Los cambios en los balances de poder en el Legislativo y el Ejecutivo producto del último proceso electoral parecen configurar un escenario en que retornarán al debate público con fuerza los temas relacionados con la reforma del Estado.
Ésta es, sin duda, una discusión necesaria, pero deben tenerse ciertos cuidados a la hora de abordarla para no convertirla en un ejercicio vacío e intrascendente típico de nuestra débil cultura de deliberación política o en un argumento más que alimente la polarización sin sentido que destruye la convivencia democrática.
Las reformas institucionales que surjan de estos procesos deben estar centradas genuinamente en el objetivo de satisfacer las demandas legítimas de la ciudadanía, no hacerlo por error o por omisión, conduciría a seguir sembrando dudas y descontento en ella.
Esto supone enfatizar en la preminencia de los objetivos colectivos por sobre los individuales y requiere transparentar y mantener a raya con firmeza todos los intereses, tanto los de los grupos que procurarán mantener el status quo por beneficiarse de él, como de los que ven en los cambios oportunidades para extraer o redistribuir ilegítimamente rentas o incluso, guiados por instintos más básicos e identitarios, utilizan estas reformas como medios para cobrar venganza por lo que interpretan como abusos e injusticias perpetrados por otros.
Las reformas institucionales tampoco pueden estar centradas sólo en objetivos fiscalistas. Diseñarlas sólo con el objetivo de reducir los presupuestos es un sin sentido, suele ser síntoma de una preocupante estrechez de miras acerca del rol de las políticas públicas y habitualmente terminar, como no pocas veces ha ocurrido en el pasado con las medidas de ajuste, en una situación peor en términos del objetivo prioritario que es la satisfacción de las demandas ciudadanas.
Esto no significa despreocuparse por los equilibrios presupuestarios o por el adecuado uso de los recursos colectivos, sino simplemente entender que mejores servicios e intervenciones públicas no se obtienen simplemente recortando presupuestos sino asignándolos y ejecutándolos con eficiencia y cuidando, sobre todo, la calidad y oportunidad de su provisión a la población.
Las estructuras de gobernanza –los órganos de dirección, los controles y los diferentes grados de autonomía o desconcentración– importan y mucho; es un error profundo el que sean vistas como simplemente un costo o una barrera que entorpece la toma de decisiones, pues cumplen roles fundamentales como pesos y contrapesos a los poderes de las autoridades políticas, añaden –cuando son bien diseñados– elementos técnicos para la toma de decisiones, son cruciales para la transparencia y rendición de cuentas y al propiciar la especialización evitan que ciertas políticas públicas caigan en el olvido de los jerarcas por descuido, falta de tiempo o desinterés.
Los espacios y los equilibrios políticos parecen ser propicios para retomar la discusión pública en torno a la reforma del Estado, pero como sociedad debemos ser cuidadosos de acometer esta tarea con seriedad y responsabilidad pensando en mejores políticas públicas para el bienestar colectivo.