El gobierno de Bernardo Arévalo, en Guatemala, vive un clima de constante tensión con el Ministerio Público, el cual, como órgano acusador del Estado, ha buscado repetidamente remover al mandatario incluso antes de su toma de posesión. En este escenario, el analista político Juan Diego Godoy Escobar insta a Costa Rica a analizar detenidamente la experiencia guatemalteca, en un contexto donde las democracias enfrentan un debilitamiento creciente a escala global.
“Costa Rica debe evitar la complacencia en su democracia. No debe darse por sentada. Guatemala muestra cómo un sistema democrático puede debilitarse rápidamente”, señaló el también periodista y escritor con trayectoria de más de 10 años en análisis político.
El caso guatemalteco tiene sus raíces en 2023, cuando la fiscal general Consuelo Porras Argueta, cuestionada por corrupción, se convirtió en la principal opositora de Arévalo. En medio de investigaciones y acusaciones contra el partido Movimiento Semilla y sus allegados, él denunció una “persecución” en su contra.
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Uno de los episodios más recientes ocurrió el 31 de julio. Porras solicitó a la Corte que iniciara un proceso para retirarle la inmunidad a Arévalo. La acusación señalaba que el presidente no había cumplido con un fallo emitido en mayo. Esa resolución exigía a Arévalo y a otros funcionarios abstenerse de tomar acciones en su contra. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad rechazó la solicitud.
Arévalo, en el poder desde enero, carece de autoridad para destituir a Porras, pero pidió públicamente su renuncia. Argumenta que las acciones de la fiscal son “corruptas” y que vulneran la democracia en el país.
Guatemala se convierte en un ejemplo de resistencia de un sistema democrático en crisis. Juan Diego Godoy subrayó en una entrevista con La Nación la importancia de la “dependencia institucional” que aún caracteriza a Costa Rica y Panamá. No obstante, advirtió sobre la necesidad de cuidar la democracia para evitar retrocesos.
- En Guatemala existe una evidente confrontación entre el Ejecutivo y la Fiscalía General. ¿Podría brindarnos contexto sobre este conflicto?
Claro, para comprender la situación actual debemos retroceder varios años. Esta relación conflictiva entre el Ejecutivo y el Ministerio Público tiene raíces en la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024). Durante su presidencia, se impulsó la inclusión de Consuelo Porras como fiscal general, quien ya había ocupado el cargo durante el gobierno de Jimmy Morales. Este apoyo derivó en una coalición informal entre Giammattei y Porras.
“Giammattei utilizó recursos públicos y maniobras políticas para fortalecer su partido Vamos, asegurando un sucesor que preservara su influencia. Sin embargo, la llegada de Bernardo Arévalo, del pequeño partido Semilla, cambió el panorama político inesperadamente. Arévalo, con una plataforma anticorrupción, logró ganar la segunda vuelta electoral en agosto de 2023, rompiendo los planes del oficialismo.
“Desde su elección, Arévalo ha prometido desmantelar redes de corrupción, lo que lo colocó en confrontación directa con la fiscal Porras. A partir de agosto de 2023, el Ministerio Público inició una serie de casos en su contra, muchos con fundamentos legales débiles y cuestionados por expertos”.
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- ¿Cómo impacta este enfrentamiento en la confianza de los guatemaltecos hacia las instituciones democráticas?
Este conflicto erosiona profundamente la confianza en el sistema judicial y en la democracia guatemalteca. En teoría política, hablamos del péndulo del poder, donde las instituciones oscilan entre extremos ideológicos. En Guatemala, hemos visto este fenómeno reflejado en la Fiscalía.
“Durante la gestión de Thelma Aldana y la CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala), el sistema judicial enfrentó fuertes estructuras corruptas, pero luego comenzó a actuar con un sesgo ideológico, persiguiendo a sectores conservadores. Cuando Jimmy Morales expulsó a la CICIG, el péndulo se movió al extremo opuesto con Consuelo Porras, quien utiliza la Fiscalía como una herramienta política. Este movimiento pendular no permite un equilibrio que garantice justicia imparcial”.
- En términos de independencia del poder judicial, ¿cómo se compara Guatemala con otros países de la región?
Vemos patrones preocupantes en la región. En El Salvador, Nayib Bukele concentra el poder judicial, legislativo y ejecutivo, consolidando su control. En Honduras, Xiomara Castro ha impulsado un fiscal alineado a su administración, mientras que en Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han convertido el país en una dictadura familiar. Costa Rica y Panamá, en contraste, aún mantienen cierta independencia institucional. Sin embargo, ningún país es inmune; el desafío es evitar que las mayorías políticas anulen los contrapesos democráticos.
- ¿Cómo perciben los guatemaltecos la figura de Consuelo Porras?
Consuelo Porras tiene una de las aceptaciones más bajas del país, con apenas un 10% según encuestas recientes. Su permanencia en el cargo se debe a un equilibrio político frágil. Por otro lado, la popularidad de Bernardo Arévalo también está cayendo, limitando el respaldo popular hacia ambos protagonistas. Arévalo es visto como honesto pero débil políticamente, mientras que Porras es percibida como estratégica pero corrupta. Esta dualidad crea un vacío de liderazgo que desmotiva a los actores políticos a tomar posiciones claras.
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- ¿Hay posibilidades de que Porras sea removida antes del final de su mandato en 2026?
Actualmente, no parece viable. En sus primeros meses, el gobierno de Arévalo, con un fuerte respaldo popular, propuso una reforma al Ministerio Público para habilitar la destitución de la fiscal. Sin embargo, el momento político pasó, y la iniciativa perdió fuerza ante prioridades más urgentes. Con la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Porras podría sentirse aún más segura, pues ya no enfrentará la misma presión internacional de los demócratas.
- ¿Qué lecciones puede aprender Costa Rica de esta situación?
Costa Rica debe evitar la complacencia en su democracia. Aunque sigue siendo un ejemplo regional, la fragmentación política y las dificultades de negociación en su Congreso son señales de alerta. La democracia no debe darse por sentada. Guatemala muestra cómo un sistema democrático puede debilitarse rápidamente.