Los diputados tuvieron que aplicar un frenazo en el avance del proyecto de ley para quitarle ¢63.000 millones al Gobierno central y pasárselos a las municipalidades.
Luego de darle primer debate el martes, los legisladores aceptaron que persisten los yerros alertados en el texto desde ese día, por lo que el plan tendrá que regresar a la Comisión de Redacción.
El problema, según explicó el jefe de la fracción del Movimiento Libertario, Otto Guevara, es que un artículo del proyecto de ley depende de otro del mismo texto que, en realidad, no tiene relación con el asunto de la transferencia a los municipios para aumentar el presupuesto de atención de la red vial cantonal.
Además, en otro artículo, se detallan responsabilidades que los legiladores no saben determinar si corresponden a las municipalidades o a otras instancias.
El problema surgió el martes, antes del trámite del primer debate del expediente legislativo 18.001, cuando el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), encontró artículos diferentes en el texto por aprobarse, los cuales no estaban un día antes.
La Comisión de Redacción le hizo modificaciones al documento el lunes por la noche, cuando la práctica legislativa es que todos los cambios de forma se introduzcan en una redacción final de los proyectos de ley después del segundo debate.
Legisladores como Jorge Rodríguez reconocieron que Solís tenía razón en advertir los problemas del texto, por lo que dedicaron cerca de dos horas en recesos para solucionar la redacción del plan.
Sin embargo, en la reunión de los jefes de las nueve fracciones, este mediodía, se encontraron con que no se habían solucionado del todo los problemas.
El proyecto de ley modifica la asignación del impuesto sobre los combustibles. Actualmente le da al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) un 21,75% del impuesto, de los cuales 7,25 puntos porcentuales se les asignan a las municipalidades.
La nueva legislación dejaría los recursos para el Conavi en 21,75% y le sumaría 15 puntos porcentuales al 7,25% que ya tienen los municipios, para un total del 22,25%, además de la responsabilidad exclusiva de atender la red vial cantonal. La damnificada con ese camio sería la Caja Única del Estado.
Este proyecto nace de una reforma constitucional del 2001 que obliga al Estado a trasladar a los municipios al menos un 10% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Nacional. A pesar de perder recursos, el Gobierno celebra la aprobación del aval al plan.
El diputado Guevara aseguró que, luego de arreglar estos asuntos, tardarían cerca de tres semanas para tener el proyecto de nuevo a punto de discusión.
Advirtió, además, de que si la Comisión de Redacción rechaza las mociones para arreglar los errores, entonces habría que devolver el plan a su trámite anterior al primer debate, para resolverlos en la Comisión de Asuntos Municipales.
Julio Rojas, jefe de fracción del PLN, dijo que el segundo debate del proyecto se atrasa para hacerle las rectificaciones que corresponden, pero que eso no quita el apoyo político.
Colaboró el periodista Esteban Mata.