Comisión de diputados reduce beneficios a pensiones de Poder Judicial

En una sesión agotadora y tensa de la Comisión Especial de Pensiones, los diputados dictaminaron la noche de este jueves una reforma que reduce los beneficios con el fin de salvar las pensiones del Poder Judicial, el cual tiene un déficit actuarial de 5,3 millones de colones debido a las amplias ventajas que ofrece.

Entre las medidas, el texto aumenta la edad de retiro a 65 años como en el IVM y sube la cotización de los funcionarios. Actualmente, ellos aportan un 11% del salario; si el proyecto es convertido en ley, deberán cotizar hasta un 15% en forma proporcional al sueldo, es decir, cuanto más alto sea el salario, más será el porcentaje.

LEA EL TEXTO COMPLETO DICTAMINADO DE LA REFORMA A LAS PENSIONES JUDICIALES

Además, las pensiones judiciales ya no se calcularían sobre los últimos 24 mejores salarios, sino sobre los últimos 240 sueldos ordinarios recibidos, pero a un porcentaje del 85% del promedio y no el 100%, como sucede en la actualidad.

Además, el tiempo mínimo de servicio para jubilarse ya no sería de 30 años, sino de 35.

La propuesta dictaminada por la Comisión Especial impone un tope a las pensiones de ¢4 millones, o sea, diez veces el salario más bajo del Poder Judicial.

Las pensiones que actualmente sobrepasen el techo de los ¢4 millones deberán pagar un 50% sobre el exceso de ese tope.

De todas formas, en la propuesta se mantiene el retiro anticipado de los servidores judiciales, explicó la legisladora Marcela Guerrero , "siempre que se cumpla con los 35 años de servicio y con una edad mínima de 62 años en hombres y 60 años en mujeres".

También se incluyó la propuesta de crear una junta administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, con desconcentración mínima, que estaría integrado por dos miembros de la Corte Suprema de Justicia, dos de los gremios judiciales y tres miembros independientes.

LEA: 13 diputados intentaron torcerle el brazo a comisión que discute las pensiones judiciales

Los miembros de la Comisión se reunieron durante poco más de tres horas, para cotejar las cuatro versiones del proyecto de ley que tenían a mano y, finalmente, votaron ocho a favor y uno en contra.

A favor de la reforma estuvieron Marcela Guerrero y Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Johnny Leiva, del Partido Unidad Social Cristiana; la libertaria Natalia Díaz, Gonzalo Ramírez, de Renovación Costarricense, y los liberacionistas Maureen Fallas, Julio Rojas y Sandra Piszk.

El único voto en contra provino de Jorge Arguedas, del Frente Amplio.

De acuerdo con Sandra Piszk, cuando esta reforma se apruebe en el plenario legislativo, desaparecerán las pensiones judiciales de lujo y solo sobrevivirían las pensiones de lujo del Magisterio Nacional.

Una vez acogido el texto creado la noche de este jueves, los legisladores aprobaron el dictamen y comentaron que, con una reforma, ya no se justifica que los empleados judiciales estén en huelga.

Luego de aprobada la reforma, los diputados enviaron a consultar el texto a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República (PGR), la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia de Pensiones (Supén), el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, el Consejo Nacional del Sistema de Supervisión Financiero (Conassif) y a los voceros del Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial.

Mediante un comunicado enviado a las 10 p. m. de este jueves, el Frente de Organizaciones Gremiales del Poder Judicial anunció que mantienen el movimiento de huelga, ya que consideran que la votación de un texto sustitutivo "es una burla a las buenas intenciones de diálogo y negociación" de los huelguistas.

Añade¡eron que este viernes van a exponer "ante las bases la decisión adoptada por ese grupo de diputados" y analizarán las medidas a tomar "con el fin de redoblar la lucha".

"De nuevo, el grupo de diputados (...) reafirmó esta noche la ya demostrada intransigencia y la poca inteligencia al votar un texto redactado a su antojo y sin siquiera tomar en cuenta los criterios del colectivo judicial", dice la nota difundida por los gremios.

Además, los huelguistas denunciaron la propuesta legal como una "imposición fraguada entre cuatro paredes" y alegaron "falta de transparencia" de los congresistas.

Periodo de gracia para pensión

Aunque la intención de los legisladores es cambiar la situación actual de los empleados judiciales, dejaron abierta una ventana para que todos aquellos funcionarios de la Corte que lleguen a cumplir los requisitos, durante el próximo año y medio, se puedan jubilar con las actuales condiciones del régimen.

Así quedó establecido en el transitorio sexto del proyecto de ley. Una vez transcurrido ese periodo de 18 meses, entonces los funcionarios del Poder Judicial podrán acogerse a una pensión ordinaria transitoria de acuerdo con una tabla establecida en el mismo transitorio, con porcentajes de pensión menores de acuerdo con la edad cumplida a la entrada en vigencia de la ley y los años laborados.

Con el texto votado por los diputados, el fondo de jubilaciones del Poder Judicial, que cuenta con 3.500 pensionados, se acercaría un poco a las condiciones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el más grande del país, con 230.000 pensionados y 1,4 millones de cotizantes.

En el IVM, la edad de retiro es a los 65 años; la edad mínima para el jubilarse por anticipado es de 61 años y 11 meses para hombres, y 59 años y 11 meses para mujeres; los montos de la pensión se calculan con los últimos 240 salarios (20 años); los años de servicio que se requieren son 38,5 para hombres y 37,5 para mujeres.

En este sistema sí hay tope a la pensión, que es de ¢1,5 millones si el retiro es apenas se cumplan con los requisitos legales. El aporte de los trabajadores, sin embargo, es menor pues actualmente es de 3,34% y en enero subirá a 3,84% del sueldo. El aporte del patrono es de 5,08% del salario mientras en el Poder Judicial, que se financia con presupuesto nacional, es de 14%.

Luego de aprobar el dictamen de la iniciativa construida con base en uno de los escenarios planteados optimistas planteados por los actuarios de la Universidad de Costa Rica, el presidente del foro parlamentario anunció que se suspende la sesión extraordinaria convocada para el viernes y que volverán el próximo lunes, a aprobar el acta.