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Refugiados rohinyás se internaron en territorio de Bangladés luego de cruzar el río Naf, procedentes de Birmania, el 9 de octubre del 2017.
Naypyitaw, Birmania. Una comisión independiente establecida por el gobierno de Birmania concluyó que existen razones para creer que las fuerzas de seguridad cometieron crímenes de guerra en operaciones de contrainsurgencia que llevaron a más 700.000 musulmanes rohinyás a huir a la vecina Bangladés.
El grupo, que está encabezado por una diplomática filipina, no halló -sin embargo- evidencias que respalden la acusación de se planeó o se llevó a cabo un genocidio contra los rohinyás, según el reporte entregado el lunes al presidente, Win Myint.
La Comisión de Investigación Independiente anunció sus conclusiones en un comunicado publicado en su página de Facebook y parece que el informe al completo no se hizo público. Pese a esto, fue más allá que cualquier otro comunicado público del gobierno de Birmania al sugerir que las fuerzas gubernamentales eran culpables de importantes abusos.
“Aunque estos graves crímenes y violaciones fueron cometidos por múltiples actores, existen motivos razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad de Birmania estuvieron implicados” en delitos de guerra, violaciones graves de los derechos humanos y violaciones de la legislación nacional en el 2017, señaló.
“El asesinato de aldeanos inocentes y la destrucción de sus viviendas fueron cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Birmania a través de un uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno”, agregó el comunicado.
Las conclusiones se dieron a conocer antes de una decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya -máximo tribunal de Naciones Unidas-, prevista para el jueves, sobre una petición de que se ordene a Birmania que detenga lo que se ha calificado de campaña genocida contra los rohinyás. Gambia, en nombre de los 57 miembros de la Organización para la Cooperación Islámica, llevó el caso ante la Corte, ante la cual arguyó que el genocidio ocurrió y continuaba.
La secretaria de Estado, Aung San Suu Kyi, la principal líder del país, negó rotundamente las acusaciones en la primera vista del caso en diciembre.
Birmania, una nación de mayoría budista, considera que los rohinyás son “bengalíes” de Bangladés aunque sus familias vivan en el país desde hace generaciones. A casi todos se les ha negado la nacionalidad desde 1982, lo que los ha convertido en apátridas de facto, y también se les negó libertad de movimientos y otros derechos básicos.
La prolongada crisis estalló en agosto del 2017, cuando el Ejército birmano lanzó lo que calificó de operación de limpieza en el estado de Rakhine, en el norte del país, en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinyá. Esto obligó a más de 700.000 personas a huir a la vecina Bangladés y provocó acusaciones de violaciones masivas, asesinatos y quema de miles de viviendas por parte de las fuerzas de seguridad.
Aunque no controla el Ejército, la respuesta de Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz, a la crisis le valió la condena de la comunidad internacional.
