cuales operan con traslape de funciones y poca comunicación.
El documento señala que la gestión del jerarca ha sido pasiva, al delegar el seguimiento de la política ambiental en otras entidades como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y Hacienda, cuyos objetivos son distintos a los del MINAE.
Esta falta de conducción estratégica ha derivado en una ejecución desarticulada de los programas ambientales y en la ausencia de un plan institucional que guíe el cumplimiento de metas a mediano y largo plazo.
El informe detalla que la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2016-2025 —que contiene 98 metas— muestra atrasos significativos: doce sin avance y 22 con cumplimiento inferior al 60%.
Entre las más afectadas figuran la ampliación de áreas protegidas, la regularización del Patrimonio Natural del Estado y la reducción del uso de agroquímicos.
Además, el país no ha actualizado la información Ramsar sobre el estado de sus 12 humedales de importancia internacional, lo que impide conocer el impacto de actividades como tala ilegal, contaminación y construcciones irregulares en sitios como Gandoca-Manzanillo y Térraba-Sierpe.
La Contraloría advierte que la falta de estrategia y monitoreo ambiental puede conducir al deterioro progresivo de ecosistemas, con consecuencias directas sobre la biodiversidad, la calidad de vida y la economía nacional.
En 2024, al menos ¢22.100 millones (1,04% del PIB) provinieron de ingresos ligados a recursos naturales, una cifra que refleja la relevancia económica del manejo ambiental.
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Sin controles ni rendición de cuentas
El informe también resalta que el Minae carece de mecanismos propios de rendición de cuentas y transparencia, y no cuenta con un sistema integrado que permita dar seguimiento público a la ejecución de la política ambiental.
Las tareas de control recaen, en la práctica, sobre los órganos desconcentrados, lo que diluye la responsabilidad del ministerio. Además, la institución no ha designado un Contralor de Servicios ni un Oficial de Acceso a la Información, incumpliendo la normativa vigente.
A ello se suma la ausencia de un código de ética institucional, lo que, según la CGR, debilita la conducta pública y la probidad dentro del ministerio.
Ante estos hallazgos, la Contraloría dictó cinco órdenes de acatamiento obligatorio al ministro Tattenbach, entre ellas:
- Elaborar y oficializar un plan estratégico institucional.
- Diseñar e implementar un modelo de gobernanza ambiental con indicadores y metas.
- Establecer mecanismos de control y participación ciudadana para medir la satisfacción de las partes interesadas.
- Crear un código de ética institucional.
- Definir un mecanismo permanente para identificar y atender necesidades de recursos.
Los plazos para cumplir estas medidas van de febrero de 2026 a enero de 2028, y su incumplimiento podría derivar en responsabilidad administrativa para el jerarca o sus sucesores.
