¿Cómo negoció América Latina su acceso a las vacunas contra la covid-19?

Buenos Aires. Las campañas de vacunación contra la covid-19 en los países de América Latina encuentran muchos puntos en común: solo en algunos de ellos fue necesaria una ley o un decreto para la adquisición de las vacunas, en casi todos se aceptaron las cláusulas de confidencialidad en los contratos con los laboratorio y la compra se hizo a través del Estado —con ligeras variantes, como en el caso de Brasil y Perú— sin dar intervención directa a los privados.

Asimismo, en la mayoría de los países las compañías farmacéuticas realizaron en el 2020 ensayos clínicos en miles de voluntarios, lo que abrió el camino para la entrega de las dosis cuando se ingresó a la fase de producción.

Lo anterior se desprende de una investigación realizada en en once países de la región por el Grupo de Diarios América (GDA), que expone pasos en falso, demoras y una gran dosis de secretismo (por el escaso acceso a la información) como rasgos característicos de la forma en que buena parte de los países de América Latina han hecho frente al mayor desafío de la salud pública mundial en la historia reciente.

En líneas generales, en la región la negociación de los contratos con los laboratorios proveedores comenzó a mediados del 2020 y se prolongó hasta fines de ese año. En la Argentina arrancó en el invierno, con una oferta de Pfizer de una asignación anticipada de 13 millones de vacunas, que el gobierno no aceptó. En noviembre se cerró una compra de 22 millones de dosis de AstraZeneca, a las que se sumaron 9 millones del mecanismo Covax y el primero de una serie de viajes a Rusia para traer miles de dosis de Sputnik V.

La vacunación comenzó el 29 de diciembre del 2020, pero en su transcurso ha tenido pausas importantes mientras se esperaba la llegada de nuevas dosis. Ya en el 2021 se concretaron acuerdos por vacunas de Moderna, Cansino y Pfizer.

En el caso de Brasil, la primera fase de las negociaciones no se llevó a cabo para la compra del producto final, sino para el desarrollo y transferencia de tecnologías. Si bien desde agosto de 2020 Pfizer y Janssen intentaron negociar con Brasil la compra de vacunas, por la falta de respuestas del gobierno de Jair Bolsonaro los acuerdos llegaron más de 200 días después.

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Sin embargo, el proceso en Brasil no estuvo exento de polémicas. Anvisa, creado en 1999, es el organismo encargado de la protección de la salud de la población. Sus decisiones, por ley, no dependen del Ministerio de Salud. Paulo Almeida, abogado del Instituto Questão de Ciência, es enfático: “una decisión de Anvisa es (o debería ser) completamente independiente y autónoma”. Sin embargo, una comisión de investigación parlamentaria reveló que la agencia sufrió intentos de interferencia política.

El director de la agencia, Antonio Barra Torres, confirmó que asistió a una reunión en el Palacio do Planalto, el año pasado, en la que se planteó la posibilidad de cambiar el prospecto por cloroquina para que el fármaco estuviera indicado en el tratamiento de la covid-19. También se advirtió injerencia política con el nombramiento de directores alineados con el gobierno, incluidos militares. La política antivacunación del presidente influyó en el mayor retraso de Anvisa en el análisis de los registros de vacunas, señaló el profesor de Salud Pública de la USP, Fernando Aith.

Si bien en Brasil la compra de vacunas ha sido facultad del gobierno federal, en marzo del 2021 se aprobó una ley que permite a estados y municipios adquirir vacunas que cuenten con aprobación de emergencia. La campaña de vacunación se inició el 17 de enero.

En Colombia, las negociaciones comenzaron a fines del primer semestre del 2020. A principios de diciembre se expidió la ley 2064, que declaró la inmunización como un tema de interés general, y se consolidaron los primeros acuerdos bilaterales con las farmacéuticas, comenzando la vacunación el 17 de febrero del 2021. La inversión por las vacunas sería del 1,11% del presupuesto nacional del 2021.

Costa Rica, uno de los tres primeros países en América Latina en empezar a proteger a su población —junto con México y Chile— inició negociaciones en la segunda mitad del 2020. A partir del 2021 ya tenían activa una campaña de vacunación, privilegio solo compartido por 50 naciones.

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Chile constituyó en julio del 2020 un comité interministerial para explorar las vacunas candidatas y negociar su compra. Las gestiones comenzaron en agosto. Con la llegada del primer envío de Pfizer, el 24 de diciembre, comenzó el proceso de inoculación. El fondo contingente para las vacunas representa en el 2021 $200 millones.

Un caso particular es el de El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele declaró reservada toda información pública relacionada con la pandemia. Al estar por cinco años bajo esa premisa los procesos de adquisición de las vacunas, se desconoce cuándo comenzaron las negociaciones con las farmacéuticas. La vacunación inició el 17 de febrero del 2021.

El 13 de octubre del 2020, México firmó los primeros contratos. A fines de junio del 2021 se informó de contratos para adquirir 242 millones de dosis con AstraZeneca, Pfizer, CanSino Biologics, Sinovac, Sputnik V y Johnson y Johnson. Además, ya realiza el envasado en el país de vacunas de AstraZeneca y CanSino y se preveía este año el envasado masivo de Sputnik V.

En diciembre del 2020, la subsecretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, explicó al diario El Universal que para conseguir las vacunas México utilizó su “fuerza diplomática”. Desde mayo, México entró como un miembro de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI), único integrante de América Latina. El presidente Manuel López Obrador indicó que la compra de vacunas representaría un desembolso de $1.660 millones. El gobierno aclaró que los recursos utilizados correspondían a ahorros, por contar el país con finanzas sanas.

En Perú, el 20 de agosto del 2020, durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra, se anunció que su gobierno coordinaba con los laboratorios Sinovac-Instituto Butantan, AstraZeneca, Sinopharm y Pfizer la adquisición de vacunas. Sin embargo, en noviembre pasado, durante el gobierno de transición de Francisco Sagasti, se informó que para entonces no había ningún contrato firmado con los laboratorios anunciados.

La vacunación empezó el 9 de febrero, con 300.000 dosis de Sinopharm destinadas al personal de salud de primera línea. La Ley 31091, aprobada por el Congreso en diciembre pasado, no impide a los privados registrar e importar vacunas. No se ha especificado los fondos destinados a la compra ni los costos específicos de cada una de ellas.

El caso de Puerto Rico es especial, ya que no tuvo que negociar la compra de vacunas, que estuvo a cargo del gobierno de los Estados Unidos. Allí se utilizaron Pfizer/BioTech, Moderna y Janssen (Johnson & Johnson). La campaña de inoculación comenzó el 15 de diciembre del 2020.

En tanto, Uruguay fue el último país de la región en haber comprado las vacunas. La negociación tuvo dos etapas. Una primera fue la apuesta al fondo Covax, de la OMS, pero ante los retrasos en la logística de este fondo y la necesidad de una vacuna de emergencia, la Presidencia negoció en diciembre directamente con los laboratorios Sinovac y Pfizer/BioNTech, con lo cual se recuperó el terreno perdido.

El único organismo autorizado para la compra y distribución de las vacunas es el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud Pública. Un prestador de salud privada intentó negociar un acuerdo con la vacuna rusa Sputnik y le fue rechazado. Para la compra se creó por ley, en abril del 2020, un Fondo Solidario de covid-19, que incluye utilidades del banco estatal, recaudación de impuestos, donaciones y demás.

No se tuvo acceso a la información sobre el costo de las vacunas, al aducir el gobierno “cláusulas de confidencialidad” en los contratos. El semanario brecha llevó el caso a juicio y el juez Pablo Javier Gandini rechazó, el 24 de mayo del 2021, el acceso a la información pública.

Por su parte, el régimen venezolano de Nicolás Maduro inició las negociaciones para la compra de vacunas con una inversión de $200 millones en 10 millones de dosis de la rusa Sputnik V, que serían entregadas al país de manera progresiva. El 8 de febrero comenzó la vacunación, a miembros del sector salud. La compra es manejada exclusivamente por el gobierno, y se desconoce de dónde proviene el dinero o cómo fue cancelado el acuerdo.

En Venezuela también se aplica la vacuna china Sinopharm, como parte de un acuerdo de cooperación con China. También se firmaron contratos con Cuba para la adquisición de 12 millones de su vacuna Abdala y con la empresa rusa Geropharm para la EpiVacCorona, pero se desconocen los detalles de la operación. En cuanto a las dosis a través del mecanismo Covax, Venezuela aseguró haber completado los pagos tras informarse que cuatro pagos habían sido bloqueados por bancos suizos.

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