EscucharNuevamente fue discutido y votado el proyecto de Ley Marco de Empleo Público en el legislativo esta semana. Se trata de la segunda aprobación en primer debate de esta importante reforma estructural y, además, pilar fundamental dentro de los compromisos pactados con el FMI en el marco del acuerdo firmado para procurar el ajuste que asegure la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales.
La reforma es un paso fundamental para el abordaje de un tema crucial para el sector público costarricense: la forma en cómo se gestiona el recurso más importante en las administraciones públicas, que está constituido por las personas que, con su trabajo, esfuerzo y conocimientos, se encargan de prestar los servicios que las instituciones gubernamentales proveen a la ciudadanía. Por eso, más que por lo que significa en lo pactado con el Fondo –la llave para el desembolso de importantes recursos externos para la financiación de los presupuestos gubernamentales del año próximo– es que su aprobación no debería esperar más.
Llegados de nuevo a este punto y con importantes hitos jurídicos y políticos aún por superarse para que esta iniciativa sea finalmente ley de la República conviene preguntarse, otra vez, ¿por qué es necesaria una reforma al empleo público en el país? ¿por qué el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa va, sin duda, en la dirección correcta?
Primero, esta reforma es fundamental para el mejoramiento de la acción gubernamental; dentro de lo cual, el asegurarse la atracción de talento humano y profesional a las administraciones públicas es fundamental y esto pasa, necesariamente, por garantizar remuneraciones competitivas, medición de desempeño objetiva y apropiados incentivos tanto premios como castigos- en función de los resultados que entreguen los funcionarios fiscales.
En esta dirección, el moverse hacia un esquema de salario global y un mecanismo de medición de desempeño moderno y efectivo serán cambios significativos frente al escenario actual, en donde remuneraciones basadas en antigüedad impiden que, especialmente en el Gobierno Central, se atraiga talento joven y, que sin apropiados incentivos se dependa de la ética de trabajo y de la responsabilidad individuales –que ciertamente hay mucha en el sector público– para que los habitantes disfruten de una acción pública efectiva y de calidad.
La segunda razón para aplaudir esta ambiciosa reforma tiene que ver con la equidad y el fortalecimiento de la gobernabilidad. A lo largo del tiempo, principios incluso constitucionales de independencia y autonomía han conducido a que, en una interpretación que termina derivando en abusos, las políticas de remuneración en muchas instituciones públicas terminaran siendo capturadas por grupos de interés conduciendo a excesos y disparidades injustificables en los niveles salariales, al punto que en un reflejo extremo de irresponsabilidad de los administradores de turno han llevado a algunas de ellas a problemas de sostenibilidad económica y financiera.
LEA MÁS: Competencia perfecta: Hora de la transparencia y claridad
La discusión no debería centrarse en analizar abstractamente acerca de los principios de autonomía e independencia, sino en cómo garantizar mecanismos de gobernanza y de rendición de cuentas que impidan que rentas ilegítimas terminen siendo distribuidas a vista y paciencia de las autoridades –y en ocasiones con su complicidad– en detrimento de la confianza de los habitantes en lo gubernamental y en el sistema político. Son dos discusiones diferentes, querer asimilarlas será, sin duda una estrategia de algunos grupos para polarizar e interrumpir de facto el proceso democrático de toma de decisiones. Y resulta particularmente que las altas burocracias gubernamentales recurran a estas estrategias para frenar una reforma de esta envergadura sólo para proteger sus intereses.
Finalmente, es vital superar el argumento equivocado de que la reforma es fundamentalmente fiscalista. Sin duda, las remuneraciones han sido un disparador clave del gasto y del déficit gubernamentales en los últimos años, pero la reforma al empleo público debe atender primero el objetivo de mejorar el funcionamiento gubernamental, insuflar transparencia, equidad y sostenibilidad a la política de empleo y salarios y no pensarse sólo como una forma de recortar gastos.
La discusión legislativa y política, en general, no ha sido sencilla y muchos grupos de interés siguen procurando obstruir la reforma, no siempre con argumentos o instrumentos éticamente válidos. Ojalá se imponga un clima de discusión reposado, basado en evidencia y, sobre todo, profundamente democrático que impida que grupos políticos o de interés terminen secuestrando el proceso legislativo y conduciendo a puntos muertos y vetos de facto. Sigo sosteniendo que más que por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ésta será la reforma por la que sea recordado el presidente Alvarado.
