AFP. 11 enero
El secretario general de la OEA, Luis Amagro, participa en la sesión extraordinaria sobre la situación en Nicaragua, el viernes 11 de enero del 2019. Foto concedida por la OEA
El secretario general de la OEA, Luis Amagro, participa en la sesión extraordinaria sobre la situación en Nicaragua, el viernes 11 de enero del 2019. Foto concedida por la OEA

Washington. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este viernes que la crisis de Nicaragua justifica la aplicación del artículo 20 de la Carta Interamericana, que se usa cuando hay una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión del país del organismo.

“La crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del Artículo 20 de la Carta Interamericana, está hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar acuerdos”, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) en una sesión extraordinaria.

“El gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho”, dijo Almagro, citando la criminalización de las protestas, la falta de libertad de expresión y múltiples casos de abusos, represión y denuncias de tortura.

La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Esta reunión de Consejo Permanente, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la carta de la ONU y transgrede el derecho internacional", dijo el embajador de Nicaragua en en el organismo, Denis Moncada.

Para aplicar el Artículo 20 es necesario el voto afirmativo de dos tercios de los integrantes del organismo, una mayoría difícil de conseguir.

El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009.

En cambio, para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido la mayoría para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril del 2019.

¿Qué es la Carta Democrática?

La Carta Democrática Interamericana, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, invocó como una opción para atender la crisis en Nicaragua, es un mecanismo concebido en casos de alteración o ruptura del hilo democrático y constitucional en uno de sus Estados miembros.

Aprobada por los estados miembros de la OEA el 11 de setiembre del 2001 en Lima, la Carta es "principalmente una guía para mejorar el funcionamiento de los sistemas democráticos", escribió en su preámbulo el entonces secretario general de la OEA, César Gaviria, avizorando una "nueva era" en el sistema interamericano.

La Carta define los "elementos esenciales" de la democracia representativa, entre ellos el respeto a los derechos humanos, el estado de derecho, elecciones libres y periódicas a través del voto universal, pluralidad de partidos políticos y la separación de los poderes públicos.

Pero desde su aprobación, sus elementos más polémicos han sido los referidos a los mecanismos que el documento establece para fortalecer la democracia, o más allá, para revertir casos de alteraciones o rupturas del orden constitucional en los países.

El mecanismo prevé varias vías que permiten invocarla.

Según el artículo 17, un Gobierno de un país miembro puede recurrir al secretario general o al Consejo Permanente para pedir asistencia en caso de "riesgo" para la democracia o su ejercicio en el poder.

Este caso ocurrió en Ecuador en el 2005, cuando el presidente interino, Alfredo Palacios, solicitó la intervención de la OEA tras el derrocamiento del mandatario Lucio Gutiérrez.

De otro modo (artículo 18), la iniciativa también puede surgir del Consejo Permanente o el secretario general para, con el consentimiento del Gobierno afectado, realizar gestiones diplomáticas en ese país.

A petición de varios países centroamericanos, la OEA intervino en la crisis institucional que se vivió en Nicaragua hacia el final del período de Gobierno del presidente Enrique Bolaños (2002-2007).

Sin embargo, la Carta también prevé escenarios de "alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático" o de "ruptura del orden democrático" (artículo 19), en los cuales la OEA puede intervenir sin el consentimiento del Gobierno afectado.

Un caso de “ruptura” democrática fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en el 2009. Una Asamblea General extraordinaria del organismo hemisférico convocada poco después suspendió al país centroamericano por casi dos años, siguiendo el artículo 21 de la Carta.