Madrid. La Audiencia Nacional española empezará a juzgar el lunes a la cúpula de la Policía regional catalana por su papel en el intento de secesión del 2017, por el que nueve dirigentes separatistas fueron recientemente condenados a altas penas de cárcel.

El proceso coincide con los primeros pasos del nuevo gobierno del socialista Pedro Sánchez, que se comprometió a negociar con los independentistas catalanes y dejar atrás la batalla judicial emprendida contra el movimiento.

En el banco de los acusados se sentará el antiguo jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, el director y una intendente del cuerpo, así como un responsable del departamento de Interior del Gobierno catalán.

La Fiscalía pide 11 años de cárcel por rebelión para Trapero y los otros dos funcionarios policiales y políticos del cuerpo, Pere Soler y César Puig, y cuatro años por sedición contra la intendenta Teresa Laplana.

El proceso, que tendrá lugar en las afueras de Madrid, comenzará con la declaración de los acusados y se alargará hasta el 19 de marzo con la comparecencia de testigos policiales y políticos, entre ellos líderes separatistas actualmente encarcelados.

En el centro del juicio estará el papel de la Policía catalana en setiembre y octubre del 2017, cuando los dirigentes regionales impulsaron un referendo de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república independiente en Cataluña.

La Justicia acusa a los Mossos de cooperar con la dirigencia política y actuar con “total pasividad” a la hora de impedir la votación ilegal del 1.° de octubre, que quedó marcada por la violenta intervención de los cuerpos policiales dependientes del Gobierno español en los colegios electorales.

Trapero "no ha participado, no ha intervenido y no ha compartido el plan ideado (...) para alcanzar la independencia de Cataluña", reza el escrito de su defensa presentado al tribunal.

El mismo jefe policial defendió a sus agentes en su comparecencia en marzo del 2019 como testigo en el juicio del Tribunal Supremo contra los líderes políticos del movimiento.

Allí aseguró que el dispositivo policial “no tenía ninguna intención de facilitar el referendo” y denunció la “irresponsabilidad” de los dirigentes separatistas por llevar adelante una votación prohibida por la Justicia.

Y, en uno de los momentos estelares de ese importante proceso, desveló que sus hombres estaban listos para detener al expresidente regional Carles Puigdemont, quien huyó a Bélgica tras la fallida declaración de independencia.

En octubre, el Tribunal Supremo anunció penas de entre 9 y 13 años de cárcel para nueve de los dirigentes juzgados, sentencia que provocó fuertes protestas, en ocasiones violentas, en esta región del noreste de España.

Pero, en un posible precedente favorable para Trapero, descartó la acusación de rebelión formulada por la fiscalía contra los acusados y la rebajó a sedición, con condenas más suaves.

En medio de la distensión

El proceso llega en un momento de distensión en las relaciones entre el Gobierno español y los separatistas catalanes, comprometidos a iniciar un diálogo para solucionar este largo conflicto provocado por el auge del independentismo en la comunidad autónoma.

Recientemente reconducido al poder gracias en parte al apoyo de un partido independentista, Pedro Sánchez se comprometió a crear una mesa de negociación con el gobierno regional catalán y a dejar de llevar sistemáticamente a la justicia las iniciativas del separatismo como había hecho anteriormente el conservador Partido Popular.

En esta línea, Sánchez colocó a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, al frente de la Fiscalía General del Estado.

Este órgano puede tener influencia en las causas todavía abiertas por el intento de secesión del 2017, la principal de ellas contra los integrantes del órgano de dirección del Parlamento catalán, y la hipotética concesión de un régimen de semilibertad para los separatistas encarcelados.