La falta de competencia y la fijación de un precio único en la distribución minorista de combustibles le cuesta a Costa Rica un pago adicional correspondiente a 1,35 puntos porcentuales de su producto interno bruto (PIB), es decir, casi ¢500.000 millones anuales actualizados al 2019, según un estudio contratado como parte del proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En vista de eso, se propone liberalizar ese mercado, pues la excesiva regulación impide la competencia entre estaciones de servicio y el eventual beneficio al consumidor, tanto en el estudio como en los comentarios sobre el documento emitidos por la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), un ente adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
Este análisis fue encomendado a consultores independientes y financiado con recursos de la cooperación europea, por lo cual fue declarado como confidencial. Empero, el compromiso con la OCDE exige los comentarios de la Coprocom, en los cuales analiza lo concluido por los especialistas contratados.
“Existe un alto costo social de tener una regulación de precio único basada en costos promedios de la industria en el caso de Costa Rica. Dicha regulación le cuesta a la sociedad no menos de 1,35 puntos porcentuales del PIB para el año 2016 si lo comparamos con el mejor país de referencia Inglaterra”, concluye el estudio citado por Coprocom. La OCDE promueve altos estándares de políticas públicas y hacer referencia a los mercados de avanzada en cada caso.
“Costa Rica debería liberalizar el mercado con un control de precios máximos en margen de comercialización que garantice mayor competencia y transparencia en el sistema de precios. Esto requiere una mayor supervisión de calidad y un adecuado seguimiento al sistema de ventas y no solamente de compras de las gasolineras”, declara la Coprocom, en el documento donde expone sus comentarios al estudio.
También, agrega su opinión en lo referente a la fijación de precios para estos productos. “Otra de las conclusiones importantes de este estudio que Coprocom comparte, es la eminente necesidad de que el país flexibilice el modelo de precio único, generando estructuras de costos más asociadas al tamaño y características de la demanda del mercado y de la región dónde se encuentran las estaciones de combustibles”, dice la opinión de ese grupo.
Una comparación del índice de precios al consumidor (IPC) con los índice de las gasolinas y del diésel revela una alta volatilidad del valor de estos últimos productos frente a la estabilidad de todos los demás. Esos índices son medidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
La Comisión también considera que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) debe asumir el compromiso de llevar un registro de ventas y compras que mejoren la identificación de los actores regulados.
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“Resulta procedente corregir el modelo regulatorio para garantizar una estructura de costos asociada a los tamaños relativos de la demanda de cada región y no una gasolinera modelo promedio, que genera un margen bruto de comercialización muy elevado”, dice, además, el documento de Coprocom, al referirse al sistema actual que se basa en un modelo de expendedora de combustible y sin analizar también las diferencias de volúmenes de comercio en cada zona del país.
Inconveniente
Sin embargo, la Cámara de Empresarios del Combustible consideró que una liberalización del expendio, por un lado, y del precio, por otro, no le conviene a Costa Rica. El director general de esa cámara, José Miguel Masís, adujo que una liberalización del expendio solo tendría algún sentido si hay varios proveedores mayoristas y no uno bajo monopolio, como lo es la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en el mercado costarricense.
“La razón de esa medida sería poder comprarle al que ofrezca mejor precio, pero eso no se da en Costa Rica”, argumentó.
En lo relativo al precio, explicó que las cadenas de gasolineras y las estaciones unidas en grupo podrían negociar, por el volumen de compras, un mejor trato en el valor del producto con los proveedores mayoristas. Esto implicaría, agregó, que las empresas pequeñas y medianas de zonas alejadas no puedan competir por precio. A consideración de Masís eso llevaría al eventual cierre de empresas pequeñas en todo el país, pero en particular en la zona rural.
Masís recordó que hace muchos años en Costa Rica, bajo un modelo parecido al que se prepone, se daba la práctica de salir del área metropolitana con recipientes (galones) llenos de combustible hacia zonas alejadas; esto para no tener que comprarlo más caro fuera del área central.
Empero, la Coprocom y el estudio proponen adecuar condiciones y precios a las diferentes zonas del país, conforme con el tamaño de la demanda en cada caso y con los costos de transporte. Pese a esto, los expendedores aseguran que con el esquema de hoy de fijación de un precio único y sobre la base de un modelo de expendio, el área central de alguna manera subsidia el valor al cual se venden las gasolinas y el diésel en las zonas más alejadas.
Entrevista.
Director de cámara de combustibles: Plan de liberalizar precios implicaría la destrucción de empresas
José Miguel Masís, director general de la Cámara de Empresarios del Combustible, consideró que un precio libre llevaría al cierre de pequeñas gasolineras en zonas alejadas
La Cámara de Empresarios del Combustible enfatizó que una liberalización del mercado de gasolineras en Costa Rica solo beneficiaría a las estaciones en cadenas y, eventualmente, a la zona central del país, y afectaría muy fuerte a las regiones alejadas, pues las gasolinas y el diésel se encarecerían en sitios rurales.
– ¿Qué opinan de la propuesta de abrir el mercado minorista de combustibles, lanzada en un estudio hecho a solicitud de la OCDE?
– En el tema de estaciones de servicio la liberación del precio realmente no le conviene al país, por una simple razón: capacidades en venta, donde probablemente las estaciones en grupos tengan mayor posibilidad de gestionar con Recope mejores condiciones de precio. Pero en Costa Rica el distribuidor no tiene una posibilidad de decirle a Recope: usted me vende a tanto, yo le compro a tanto, pues si no me vende así yo le compro a la distribuidora equis, porque no existe.
– Pero se propone un precio diferenciado según zona y costos de operación y no basado en una estación “modelo”.
– Lo que se está poniendo es una estructura base, costos operativos contra un techo que lo va a fijar normalmente Recope. Muy probablemente por ello no exista mayor rango de movilidad. Hace unos años atrás, hablábamos de que en ese rango de movimiento, con suerte las empresas con mayores posibilidades de recursos podrían generar hacia abajo no más de ¢5 (por litro).
– ¿En qué perjudica eso a las estaciones de servicio?
– Implicaría un perjuicio para los pequeños capitales, porque no es lo mismo una empresa que esté vendiendo millones de litros que una que no llegue al promedio del país. La pequeña va a sufrir un impacto importantísimo, porque no es lo mismo. Eso implica destrucción de la pequeña y mediana empresa, situación que obviamente, como gremio, no apoyamos para nada.
- ¿Esos ¢5 beneficiarían al consumidor?
- No se genera porque esos ¢5 bailan, hoy son cinco, mañana cero, luego vas a pagar más. Eso sin tomar en cuenta que normalmente donde se genera esa posibilidad de marginar un poco menos es en San José, en la Gran Área Metropolitana, pero en zonas alejadas, donde el costo no necesariamente es la operación de la estación, sino el transporte.
Colaboró la periodista Patricia Leitón.