EscucharPekín. La censura y los numerosos obstáculos legales a los que se enfrentan las denunciantes han frenado considerablemente el movimiento #MeToo en China, que sigue siendo un país profundamente patriarcal. A principios de noviembre, por primera vez, el fenómeno apuntó a las altas esferas del poder político.
La estrella de tenis Peng Shuai, de 35 años, afirmó que había sido agredida sexualmente por un poderoso exresponsable del Partido Comunista. Su mensaje, publicado en la red social china Weibo —el equivalente a Twitter en el país asiático— y que no pudo ser verificado por AFP, fue rápidamente censurado.
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Desde la denuncia, la jugadora no ha sido vista en público. El viernes, la ONU y Estados Unidos reclamaron a China pruebas de su paradero. Como ella, muchas mujeres chinas que decidieron alzar la voz han visto cómo los hechos se vuelven en su contra.
El movimiento mundial contra la violencia hacia las mujeres #MeToo apareció en China en el 2018, después de que un grupo de mujeres denunciaran casos acoso sexual por parte de profesores universitarios. La reacción de las autoridades fue bloquear de inmediato la etiqueta #MeToo, así como otras palabras clave relacionadas con el movimiento. El temor era no poder controlar a un movimiento de gran escala.
La Policía suele detener a conocidas activistas feministas. Es el caso de Sophia Huang Xueqin, arrestada en setiembre por “incitación a la subversión de Estado”, según Reporteros Sin Fronteras.
Grandes obstáculos
Aunque el presidente chino Xi Jinping insiste en el papel de las mujeres en el “desarrollo” y el “progreso social”, su ausencia en puestos clave del gobierno sigue siendo flagrante. Entre los 25 miembros del politburó del Partido Comunista solo hay una mujer. Y aunque el año pasado se aprobó una nueva ley para aclarar el concepto de acoso sexual, las denunciantes siguen topándose con grandes obstáculos.
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La tenista de élite Peng Shuai de China durante un partido individual femenino, en Zhuhai, en la provincia de Guangdong, en el sur de China. (STR/AFP)
“Siempre tienes que demostrar que eres honesta (...) y que no estás utilizando este asunto para ponerte por delante de otros”, afirmó, bajo condición de anonimato, una mujer que denunció una conducta sexual inapropiada hacia ella. Al contrario, para el acusado “es realmente muy sencillo” porque “puede simplemente negarlo y no necesita demostrar su inocencia”, dijo.
Los casos llevados a los tribunales suelen ser desestimados y la mayoría de veces, el acusado presenta una denuncia por difamación. Un ejemplo es el de Wang Qi, una trabajadora de la oenegé WWF que denunció en internet que su superior la había acosado en numerosas ocasiones.
En el 2018, fue demandada por difamación y condenada por un tribunal a pedir disculpas. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes y que podía haber “difundido mentiras”.
Los tribunales exigen a las presuntas víctimas que presenten pruebas mucho más sólidas que las aportadas por los acusados. Según un estudio de la facultad de Derecho de Yale, publicado en mayo, se suelen descartar los testimonios de familiares, amigos y colegas. Los investigadores advierten que esto desanima a “los empleadores o las víctimas (...) porque saben que se arriesgan a ser demandados y a tener que cumplir con una pesada demostración de pruebas”.
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Ataques personales
Las mujeres que denuncian acoso y agresiones sexuales también se enfrentan a ataques personales. Después de que el famoso periodista Zhang Wen fuese acusado de violación por una escritora anónima en el 2018, otras mujeres lo acusaron de acoso sexual. Zhang trató entonces de desacreditarlas en Internet, acusándolas de beber y de frecuentar muchos hombres.
Sin embargo, cuando sirve para su interés, el gobierno chino deja circular las acusaciones. Este verano, una empleada del gigante del comercio electrónico Alibaba acusó a su jefe y a un cliente de agresión sexual. El caso fue ampliamente cubierto y comentado por los medios de comunicación.
La empresa, en el punto de mira de las autoridades, despidió al director y se comprometió a combatir el problema de acoso. Sin embargo, una vez pasado el escándalo, la Policía cerró el caso, alegando que el acto de “indecencia forzada” del gerente no era delito.
