AFP. Haití finalmente tiene un nuevo gobierno, pero sin un Parlamento capaz de darle legitimidad y sin proyección electoral, el país sigue paralizado por una crisis política con consecuencias sociales, económicas y de seguridad potencialmente devastadoras.

Hace más de un año que la nación caribeña es comandada por un gobierno interino. Joseph Jouthe, nominado el lunes, es el quinto primer ministro elegido por el presidente Jovenel Moïse desde que llegó al poder en febrero de 2017.

Pero ni la política general de Jouthe ni su gabinete, anunciado el miércoles, podrán obtener la aprobación de diputados y senadores: el parlamento haitiano se encuentra inoperativo desde enero, dado que no se celebraron elecciones legislativas en el otoño boreal.

“Haití no tiene una ley electoral ni un presupuesto electoral. El presidente Moïse podría aprobar una ley electoral y un presupuesto por decreto, pero las protestas populares y la disidencia dejan en claro que esto no se consideraría legítimo”, testificó el miércoles ante la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Estados Unidos Ellie Happel, abogada y directora del programa de Haití de Global Justice Clinic.

Moïse, que asumió el cargo después de un proceso electoral que duró casi dos años y en el que apenas participó el 20% del electorado, era relativamente desconocido para el público hasta que anunció su candidatura presidencial.

Criticado desde el primer momento por sus principales oponentes, el líder haitiano ha atraído rápidamente la ira del público, y las manifestaciones que exigen su renuncia han proliferado en todo el país.

Corrupción y pobreza

En una nación donde más del 60% de la población vive por debajo del umbral de pobreza (menos de $2,41 dólares por día, según el Banco Mundial), las protestas contra Moïse aumentaron en mayo de 2019 cuando el Tribunal Superior de Cuentas anunció sospechas de que estaba involucrado en un gran escándalo de corrupción que se remonta a una década.

Se produjo en medio de problemas de seguridad en el país, con violencia y disturbios que se extendieron más allá de las barriadas de la capital, que han sido controladas por bandas armadas durante años.

En el otoño de 2019, las repetidas protestas y barricadas erigidas en las carreteras principales del país bloquearon casi todas las actividades, lo que provocó que la mayoría de las escuelas cerraran durante más de dos meses.

Moïse dijo a su gabinete que restaurar la seguridad, garantizar la libre circulación de personas y bienes en todo el país, era una prioridad. Pero la capacidad del gobierno para intervenir parece escasa.

“Un nuevo gobierno en un contexto tan complejo, sin recursos presupuestarios adecuados, sin un clima pacífico, sin un diálogo nacional real, sin un deseo real de separarse de las prácticas corruptas, no hará milagros”, dijo el economista haitiano Etzer Emile.

Baja inversión

Además del estancamiento político, Haití ha visto un aumento en los secuestros por rescate en las últimas semanas, un gran golpe para las esperanzas de recuperación económica.

“La miseria está aumentando. Las inversiones, nacionales y extranjeras, nunca han sido tan débiles como en los últimos años”, dijo Emile.

Un tercio de los cerca de 11 millones de haitianos necesita ayuda de emergencia humanitaria, entre ellos un millón con inseguridad alimentaria severa, un nivel que precede a la hambruna total, según el sistema de clasificación utilizado por el Programa Mundial de Alimentos.

El colapso de la frágil economía de la nación, por el momento, se ha evitado solo gracias al amplio apoyo financiero de la diáspora haitiana mundial. En 2019, se enviaron 3.300 millones de dólares a Haití a través de remesas privadas, principalmente desde Estados Unidos, Chile y Canadá, que representan más de un tercio del producto interno bruto del país.