La tensión aumentó en El Salvador desde este domingo 9 de febrero cuando el presidente Nayib Bukele dio un ultimátum de una semana a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, para que apruebe un préstamo para seguridad, clave para el plan nacional de lucha contra las pandillas.

Bukele incluso llamó a la insurrección popular, como medida en caso de que los diputados se negaran a aprobar el desembolso de los fondos. Horas más tarde, la Presidencia pidió calma ante las declaraciones del gobernante, quien ordenó la militarización del Congreso.

Estas son algunas claves para comprender la crisis en el país centroamericano:

Controversial inicio

Desde el inicio de su gestión,el 1.° de junio del 2019, el mandatario salvadoreño ha estado envuelto en la polémica por emitir órdenes a sus ministros desde Twitter o anunciar despidos de funcionarios por medio de esa y otras redes sociales.

Este modo de gobernar le valió fuertes reproches debido al modo autoritario con el que se dirigía en ese momento a los integrantes de su gabinete. Aunque también obtuvo aplausos de personas indignadas que estaban a la espera de prontas acciones por parte del gobernante.

En estos meses, el mandatario también ha ganado popularidad por implementar una política de seguridad, que ha propiciado una reducción en el índice de violencia.

Cuando el mandatario asumió el poder, las pandillas intensificaron sus acciones delictivas, al parecer para forzar al gobierno a hacerles concesiones como facilitar las condiciones de detención de los cabecillas presos.

Sin embargo, el gobierno respondió intensificando el control sobre los pandilleros encarcelados y impulsando una mayor persecución en las calles.

Bukele ganó las elecciones presidenciales con el 53,1% de los votos y marcó el hito de romper el bipartismo -entre 1992 y el 2019- en un país asolado por la violencia.

Confrontación con el Congreso

Bukele mantiene una inédita batalla con el Parlamento, de mayoría opositora, luego de lanzar un ultimátum de una semana a los diputados para que aprueben un préstamo para su plan de seguridad.

El domingo, el mandatario salvadoreño habló desde una tarima a seguidores y empleados estatales congregados en las cercanías del Congreso para presionar a los legisladores. Les dijo: “Les pido paciencia, si estos sinvergüenzas (los diputados) no aprueban esta semana el Plan Control Territorial los volvemos a convocar el domingo (que viene)”.

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Momentos antes de plantear el ultimátum, el presidente ingresó al estrado que normalmente ocupa la directiva del Congreso en el salón de sesiones y oró: “La decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios. Vamos hacer una oración”.

Luego salió del recinto y se dirigió a sus seguidores en las afueras del Congreso, a quienes aseguró que durante su oración Dios le dijo que tuviera “paciencia” con los legisladores.

Cuando el mandatario se presentó al recinto, el Parlamento estaba inusualmente custodiado por efectivos militares provistos de chalecos antibalas y fusiles de asalto M-16.

La Revista Factum, de El Salvador, indicó que el Ejecutivo se escuda en el artículo 167 de la Constitución de la República para llamar a hacer horas extra a los diputados, pero varias organizaciones advirtieron de la ilegalidad de esta convocatoria.

Contenido del plan de seguridad

El gobierno busca forzar a la Asamblea Legislativa a que le apruebe un préstamo de $109 millones para financiar el Plan Control Territorial, con el que dice haber logrado contener los altos índices de homicidio en el país. La petición llegó a la Asamblea en noviembre del 2019, pero la presión del Ejecutivo empezó el 5 de febrero.

El Ejecutivo pretende distribuir los $109 millones de la siguiente manera: $64,2 millones para comprar equipo como patrullas, helicópteros y hasta un buque; $25,8 millones para la adquisición de cámaras y equipo de videovigilancia. El resto es para administración, imprevistos y comisiones.

La Asamblea rechazó inicialmente la petición del gobierno. No obstante, ante la presión, algunos diputados se sintieron intimidados y pidieron atender el llamado.

Se trata del segundo préstamo que el gobierno somete a consideración de los diputados. En diciembre pasado, la Asamblea le autorizó negociar un crédito de $91 millones, también con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Movilización de masas

La movilización de masas, por parte de un gobernante, no es nada nuevo, pero ello no quita que sea grave en este caso.

A lo largo de la historia hay ejemplos abundantes de mandatarios, principalmente con tendencias autoritarias y/o dictatoriales, que lo han hecho. Mussolini y Hitler lo hicieron cuando buscaban el poder y, luego, para mantenerlo y justificarlo.

Tanto lo han hecho gobernantes de izquierda como de derecha: Los Somoza, Daniel Ortega, Nicolás Maduro y otros.

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Entonces, Bukele no está inventando nada, sino utilizando un recurso conocido con el propósito claro, explícito, de presionar a la Asamblea Legislativa para que apruebe esa autorización para seguir adelante con el préstamo.

Esa maniobra se vuelve más grave por cuanto el presidente pone un plazo a otro poder del Estado para que acceda a su deseo.

Lamentablemente, en América Latina, no es la primera vez que un mandatario busca interferir en otro poder. Para muestra, este botón: a principios de los años 90, Alberto Fujimori, presidente de Perú, elegido democráticamente, cerró el Congreso porque no estaba satisfecho y “decapitó” a la cúpula del Poder Judicial, con lo cual dio inicio a un gobierno autoritario, violador de los derechos humanos, que se prolongó hasta el final de ese decenio.

Preocupación internacional

En Centroamérica, el gobierno de Costa Rica hizo un llamado al gobierno a que “se mantenga el respeto a la institucionalidad democrática” e instó a promover “un diálogo constructivo” en un ambiente de paz.

En tanto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, escribió que "apoya" a Bukele en su esfuerzo por brindar seguridad y también instó al diálogo y al "fortalecimiento" de la democracia salvadoreña.

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Por su parte, Amnistía Internacional consignó en Twitter que “el ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos”.

La Unión Europea también expresó en un comunicado la "gran preocupación" que ha causado el "enfrentamiento" entre las instituciones salvadoreñas.

Nota de reacción: Esta información se elaboró con aportes de la agencia AFP, Revista Factum y el diario El País.