Londres. El Gobierno británico se asegurará de que “ninguna empresa que se beneficie de los trabajos forzados” de la minoría musulmana uigur en China “pueda hacer negocios en el Reino Unido”, afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

Mientras denunciaba la “barbarie” de Pekín, Raab aseguró ante el Parlamento que existen “pruebas de la escala y la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se están perpetrando en (la provincia china de) Xinjiang contra los musulmanes uigures”.

“Detención arbitraria, reeducación política, trabajos forzados, tortura, esterilización forzada”, enumeró.

Y anunció "una serie de nuevas medidas para enviar un claro mensaje de que estas violaciones de los derechos humanos son inaceptables, y para proteger a las empresas y organismos públicos del Reino Unido de cualquier implicación o vinculación con ellos".

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Estas ayudarán a asegurar que "ninguna organización británica, gobierno o sector privado, deliberada o inadvertidamente, se beneficie o contribuya a las violaciones de los derechos humanos contra los uigures u otras minorías en Xinjiang", agregó.

También se trata de "asegurarnos de que los productos resultantes de las violaciones de los derechos humanos no terminen en los estantes de los supermercados donde compramos".

Las relaciones diplomáticas entre Londres y Pekín son tensas desde hace tiempo debido principalmente a la situación de los opositores prodemocracia en Hong Kong, excolonia británica devuelta a China en 1997 bajo el compromiso de que conservaría sus libertades.

En este contexto, el embajador chino ante Naciones Unidas, Zhang Jun, pidió el martes al Reino Unido “que deje de interferir en los asuntos internos de China”.

Tras una intervención británica sobre los uigures en una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el diplomático chino denunció un ataque “puramente político” y “sin fundamento” de Londres.

Lupa sobre Xinjiang

Entre las medidas anunciadas por Raab, se incluirá “una revisión urgente de los controles de exportaciones” e importaciones procedentes de Xinjiang y “cualquier empresa que se beneficie de los trabajos forzados se verá excluida” de los contratos públicos.

Se elaborarán, asimismo, directrices para las empresas privadas, que podrán ser multadas si no pueden demostrar que sus importaciones de Xinjiang no están vinculadas a trabajos forzados y violaciones de los derechos humanos.

También Canadá anunció, horas más tarde, que prohibía la importación de productos sospechosos de ser fabricados con trabajo forzado de minorías étnicas en la agitada región china de Xinjiang.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores consignó que estaba “profundamente preocupado por las pruebas y los informes de violaciones de derechos humanos” contra los musulmanes uigures de Xinjiang y otras minorías étnicas en esa región autónoma del noroeste.

La prohibición de las importaciones y otras medidas, señaló el Gobierno canadiense, se implementa en coordinación con Londres y otros socios internacionales en defensa de los derechos de los uigures y para evitar que los productos fabricados “total o parcialmente” con trabajo forzado “ingresen a las cadenas de abastecimiento canadienses y mundiales”.

El gobierno de Ottawa aseguró que las medidas, que también incluyen controles de exportación, tienen como objetivo evitar que las empresas canadienses se conviertan “sin saberlo en cómplices” de violaciones de derechos humanos.

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Los uigures son el principal grupo étnico de Xinjiang, una enorme región de China que limita con Afganistán y Pakistán. Según expertos y grupos de derechos humanos, al menos un millón de uigures han sido detenidos en los últimos años en campos de reeducación política que se utilizan para trabajos forzados.

Pero el Gobierno chino lo niega y asegura que son centros de formación profesional diseñados para mantener a la población alejada de la influencia del islamismo, el terrorismo y el separatismo después de haberse registrado una serie de atentados atribuidos a los uigures.