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Una mujer visita el área de exhibiciones del metro de Atenas, Grecia, donde, actualmente, hay una muestra de caricaturas sobre la Unión Europea, cuyo símbolo se aprecia en la foto. (AFP)
Bruselas
La Comisión Europea no puede cerrar un acuerdo comercial sin la aprobación de los países del bloque, estimó este martes la justicia europea en una decisión que podría complicar las futuras negociaciones de tratados comerciales, como el que se avecina con el Reino Unido tras el brexit.
En un esperado dictamen, basado en el acuerdo con Singapur, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) estima que cualquier pacto comercial que cuente con un tribunal de arbitraje de litigios entre inversores y Estados deberá contar con el visto bueno de los países del bloque.
"En su forma actual, el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur (rubricado en 2013) únicamente puede ser celebrado por la Unión y los Estados miembros actuando de común acuerdo", subrayó en un comunicado el alto tribunal.
El ejecutivo comunitario es el encargado de negociar los acuerdos comerciales con terceros países en nombre de los 28, pero Bruselas también buscaba que con sólo su visto bueno se pudieran cerrar pactos como los de Singapur, uno de los primeros de "nueva generación".
Este tipo de acuerdos, negociados por la Comisión desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, incluyen además de los tradicionales apartados sobre reducción de derechos de aduana y de obstáculos no arancelarios para el comercio de bienes y servicios, otros relativos a las inversiones o la contratación pública.
Al incluir puntos sobre inversiones con "competencia compartida" entre Bruselas y los 28, los acuerdos como el de Singapur deberán someterse así a un largo proceso de aprobación y posterior ratificación por cada uno de los 38 parlamentos nacionales o regionales.
Esta complejo procedimiento ya puso a prueba el tratado comercial entre la UE y Canadá (CETA) negociado durante siete años y que, en su recta final antes de la firma en octubre, se confrontó al bloqueo durante días del parlamento de la región belga de Valonia.
El sistema de arbitraje de controversias entre inversores y Estados generaba recelos a los valones, en un contexto en que la opinión pública mostraba su rechazo al más ambicioso acuerdo con Estados Unidos (TTIP), cuyo 'caballo de Troya' a su juicio era el CETA.
Este controvertido mecanismo permitió a la tabacalera Philip Morris demandar a Uruguay por su política antitabaco o al gigante de la minería Oceanagold denunciar a El Salvador por no concederle un permiso de explotación por motivos ambientales.
Las ONG celebraron el dictamen de la justicia europea, ya que "involucrar a los parlamentos nacionales en la ratificación de los acuerdos de libre comercio aumentará el examen democrático y dará a los ciudadanos una voz más fuerte", según Paul de Clerck, de Amigos de la Tierra.
"Este veredicto es una victoria para la democracia", aseguró Kees Kodde, de la ONG ecologista Greenpeace, para quien "sin más transparencia y rendición de cuentas, el actual sistema comercial seguirá perjudicando los derechos de las personas" y al medio ambiente.
La Comisión Europea, al origen del dictamen sobre Singapur, se limitó a celebrar las aclaraciones sobre "la división de competencias" entre Bruselas y los países del bloque ofrecidas por el TJUE, cuya opinión "analizará con detenimiento".
La decisión representa una "necesaria aclaración sobre cómo interpretar los Tratados de la UE", tuiteó la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, quien advirtió en julio, cuando se decidió someter el CETA a la aprobación de los parlamentos, del "riesgo" de que los países del bloque "infecten el debate".
El dictamen del alto tribunal no afecta al acuerdo con Canadá, en pleno proceso de ratificación por los parlamentos europeos y a la espera de una inminente entrada en vigor provisional, pero sí a los actualmente en vías de negociación con Japón, México o Vietnam.
Y, además, puede echar por tierra las intenciones de la primera ministra británica, Theresa May, de alcanzar rápidamente un acuerdo comercial con la UE tras la marcha efectiva de Reino Unido del bloque visto el largo proceso de ratificación, que en el caso de Corea del Sur llevó casi cinco años.
