Adís Abeba. Al menos 600 civiles murieron en una “masacre” cometida el 9 de noviembre en la región independentista etíope de Tigré por grupos locales, apoyados por policías y una milicia, denunció este martes un organismo público de defensa de los derechos humanos.

El informe preliminar de la Comisión de Derechos Humanos Etíope (EHRC), independiente pero cuyo director es nombrado por el gobierno, acusó a una milicia informal de jóvenes de Tigré, así como a las fuerzas de seguridad locales, de cometer una “carnicería” contra trabajadores temporales agrícolas que no pertenecían a la etnia local.

La ONG Amnistía Internacional (AI) había informado previamente de que “probablemente centenares” de civiles habían sido apuñalados o asesinados con hachas, el 9 de noviembre en Mai Kadra, la mayor atrocidad conocida desde el comienzo del operativo militar lanzado por el Gobierno Federal el 4 de noviembre contra las autoridades regionales del Frente de Liberación Popular de Tigré (TPLF).

Por su parte, la EHRC acusó a una milicia informal de jóvenes del Tigré, denominada “Samri”, que contaría con el apoyo de fuerzas de seguridad locales vinculadas al TPLF, de haber atacado a campesinos de origen étnico Amhara y Wolkait, que trabajaban en granjas de sésamo o sorgo, “antes de replegarse frente al avance del Ejército Federal”.

“Durante toda la noche” los asesinaron con garrotes, cuchillos, machetes o hachas, o los “estrangularon con cuerdas”, saqueando y destruyéndolo todo, de acuerdo con la EHRC, que afirma que tales hechos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad y de guerra”.

Apoyándose en testimonios y en declaraciones de miembros del comité creado para enterrar a las víctimas, “la EHRC calcula que al menos murieron 600 civiles”, pero “el balance de víctimas podría ser mayor, puesto que aún hay algunas personas declaradas desaparecidas cuando la EHRC fue al lugar y muchos cadáveres podían verse semiocultos en los campos alrededor de Mai Kadra”.

La inhumación de las víctimas necesitó tres días, según su informe.

Naciones Unidas solicitó una investigación independiente para determinar qué fue lo que sucedió exactamente en Mai Kadra, puesto que los desplazamientos de periodistas a la zona están severamente restringidos.

Sin señalar directamente a los autores de la “matanza”, AI citó testimonios que la atribuían a las fuerzas afines al TPLF.

No obstante, los habitantes de Mai Kadra que lograron huir de los combates hacia Sudán, al igual que otros 40.000 etíopes, acusaron a las fuerzas del Gobierno Federal de haber cometido atrocidades en la localidad, escenario de intensos combates al comienzos del conflicto y desde entonces controlada por las fuerzas gubernamentales.

Ultimátum en progreso

Entretanto, el conflicto entre el Gobierno etíope y los rebeldes se encaminaba hacia una fase decisiva en el segundo día del ultimátum dado por las autoridades de Adís Abeba a los dirigentes del Tigré para rendirse.

El Ejército de Etiopía, tras haber progresado en varios ejes, afirmó estar en capacidad de lanzar la batalla de Mekele, la capital de la región, para expulsar de ella a los dirigentes del TPLF y reemplazarlos por una nueva administración.

El domingo por la noche, el primer ministro, Abiy Ahmed, dio a los dirigentes del Tigré un plazo de 72 horas para rendirse, al que el presidente del Tigré y jefe del TPLF, Debretsion Gebremichael respondió: “Somos un pueblo de principios, y estamos dispuestos a morir”.

Preocupa a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos la perspectiva de un asalto contra Mekele, que tiene 500.000 habitantes además de un número indeterminado de desplazados que se han refugiado ahí desde el inicio del conflicto.

“Mientras las tropas federales etíopes se preparan para asediar Mekele, Amnistía Internacional recuerda a todas las partes que atacar deliberadamente a civiles (...) está prohibido por el derecho humanitario internacional y constituye un crimen de guerra” afirmó en un comunicado Deprose Muchena, responsable en África del Este y Austral de esta ONG, que pide además que los civiles “no sean usados como escudos humanos”.

La Unión Africana (UA), cuya sede se halla en la capital etíope, nombró a varios enviados especiales, esencialmente expresidentes africanos, para llevar a cabo una mediación.

Pero el lunes el portavoz de la célula de crisis gubernamental para el Tigré, Redwan Hussein, reiteró el rechazo del Gobierno Federal a abrir negociaciones. El gobierno solo “hablará con estos enviados (...) por respeto a los dirigentes africanos”, manifestó.