Managua. La oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU instó este martes al gobierno de Nicaragua a cesar “la persistente represión” de opositores, luego de que partidarios del presidente Daniel Ortega asediaron dos templos donde huelguistas de hambre exigen la liberación de unos 139 presos políticos.

“El gobierno debe terminar con la persistente represión de la disidencia y las detenciones arbitrarias, y abstenerse de criminalizar y atacar a los defensores de los derechos humanos, opositores políticos y cualquier otra voz disidente”, afirmó Rupert Colville, vocero de Michelle Bachelet, la Alta Comisionada.

Nueve personas iniciaron una huelga de hambre el lunes en la Catedral de Managua, cuatro días después de que otro grupo de 11 mujeres hiciera lo mismo en una iglesia de Masaya, ambos en el marco de una campaña por la liberación de un centenar de opositores detenidos en las manifestaciones contra Ortega que estallaron el año pasado.

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Sin embargo, partidarios del gobierno irrumpieron con violencia en la catedral de la capital nicaragüense, luego de que fuerzas policiales bloquearan sus alrededores, denunció la Arquidiócesis de Managua.

"Grupos violentos afines al gobierno han ingresado y tomado el control de la Catedral de Managua. Al ser increpados por el padre Rodolfo López y sor Arelis Guzmán, estas personas respondieron con violencia" contra los religiosos, dijo la arquidiócesis, presidida por el cardenal Leopoldo Brenes, en un comunicado.

Los nueve huelguistas que estaban en la Catedral desde el lunes lograron refugiarse en instalaciones anexas de al edificio, donde pasaron la noche con mucha "angustia", indicó.

Los partidarios del gobierno también rompieron los candados del campanario y otros sitios de la catedral, condenó la Arquidiócesis, que consideró lo ocurrido una “profanación” y llamó al presidente Ortega a respetar los templos católicos.

José Merlo, vocero de los opositores en ayuno, responsabilizó “al gobierno de lo que les pueda pasar” a los huelguistas de la Catedral, entre los que figuran siete mujeres.

En tanto, la comisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creada para evaluar la crisis en el país centroamericano consideró que el gobierno volvió “inviable” la democracia en Nicaragua.

“La comisión entiende que los mecanismos de control y subordinación que el Gobierno de Nicaragua ha venido desarrollando hacia los demás poderes del Estado, incluidos los poderes Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral, entre otros, hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho”, concluyó el foro de Alto Nivel de la OEA.

Mientras que la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, pidió a la Iglesia católica apoyar la lucha contra el “capitalismo salvaje” y “abandonar los caminos que siembran odio”, en alusión a las protestas opositoras.

“A los sectores religiosos, según el mandato del santo padre, el papa Francisco, les urgimos a abandonar los caminos que siembran odio, separación y división”, exhortó la también primera dama y vocera del gobierno a medios oficialistas.

Una nueva campaña de protestas

La iglesia San Miguel de Masaya continúa, por su parte, sitiada por la Policía, que impide el acceso a donde están las huelguistas, y con los servicios de agua y luz cortados.

Ahí dos mujeres presentaban este martes signos de "debilidad" tras seis días de ayuno, y la Cruz Roja Internacional gestiona permisos con el gobierno para asistir a los huelgistas, dijo Merlo.

Los incidentes se produjeron después de que la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), que reúne a 92 grupos opositores, anunciara nuevas acciones de presión contra el gobierno en el marco de la campaña "Navidad sin presos políticos".

La oposición prevé realizar protestas rápidas, manifestaciones, huelgas de hambre simultáneas y un paro nacional en coordinación con la empresa privada para presionar por la liberación de 139 detenidos por participar en las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

El gobierno atribuyó las protestas a un fallido intento de golpe de Estado y Ortega ha acusado a los obispos católicos de “golpistas” por apoyar a los manifestantes que fueron heridos durante las revueltas, que buscaban la salida del mandatario, quien gobierna desde el 2007 bajo acusaciones de corrupción y nepotismo.

La represión estatal dejó al menos 325 muertos y cerca de 70.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha condenado la violencia en Nicaragua.

Según la disidencia sandinista, al menos 16 iglesias han sido “asediadas por la Policía y fuerzas de choque del gobierno” en los últimos días para impedir que la población use sus espacios para protestar.

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El lunes, un juez dictó prisión preventiva y admitió la acusación por cargos relacionados con tenencia de armas de fuego contra la líder estudiantil de origen belga Amaya Coppens y a otros 15 opositores que intentaron auxiliar con agua a las mujeres en ayuno en Masaya.

La Policía argumentó que los opositores trasladaban artefactos explosivos y armas y los acusó de pretender cometer "actos terroristas".

“Estamos muy preocupados que estas acusaciones aparentemente inventados constituyan un nuevo intento de sofocar la disidencia”, indicó la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU.