La crisis económica inducida por el SARS-Cov-2 y la fragilidad de unas finanzas gubernamentales altamente deficitarias, con una alta y creciente deuda y un proceso de ajuste que recién iniciaba, pero que se antojaba excesivamente tímido y gradual, anticipan meses muy complejos adelante.
La clave en el corto plazo, sin duda, será el acceso al financiamiento, tanto el que se obtenga de fuentes externas como el proveniente del mercado local. El lograr cerrar con éxito y sin turbulencias la brecha de recursos que requiere el Gobierno Central en el 2020 y, particularmente, en el 2021 requerirá comunicación transparente y altas dosis de articulación y responsabilidad políticas de parte de las autoridades, en especial, del Ministro de Hacienda y de la cabeza del Ejecutivo, el Presidente de la República.
Sin esos ingredientes resultará difícil – si no imposible – generar la confianza necesaria para navegar las turbulentas aguas que se tienen adelante.
Comunicación con transparencia. La claridad con que se transmitan los mensajes de política económica, en especial los fiscales – será fundamental. El Ejecutivo debe, primero, definir cuál es la ruta elegida para el ajuste y la estrategia de financiamiento para el 2020 y 2021 y luego comunicarla de manera directa y transparente. Mensajes parciales, confusos o, peor aún, contradictorios entre diferentes autoridades ventilados en los medios de comunicación, no hacen ningún bien y por el contrario contribuyen a alimentar las dudas y la especulación de manera innecesaria. Cada paso en falso en comunicación generará tensiones en los mercados en los que se financia el Gobierno y aumentará sus costos de financiamiento.
Articulación y, sobre todo responsabilidad políticas. Aunque parezca de Perogrullo, ciertamente el diseño de las acciones necesarias para que las finanzas gubernamentales regresen a una senda de sostenibilidad tiene un alto componente técnico, pero nunca se toman en el vacío desde la perspectiva social o política. Siendo así, la elección de las medidas y la secuencia de su implementación requerirán de una cuidadosa articulación con los diferentes operadores políticos y de que sean acuerpadas – adoptadas como suyas e impulsadas sin espacio a dudas – por el Presidente de la República y el resto del Ejecutivo.
Esto supone al menos dos elementos, primero, que el Ejecutivo en su conjunto entiende los retos y peligros que entraña la situación actual y, segundo, que se hace responsable políticamente de las consecuencias de las acciones que deban tomarse y, especialmente, de las que omita o posponga.
Una vez decidida la ruta de la política económica, el Presidente de la República y todo su gabinete deben mostrar compromiso y congruencia con dicha agenda, evitando caer en la tentación de la cómoda – y conveniente, electoralmente hablando – posición de árbitro entre las partes y, por supuesto, mucho menos tolerando que parte alguna del Ejecutivo se se comporte como un grupo de interés, debilitando las políticas adoptadas.
Nuestro problema principal no es, en abstracto, el desequilibrio en las finanzas gubernamentales, en realidad es la incapacidad política de hacernos responsables de él y de alcanzar acuerdos para remediarlo. No hay muchos espacios adicionales, la política de la evasión nos conducirá a una crisis si no se actúa ya.