A poco más de una hora de la presentación de la nueva modalidad de pruebas nacionales, denominadas FARO, organizaciones sindicales amenazan con impugnar esta reforma.
Lo hicieron saber en un breve comunicado en el cual critican que la decisión se haya tomado en el seno del Consejo Superior de Educación (CSE) apenas el martes en la noche, es decir unas horas antes de su presentación a la ciudadanía y sin previa consulta a las organizaciones.
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Así lo reclamaron la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE).
Con Faro desaparece el tradicional bachillerato a cambio de pruebas que se aplicarán en quinto grado y décimo año. También hay modificaciones en las materias a evaluar, en el peso de la calificación, entre una larga lista de aspectos.
Faro se implementaría a plenitud en el 2020.
“Es de destacar que esta clase de procedimientos, apresurados, ocurrentes y sin consenso; es lo que suele llevar al fracaso de las políticas educativas”, señalaron en el documento.
Según dijeron, en las próximas horas revisarán a fondo los alcances de la reforma para someterla a un “amplio debate gremial y nacional”.
Además, no descartan impugnar la aprobación de los cambios ante el Consejo.
Durante la presentación de Faro, que se realizó en la Escuela Buenaventura Corrales, en San José, el ministro Édgar Mora, defendió el cambio al considerar que va en la “dirección correcta”.
Según él, ese rumbo es el de volcar toda la atención sobre el estudiante y la relación con el docente, responsable de la formación.
“A diferencia del examen de bachillerato que estamos dejando atrás, y que era un evento de despedida de los estudiantes, Faro como mecanismo de evaluación son un conjunto de eventos cuyo resultado objetivo se refleja en datos precisos, nos permite acompañar, atender y dar seguimiento al estudiante de forma oportuna y precisa, que son dos características fundamentales de todo diagnóstico”, expresó el jerarca.
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La reforma se presenta luego de un año complejo para la educación, pues los educadores protagonizaron una huelga de 89 días, que dejó a los estudiantes sin tercer trimestre y un fuerte impacto en bachillerato.