Mario Umaña, especialista del BID: Mercados más competitivos tienen alto impacto social con bajo costo fiscal

Tener mayor competencia en los mercados puede ayudar a bajar precios, la pobreza y el déficit fiscal. Estos son algunos frutos, que según Mario Umaña, experto en competencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el país podría obtener al reforzar la Comisión para Promover la Competencia, como lo propone el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica.

Umaña compartió en una entrevista con La Nación, el martes 16 de julio, sus opiniones.

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-¿Cómo puede ayudar la competencia versus la canasta básica a los pobres en Costa Rica?

-Puede ayudarle muchísimo. En el tema fiscal, de gravar o no con IVA productos de la canasta básica es una decisión importante, pero no es lo que va a mover la aguja para el consumidor.

"Nuestros consumidores de menor poder adquisitivo compran bienes y servicios, muchos de los cuales están en mercados donde hay problemas de competencia.

"Si el problema de competencia, por ejemplo, fuera un cartel, un acuerdo entre competidores, eso podría significar que los precios que están pagando esos consumidores sean 30% o 40% más altos de lo que debería estar pagando.

“Hay un potencial enorme de un adecuado uso de la legislación de competencia para hacer que esos mercados, que hoy no son tan competidos lo sean, y por lo tanto esos precios comiencen a bajar, esto conlleva un impacto social, enorme, con un costo fiscal casi cero, porque el costo anual de mantener una autoridad de competencia fuerte, es casi cero comparado con el monto del presupuesto nacional”.

-En Costa Rica, tenemos productos con aranceles, arroz, azúcar; con monopolio estatal, alcohol, distribución de combustibles, electricidad; sujetos a contingentes, carne de pollo, cerdo; barreras arancelarias y una comisión que parece débil ante la variedad de formas de protección. ¿Cómo le valora usted?

-Usted mencionaba algunos de los mercados, especialmente de alimentos, no mencionó el de medicamentos, pero podríamos ponerlo ahí también.

-¿En ese caso serían barreras…?

-En medicamentos hay de todo, hay problemas del mercado, de concentración en el mercado, pero en general, en muchos de estos mercados los problemas de competencia no son necesariamente provocados por conductas de los agentes, de las firmas que están en ese mercado, sino que están provocados por barreras regulatorias legales que llamamos arancelarias y algunas no arancelarias.

"Estas barreras son todavía más difíciles de brincarse que las barreras que ponen los agentes económicos, que son provocadas por conductas, entonces la autoridad de competencia tiene que ponerle mucha atención, y esa es la labor que se llama de abogacía (eliminar barreras regulatorias).

“En los últimos años, por la debilidad de la autoridad de competencia, esa labor de abogacía no ha sido muy efectiva, pero una de las cosas que hay que hacer, y con el reforzamiento de la autoridad, es definitivamente un incremento de esa actividad de abogacía para identificar las barreras en cada uno de esos mercados y emitir opiniones y para apartarse de esas opiniones, las entidades públicas que están poniendo esas barreras deberán explicar por qué se van a apartar”.

-Usted mencionó el caso de medicamentos. ¿Cómo hacemos en ese sector?

-Hay una tendencia enorme a que haya problemas, por varias razones. Uno, la mayoría de los medicamentos nacen con protección de propiedad intelectual (el que hizo la invención va estar protegido por un número de años).

"Segundo, los laboratorios no le venden directamente a las farmacias, al menos que estén integrados verticalmente, venden a través de distribuidores, que son pocos.

"Y en las farmacias lo que ha venido pasando es que antes eran muchísimas independientes. Ese modelo ha venido cediendo a modelos donde son grandes cadenas que dan ese servicio de venta final, ese mercado de venta final también se ha ido concentrando.

"¿Qué es lo que debería hacerse? Y la autoridad de la competencia podría contribuir, uno es vigilar las conductas ilegales de empresas, segundo vigilar que las concentraciones que se den, que las fusiones produzcan eficiencias y fomentar al máximo la entrada a los mercados.

-Usted mencionó las licitaciones. En Costa Rica, tenemos un Estado que compra cerca de un 16% del PIB, con un déficit fiscal grande. Hasta donde conozco la comisión en Costa Rica no ha entrado mucho en ese sector.

-Está comenzando a entrar, pero debería entrar mucho, y no para vigilar todas las compras públicas, porque es imposible, pero sí enfocarse en los grandes compradores del Estado.

“Asesorar a estas entidades contratantes, a esas proveedurías de esas entidades, para que, desde que se diseña el pliego de licitación, en ese diseño ahí está la clave, porque cuando uno diseña algo de una forma tan específica, para ponerle nombre y apellidos, ahí de entrada está limitando la competencia, casi que le está dando la licitación a uno de los posibles participantes, eso hay que vigilarlo”.