Santiago. El futuro de tres jueces de la Corte Suprema de Chile que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad está en manos de la Cámara de Diputados, que debatirá hasta entrada la madrugada del viernes un pedido para inhabilitarlos en un inédito conflicto entre poderes.

Los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, de la Corte Suprema, otorgaron libertad condicional el 31 de julio a seis militares y un policía retirados, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos, al considerar que cumplían con todos los requisitos tras haber cumplido gran parte de sus condenas.

La máxima corte de justicia del país acogió varios recursos de amparo para otorgarles la libertad condicional a los condenados de violaciones a los derechos humanos, tras establecer que no existían impedimentos para otorgarles dicho derecho.

Sin embargo, agrupaciones de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet protestaron por lo que, aseguran, viola la legislación internacional, en particular el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, en materia de crímenes de lesa humanidad.

"Es un triunfo de la dignidad del Parlamento que no renunció a usar sus facultades", para decir no a la impunidad, dijo el diputado socialista, Jaime Naranjo, tras la votación que extendió la jornada y desató la euforia de activistas por los derechos humanos que siguen desde las gradas la sesión.

Ante la polvareda que levantó la decisión de los jueces en un país donde siguen abiertas las heridas que dejó el golpe militar del 11 de setiembre de 1973, un grupo de legisladores de izquierda presentó ante el Parlamento una acusación constitucional por “notable abandono de deberes” al considerar que los magistrados incumplieron la legislación internacional.

La decisión de los jueces no solo se "hace cómplice de la impunidad", aduce Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, sino que "da la espalda al derecho internacional y violenta tremendamente a quienes hemos luchado por cimentar el nunca más".

El primer paso hacia la inhabilitación lo dio este jueves una comisión de cinco parlamentarios que resolvió por 4 votos contra 1 recomendar al plenario que apruebe la acción presentada por legisladores del Frente Amplio y la Nueva Mayoría contra los 3 jueces.

La Cámara de Diputados tendrá que pronunciarse ahora sobre la admisibilidad de la acción, aunque la última palabra sobre la eventual inhabilitación de los magistrados recaerá en el Senado.

Choque de poderes

Se trata de un conflicto sin precedentes entre los poderes Judicial y Legislativo, que considera que lo que está en juego es “la vigencia del Estado de Derecho” y la autonomía de la judicatura, aseguran analistas.

Desde la llegada de la democracia, solo un juez, Hernán Cereceda, fue destituido en 1992 por negarse a investigar la desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso Chanfreau.

Uno de los liberados, el coronel retirado Moisés Retamal cumplía una condena de seis años de cárcel por el secuestro calificado de tres ciudadanos uruguayos a pocos días del golpe de Estado que encabezó Pinochet para derrocar al gobierno del socialista Salvador Allende.

Los uruguayos fueron detenidos por la Policía cuando estaban escondidos en una mina abandonada cerca de la localidad de San José de Maipo, en el este de Santiago, cuando intentaban cruzar la cordillera de Los Andes para escapar a Argentina. Fueron torturados y luego desaparecidos.

Otro de los favorecidos por la decisión de los jueces fue el expolicía Gamaliel Soto, condenado como cómplice del secuestro de un médico que permanece desaparecido desde 1973, y el exmiembro del Ejército chileno, Manuel Pérez, condenado como cómplice del secuestro del exquímico de los servicios secretos de la dictadura Eugenio Berríos, en 1991.

También se beneficiaron el exbrigadier del Ejército, Emilio de la Mahotiere, condenado a tres años y un día como cómplice y encubridor de asesinatos, así como otros cuatro exoficiales.

Unos 122 condenados cumplían condena en la cárcel especial para represores de Punta Peuco a julio de 2017, según un Informe de Derechos Humanos del 2017 de la Universidad Diego Portales.

Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir las condenas en su contra, conseguir la libertad provisional o alegar inconstitucionalidad en sus casos.

Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990) unas 3.200 personas murieron o desaparecieron, mientras que unas 38.000 fueron torturadas, según datos oficiales.