El retraso en la aprobación de préstamos con organismos internacionales le costará a Costa Rica el pago adicional de $675 millones en intereses de deuda interna, reveló el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al presentar los resultados fiscales del 2021.
Lo que ocurrió fue que Hacienda debió salir a financiarse de forma adicional en el mercado costarricense luego de que dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se tramitaban en el Congreso se aprobaron al filo del cierre de año. Los préstamos, por un total de $500 millones, tuvieron la autorización de los diputados hasta el 20 de diciembre.
Sin embargo, el 23 diciembre solo entraron $250 millones de uno de los créditos. El otro desembolso está pendiente pues su entrega está condicionada a la aprobación de la ley de empleo público, la cual está en consulta en la Sala Constitucional luego de haber sido avalada en primer debate por 36 diputados, el 7 de diciembre.
Aparte de esos $250 millones, tampoco ingresó el segundo desembolso, por $293,5 millones, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues siguen pendientes de aprobación varios proyectos de ley pactados con ese organismo.
Villegas también mencionó los $245 millones del préstamo del BID que el Congreso rechazó, a finales del 2020, y de los cuales el Poder Ejecutivo tenía previsto utilizar una parte el año anterior.
Explicó que, ante la ausencia de esos $788 millones tuvieron que captarlos mediante subastas de títulos valores de deuda interna a una tasa de interés promedio de tres puntos porcentuales (p. p.) por encima del interés de los préstamos del BID y FMI.
“Ese costo adicional en la tasa (de la captación frente a los créditos) implica un pago de $45 millones al año en intereses, es decir, unos $675 millones adicional por el plazo de 15 años de los créditos. Ese es el costo de no contar con estos créditos”, explicó Villegas.
La previsión de Hacienda, a comienzos del año pasado, era obtener un financiamiento total equivalente al 13,5% de producto interno bruto (PIB) en una mezcla de deuda local y externa.
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En captaciones locales, el objetivo era del 8,8% de la producción, o sea, ¢3.140.677 millones. Sin embargo, al cierre del año pasado, el dinero que el Gobierno pidió prestado fue equivalente al 10,2% de la producción, ¢3.953.285 millones, informó la entidad.
Los ¢812.608 millones de diferencia entre la proyección inicial y el cierre de año, casi $1.300 millones, fue el monto adicional captado en el mercado interno.
En tanto, el financiamiento previsto con organismos multilaterales iba a ser equivalente al 4,7% del PIB, pero al final solo correspondió a 1,9%.
Villegas añadió que, dada las necesidades de llenar el faltante de dinero, no podían esperar a las aprobaciones de los diputados, por lo cual hicieron las captaciones en el mercado local.
Para el economista José Luis Arce el atraso con los préstamos de apoyo presupuestario ocurrió por la oposición de algunos partidos políticos, pero también por las demoras del Poder Ejecutivo en presentarlos a la Asamblea Legislativa.
“Los efectos del retraso son haber desperdiciado una oportunidad de mejorar el perfil de la deuda gubernamental y contribuir a una mayor velocidad del proceso de ajuste”, sostuvo Arce.
Resultado fiscal
Los retrasos en financiamiento con el BID y FMI no implicaron un desajuste en el resultado financiero del Gobierno Central en el 2021, principalmente, porque se dio una contención del gasto.
Al cierre del año pasado, el déficit fiscal del Ejecutivo llegó a 5,18% del PIB, una reducción de 2,85 puntos porcentuales (p.p.) frente al resultado financiero negativo de 8,03% en el 2020.
En términos absolutos, el hueco fiscal cerró en ¢2.008.817 millones (¢2 billones) el año pasado, frente a ¢2.905.930 millones (casi ¢3 billones) en el 2020, según los datos de Hacienda.
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Las cifras fiscales muestran que el Ejecutivo finalizó con un déficit primario del 0,28% de la producción, es decir, ¢107.597 millones. El balance primario es el resultado de los ingresos menos los gastos, sin tomar en cuenta el pago de la deuda pública gubernamental.
Villegas aseveró que el menor déficit permitió que el endeudamiento del Poder Ejecutivo fuera equivalente al 70,3% de la producción, cuando se preveía 72,1%.
El mandatario Carlos Alvarado destacó que el resultado del 2021 significa que el Ejecutivo gastó prácticamente lo que recaudó. “Desde el 2008 no se daba un resultado primario así. Esto es algo muy importante para el país porque nos permite recuperar esa estabilidad en las finanzas”, señaló junto a Villegas al presentar los resultados en una conferencia de prensa en la Casa Presidencial.
Alvarado agregó que la mayor parte del déficit fiscal se registró porque el Gobierno tuvo un pago de intereses de deuda muy relevante. Los datos detallan que el pago del servicio de la deuda pública fue equivalente al 4,90% de la producción, es decir, ¢1.901.220 millones.
¿Qué influyó?
La baja del déficit fiscal del 2021, respecto al 2020, se consiguió por una combinación de factores. Hacienda explicó, por ejemplo, que el ciclo de declaración de impuestos sobre la renta, para empresas y personas, fue de 15 meses, en vez del año calendario. Esta situación respondió a una transición en el periodo fiscal, que pasó a ser el año natural, como se estableció en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en diciembre del 2018.
Este cambio implicó que los ingresos tributarios del Ejecutivo ascendieran, durante el año pasado, a ¢5.566.249 millones, es decir, el equivalente a 14,36% del PIB. Mientras que, en el 2020, hubo un fuerte impacto a raíz de la pandemia y ascendieron a ¢4.341.329, es decir, el 12% de la producción. También la denominada ley “Pagar” implicó que varios órganos desconcentrados trasladaran al Gobierno Central un superávit presupuestario de ¢107.000 millones.
“El resultado fiscal se logra por una contención del gasto, principalmente por la regla fiscal, y por un tema coyuntural dado que en marzo del 2021 ingresaron los impuestos de 15 meses, los cuales no ingresaron en el 2020 por el cambio del año fiscal”, destacó el economista Vidal Villalobos.
Agregó que el mayor crecimiento durante el año pasado, ajustado en varias ocasiones por el Banco Central, tiene un el efecto de reducir la métrica de deuda gubernamental, por el incremento de la producción.
Derrotero
El ministro de Hacienda dijo que para este año y el 2023, las principales amenazas para la estabilidad financiera gubernamental serán la pandemia y la falta de decisiones respecto a los proyectos de ley que generen mayores ingresos al fisco, como los cambios en el impuesto sobre la renta y de casas de lujo. También si se diera un “retoque pequeño en la regla fiscal “, en la vía legislativa, porque borraría todo el esfuerzo de los últimos cuatro años.
“Los acuerdos con el Fondo Monetario son de gran importancia. Recordemos que el ajuste fiscal era de 3,4% del PIB, de los cuales 1,2% del PIB eran de ingresos nuevos, pero ahora podemos afirmar que solo se requiere de 0,7%, dado el ajuste en los gastos. Estamos a tan poco de llegar a la orilla, que no vale la pena ahogarse en la orilla”, dijo Villegas.
Las proyecciones de Hacienda para el 2022 son finalizar con un superávit primario de 1,2% de la producción y un déficit fiscal de 4% del PIB. Para el 2023, el balance primario se elevaría a 1,8% del PIB y el déficit financiero sería de 3,1% de la producción, siempre y cuando se apruebe la agenda pactada con el FMI.
Estos resultados tendrían el efecto de reducir el endeudamiento gubernamental dado que se prevé cierre en el 70,3% de la producción, ese año, y en 69,8% del PIB, en el 2023.