Barcelona. Los independentistas protestaban este jueves en Cataluña con marchas y bloqueos viales al inicio de una huelga general contra el juicio a 12 dirigentes de la región por la fallida tentativa de secesión de España en octubre del 2017.

Convocada por un pequeño sindicato independentista, Intersindical CSC, la huelga no tuvo un significativo seguimiento en la región, excepto en el sector educativo.

Aunque un poco lento, el transporte público funcionaba con aparente normalidad y la mayoría de comercios estaba abierto. El consumo energético, que se toma como referencia para evaluar el alcance de una huelga, disminuyó un 2,9% respecto al día anterior, informó el Gobierno regional.

Las mayores incidencias fueron los cortes intermitentes de decenas de calles y carreteras, entre ellas las autopistas que enlazan con Francia y Madrid, y la ocupación de algunas vías ferroviarias.

“Se comportan como si toda Cataluña fuera suya y pudieran hacer lo que quieran, paralizar toda la ciudad”, criticó Juan T., un contador de 50 años que no secundó la protesta.

La Policía intervino en algunos casos y detuvo a dos manifestantes. En estos incidentes hubo 22 heridos leves, entre ellos seis agentes, según los servicios médicos regionales.

Desde el 12 de febrero, el Tribunal Supremo de Madrid juzga a 12 dirigentes independentistas por la organización de un referendo ilegal de autodeterminación, el 1.° de octubre del 2017, y la posterior declaración de independencia fallida.

Nueve de ellos, en prisión preventiva, están acusados de rebelión, un grave delito que implica un “alzamiento violento”, extremo defendido por la Fiscalía pero fuertemente rebatido por los independentistas.

“Llevamos dos semanas y no se ha visto ninguna prueba de rebelión ni violencia”, expresó Jaume Solé, un ingeniero de 45 años que secundó la huelga y acudió a una protesta en el centro de Barcelona.

Divididos frente a huelga

Los sindicatos mayoritarios no apoyaron la huelga y el sector patronal criticó su “carácter político”. En cambio, recibió el respaldo de los partidos y asociaciones independentistas que llevan a cabo un ciclo de protestas contra la Justicia española a la que tachan de parcial.

El sábado, alrededor de 200.000 personas –según la Policía Municipal– marcharon por Barcelona en una manifestación encabezada por el presidente regional Quim Torra.

Su ejecutivo se solidarizó con los huelguistas y anuló todos los actos oficiales previstos para el jueves, aunque no decretó el cierre de la administración regional.

Por la tarde estaba prevista una manifestación en el paseo de Gracia de Barcelona.

Juicio en Madrid

En Madrid, el Tribunal Supremo se disponía este jueves a terminar los interrogatorios a los acusados, después de acelerar el ritmo de las sesiones para terminar el juicio antes de las elecciones legislativas anticipadas al 28 de abril.

El Ministerio Público los acusa de rebelión, malversación y desobediencia, y reclama penas de entre 7 y 25 años de cárcel en el caso del exvicepresidente regional Oriol Junqueras.

Según su acusación, los independentistas concertaron una estrategia entre el Gobierno autónomo, el Parlamento y asociaciones civiles para forzar ilegalmente la secesión de esta región del noreste de España.

Como prueba de la violencia expone el destrozo de varios vehículos policiales en una protesta el 20 de setiembre y el uso de ciudadanos como “muros humanos” contra la Policía enviada a impedir el referendo.

Ante el tribunal, los acusados reivindicaron el carácter pacífico del movimiento y restaron valor a la proclamación de independencia, argumentando que no tuvo valor jurídico.

En ese sentido, Santi Vila, exmiembro del Gobierno catalán procesado por malversación, aseguró este jueves que su estrategia “trataba de tensar la cuerda, pero que no se rompiera”.

Y Jordi Sánchez, entonces presidente de la influyente asociación ANC, criticó que los daños a los vehículos por parte de unos “pocos” individuos sean “la excusa para criminalizar y penalizar una manifestación”.

En su defensa, numerosos procesados argumentaron también que, entre la prohibición judicial del referendo y el mandato de sus electores (un 47% del total) de impulsar la autodeterminación, priorizaron el segundo.

Aunque sin citar directamente a los independentistas, el rey Felipe VI les rebatió el miércoles: “No tiene sentido, no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho”.