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Familiares y amigos de Bismarck Martínez lo sepultaron el lunes 17 de setiembre del 2018 en Masaya, Nicaragua. Murió tres meses después de ser herido en protestas antigubernamentales. (AFP)
Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo el martes que pidió protección para más de un centenar de personas en Nicaragua desde el inicio de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega hace cinco meses, y llamó al Estado a garantizar su cumplimiento.
La CIDH, órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dijo que emitió 23 resoluciones para proteger en forma directa a 114 personas que se encuentran “en riesgo grave y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos”, y en muchas solicitó además proteger a sus familiares.
"La Comisión insta al Estado de Nicaragua a implementar de manera efectiva e inmediata las medidas cautelares otorgadas", indicó en un comunicado.
Según indicó, personas beneficiarias de esta protección “continúan siendo objeto de actos de violencia y hostigamiento” y algunas incluso debieron irse del país en vista de las amenazas.
La CIDH publicó una reseña de las últimas medidas cautelares adoptadas a partir de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), desplegado en el país luego de su visita en mayo para evaluar la situación humanitaria derivada de las manifestaciones.
Entre los beneficiados hay defensores de los derechos humanos, líderes de movimientos sociales y organizaciones civiles opositoras, religiosos y participantes en las protestas.
Además, figura Cristian Medina Sandino, rector de la Universidad Americana en Managua, quien según la CIDH “habría tenido un rol visible en el marco de la muerte de la estudiante brasileña Rayneia Lima”, ocurrida en julio y atribuida a fuerzas paramilitares que persiguen a los manifestantes contra el gobierno.
La CIDH pidió además al gobierno de Ortega informar sobre las acciones emprendidas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a las medidas cautelares.
La entidad ha denunciado graves violaciones a los derechos humanos desde que estallaron las protestas en Nicaragua el 18 de abril, que se iniciaron contra una reforma al sistema de pensiones y derivaron en pedidos de renuncia de Ortega y llamados a elecciones anticipadas.
