EscucharSan Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, este martes 19 de julio, una nueva prórroga del régimen de excepción en el país centroamericano, a petición del gobierno de Nayib Bukele. La iniciativa fue aprobada con 67 votos y entrará en vigencia a partir del 25 de julio del 2022.
Con la prórroga de esta medida, seguirán suspendidas en El Salvador las garantías de libre circulación, la libertad de asociación, el derecho a la defensa, el plazo de detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de las comunicaciones. Esta es la cuarta vez que se aprueba extender el régimen de excepción.
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Según las cifras oficiales, ya se reportan más de 46.000 detenciones, más de 1.103 armas decomisadas, 1.314 vehículos incautados, $1 millón decomisado y 49.105 porciones de droga confiscadas. Los miembros del gabinete de Seguridad presentaron, la mañana de este martes, la iniciativa que contenía la prórroga.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró su apoyo a la medida, la cual ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil, que señalan más de 3.000 violaciones a derechos humanos.
Caleb Navarro, del partido oficialista Nuevas Ideas, aseguró que El Salvador “ha dejado de ser el país más peligroso del mundo” gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, la opaca estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
También el diputado oficialista Carlos Hermann Bruch defendió la extensión del régimen “porque queremos que El Salvador esté libre de estas mafias”, y aseguró que la “guerra contra las pandillas seguirá, nos metan en las listas que nos metan”.
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Según cifras oficiales, 46.000 personas han sido detenidas desde que entró a regir la medida, que ha sido ampliamente criticada por la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil. (Miguel Vaquerano)
El régimen, que suspende cuatro derechos constitucionales, fue prorrogado por tercera ocasión el pasado 22 de junio, y entró en vigencia el 24 de ese mismo mes. Debido a que se mantendría por 30 días, su fin estaba previsto para el próximo 24 de julio.
No obstante, según Castro, las condiciones para permanecer en un régimen de excepción “se mantienen”. El presidente del Congreso citó el asesinato de David Álvarez, un militar de la Fuerza Armada, durante un enfrentamiento con pandillas. “No estamos combatiendo a unos niños cantores del coro de una iglesia; el país está en una guerra contra pandilleros terroristas”, afirmó.
Por ello, dijo, “esta nueva Asamblea va a estar apoyando todas, y repito, siempre vamos a estar apoyando absolutamente todas las iniciativas que vengan del presidente Nayib Bukele a través del gabinete de seguridad sobre este tema”.
Al aprobar esta prórroga, será la cuarta vez que la Asamblea Legislativa autoriza al gobierno salvadoreño a limitar las cuatro garantías constitucionales.
Según augura el gobierno en su solicitud, poner fin al régimen de excepción “propiciaría un retroceso de los avances y permitiría la reorganización de los grupos terroristas” en El Salvador. Para las autoridades, esta es suficiente razón para mantener el régimen por 30 días más, amparándose en el artículo 29 de la Constitución del país.
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Actualmente, más de 36.000 detenidos han sido enviados a prisión provisional. Entre esos arrestos, más de 3.000 personas han denunciado ser víctimas de violaciones a derechos humanos, como torturas, maltratos, detenciones arbitrarias y, al menos, 63 muertes en centros penales, según documentó la organización Cristosal.
La legisladora opositora Claudia Ortiz, del Partido Vamos, aseguró que estas víctimas del régimen “no son errores, son vidas de inocentes. y un aparato judicial que encierra inocentes y no le importa dejarlos morir es un sistema ineficiente, incapaz, inmoral y maligno”.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) del país ha documentado un total de 2.673 denuncias. El presidente Nayib Bukele reconoció que existe “un margen de error” del 1% en las capturas. En tanto, el vicepresidente Félix Ulloa afirma que son solo “un daño colateral” en la guerra contra las pandillas.
