Víctor Hugo Murillo S.. 12 diciembre, 2018
Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Dos ONG más, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y Hagamos Democracia, quedaron este miércoles al margen de la ley por decisión de la Asamblea Nacional (Congreso) de Nicaragua, que acató una solicitud planteada por las autoridades del Ministerio de Gobernación.

Según la resolución, el Cenidh violó sus estatutos, en tanto que Hagamos Democracia se ha prestado para recibir fondos dirigidos a grupos supuestamente comprometidos en realizar actividades terroristas, informó la edición digital del diario La Prensa.

Ya son cuatro las organizaciones no gubernamentales (ONG) que sufren la misma sanción. A finales de noviembre, el Parlamento quitó la personería jurídica al Centro de Información y Servicios en Asesoría de Salud (Cisas), que dirigía la costarricense-nicaragüense Ana Quirós, quien fue expulsada del país.

El presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea, el sandinista Filiberto Rodríguez, afirmó que el Cenidh "utilizó el esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”.

El Congreso concedió 15 días de plazo al Cenidh y a Hagamos Democracia para que liquiden bienes y lo que recauden lo usen para los fines para los cuales fueron constituidas las organizaciones. De lo contrario, el Estado se los incautará.

Para la presidente del Cenidh, Vilma Núñez, la decisión es una “perversa ejecución” y anticipó que el grupo continuará en la lucha por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, el diputado opositor Maximino Rodríguez expresó a La Prensa que la Asamblea se ha convertido en un órgano similar a los “tribunales sandinistas” de los años 80 para “ajusticiar a los que no piensan” como el régimen del presidente Daniel Ortega.

Otro legislador de oposición, Alfredo César, rebatió el alegato de la Asamblea para ilegalizar a Hagamos Democracia y destacó su trabajo en pro de"fortalecer la democracia y la institucionalidad”.

Ofensiva contra las ONG

Después de sofocar a sangre y fuego las protestas opositoras que estallaron en abril contra una reforma impuesta a la seguridad social –y que luego derivaron en demandas de renuncia del mandatario–, el gobierno ha emprendido una ofensiva contra las ONG, además de los medios y periodistas críticos, al tiempo que prohíbe toda manifestación pública si no recibe autorización de la Policía.

El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) se quedó sin personería jurídica el martes después de que un acuerdo legislativo arguyó que la organización promovía actividades “terroristas” y “golpistas”.

El presidente del Parlamento, Gustavo Porras (sandinista), afirmó que el IEEPP "lo que hace es recibir dinero para la desestabilización y para blanquear el dinero que recibe”.

Los argumentos para poner a las ONG al margen de la ley son los mismos en los cuatro casos mencionados.

Así, al eliminar la personería jurídica al Centro de Información y Servicios en Asesoría en la Salud, el Ministerio de Gobernación arguyó que “Cisas y sus integrantes desnaturalizaron su trabajo y se dedicaron a realizar actividades ajenas al organismo”.

El Ministerio la acusó de “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar actos desestabilizadores en el país”.