Víctor Hugo Murillo S.. 11 febrero
Manifestantes, agitando pancartas y banderas independentistas (senyeras) pidieron en las calles de Barcelona -el 15 de abril del 2018- la liberación de dirigentes separatistas.
Manifestantes, agitando pancartas y banderas independentistas (senyeras) pidieron en las calles de Barcelona -el 15 de abril del 2018- la liberación de dirigentes separatistas.

Doce líderes del movimiento independentista de Cataluña se sentarán, a partir de este martes 12 de febrero, en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo de España, en Madrid. Le explicamos algunos aspectos de este proceso:

¿Quiénes son los acusados?

Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno autonómo de Cataluña, en el momento de la declaración de la independencia.

Carme Forcadell, entonces presidenta del Parlamento eutónomo.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, líderes de las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, resoectivamente.

Jordi Turrul, Joseph Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Joaquim Forn, consejeros (algo así como ministros) del gobierno de Carles Puigdemont.

◊ También tres consejeros más que no están presos: Carles Mundó, Santi Vila y Meritxel Borrás.

A Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán destituido, se le acusa por rebelión. Podría recibir hasta 25 años de prisión si lo hallan culpable.
A Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán destituido, se le acusa por rebelión. Podría recibir hasta 25 años de prisión si lo hallan culpable.
¿Cuáles son los cargos y a cuáles penas se exponen?

De acuerdo con las responsabilidades que la Fiscalía y la Abogacía del Estado les atribuyen, algunos de los imputados están acusados por rebelión y malversación de fondos por haber organizado el referendo independentista del 1.° de octubre del 2017, que la Justicia de España había declarado ilegal. También hay quienes enfrentan cargos de rebelión por impulsar movilizaciones para presionar al Estado. Malversación y desobediencia grave son otros cargos.

Sin son hallados culpables, las penas oscilan entre 25 años y 7 años de prisión.

¿Por qué el Estado español los lleva a juicio?

La Justicia decidió elevar a juicio las acusaciones como consecuencia de la participación de los encartados en la organización del referendo sobre la independencia y la posteriormente proclamación de esta por parte del Parlament (Cámara autónoma), el 27 de octubre del 2017.

Aunque no se utilizaron armas ni se llamó a la lucha armada o violenta, la Fiscalía argumenta que los separatistas “contemplaban la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo, incluida (...) la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido”.

(Video) Fiscalía española acusó de rebelión al gobierno catalán

La proclamación unilateral de la independencia llevó al Gobierno Central a disolver el Parlamento regional y a suspender la autonomía y hacerse cargo de la administración de Cataluña.

El autogobierno se reanudó en mayo del 2018 después de la elección del independentista Quim Torra como nuevo presidente del Gobierno de la comunidad.

¿En qué momento se llevará a cabo el juicio?

El proceso judicial, que puede prolongarse hasta por tres meses, se abre en un momento de grave crispación política entre el Gobierno español y los líderes del Gobierno catalán.

Con la llegada al poder en Madrid del socialista Pedro Sánchez, este ha intentado relajar las tensiones y buscar un acercamiento. Sin embargo, la negativa del Gobierno Central a aceptar cualquier tipo de mediación internacional y la posición inclaudicable del nacionalista Torra –conseguir la independencia– han impedido cualquier avance. Por el contrario, las partes rompieron el diálogo el viernes 8 de febrero.

Derecha española arremete contra Pedro Sánchez

Sánchez enfrenta una doble presión. Por un lado, requiere de los votos de los independentistas catalanes en el Parlamento español para aprobar los presupuestos del 2019, un paso vital si el presidente del Gobierno quiere –como es su propósito– agotar la legislatura que termina en el 2020. El socialista enfrenta una fuerte presión opositora para que llame a elecciones anticipadas.

Además, la derecha y la ultraderecha han arremetido contra lo que consideran una posición débil frente a los separatistas. Haber aceptado el nombramiento de un relator independiente fue considerada como una concesión “inaceptable” por esos sectores.