Las solicitudes de nuevas pensiones por parte de personas en condición de pobreza tuvieron un fuerte incremento en los últimos tres años.

Los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administradora del Régimen No Contributivo (RNC), muestran que para el periodo comprendido entre el 2014 y el 2016 se presentaron en promedio 12.600 solicitudes anuales.

Mientras que para los años entre el 2017 y los primeros seis meses del 2019, el promedio se elevó hasta los 20.000, según el Informe de Cumplimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria a Junio del 2019.

El análisis hecho por la Gerencia de Pensiones de la Caja muestra que la mayor demanda de jubilaciones se concentra en el Gran Área Metropolitana (GAM), la región Chorotega y la Huetar Norte, según el estudio del cual tiene copia La Nación.

El documento fue expuesto, el pasado 5 de setiembre, a la Junta Directiva de la institución autónoma.

Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS, explicó que el incremento en las solicitudes de beneficios del RNC se dio tras la implementación del programa social Puente al Desarrollo, en el 2016, y el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

El primer programa tiene el propósito de incidir en la reducción de la pobreza extrema en el país y es coordinado por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

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En tanto que Sinirube es una plataforma que tiene registradas más de 855.000 personas beneficiarias de programas sociales estatales por parte de 23 instituciones públicas.

“A partir del 2016 empezamos un proceso de integración con otras instituciones para realizar una búsqueda activa, en todo el país, de los verdaderos beneficiarios del Régimen No Contributivo. Específicamente, el plan Puente al Desarrollo favoreció en la búsqueda de hogares pobres por parte del IMAS y otras instituciones”, detalló Carrillo.

El funcionario informó de que, pese al incremento de las solicitudes, se mantiene la tendencia de rechazos de peticiones entre el 55% y el 60%, pues las personas no califican como beneficiarios.

Los datos de la institución autónoma muestran que, entre junio de este año y el mismo mes del 2018, se aprobaron 6.369 casos; pero se denegaron 10.280 porque el solicitante no cumplió con los requisitos.

El RNC fue creado en 1974 para atender a los adultos mayores en situación de pobreza y que no estén cubiertos por ningún sistema de jubilación. En el 2009, la cobertura se amplió a personas que padecen parálisis cerebral profunda.

Este fondo especial es financiado mediante aportes que hacen los patronos y el Gobierno Central al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf). Así como parte de las ganancias anuales de la Junta de Protección Social (JPS).

Para el próximo año, la CCSS presupuestó un gasto de ¢172.230 millones para el pago de pensiones y la atención médica de más de 125.000 beneficiarios del sistema.

Estructura del régimen

El RNC cuenta actualmente con 125.006 beneficiarios, de los cuales 120.695 reciben una pensión mensual de ¢82.000.

Mientras que 4.311 personas con parálisis cerebral profunda tienen una renta mensual de ¢285.566, según los estados financieros del régimen.

El 60% de las jubilaciones del régimen son a beneficiarios por vejez, es decir 75.000. Una tercera parte (41.250) son pensionados por invalidez. El resto de jubilados son de parálisis cerebral, indigentes, viudez y huérfanos.

Greivin Hernández, director de Fodesaf, explicó que las jubilaciones del Régimen No Contributivo significan el 23% del gasto social financiado por el Fondo.

El funcionario comentó que el objetivo del Gobierno es alcanzar los 140.000 beneficiarios para el 2022.

“A comienzo del año el monto de pensión pasó de ¢78.000 a ¢82.000 y se entregarán 5.000 pensiones netas al año. Las nuevas pensiones se convierten en un compromiso de financiamiento futuro”, detalló Hernández.

Las estadísticas de la Caja sobre solicitudes de pensiones muestran que, en la primera mitad de este año, se presentaron 19.183, es decir el 83% del total presentadas durante el año pasado, cuando ascendieron a 23.131.

Pese a que los datos del 2019 son parciales, se convierte, junto con el 2018, en los años en que se han pedido la mayor cantidad de jubilaciones en el RNC desde el 2014.

Casi el 80% de las pedidos de jubilaciones se concentran en la GAM (45%), región Chorotega (18%) y Huetar Norte (15%). Precisamente estas áreas del país son las que reportan el mayor aumento a partir del 2016.

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En el Gran Área Metropolitana pasó de 3.882 solicitudes, en el 2016, a 6.904, al año siguiente, y en el 2018 subieron a 9.075.

En la región Chorotega, para el mismo periodo, hubo 2.682, 3.212 y 4.473, según los datos de la CCSS.

Precisamente, la mayor demanda de pensiones del RNC en este sector del país, coincide con un incremento en la cantidad de ayudas sociales estatales.

“Instituciones como el IMAS o el Conapam (Consejo Nacional de Persona Adulta Mayor) identifica a la población objetivo y hacen referencias a la Caja. Se ha convertido en una gestión muy dinámica, pasamos de tramitar solicitudes solo en ventanilla a una búsqueda de posibles beneficiarios en las comunidades”, destacó el Director de Pensiones.

Carrillo resaltó que han efectuado una mayor gestión para dar más recursos en regiones con un indicador de pobreza alta como las regiones Chorotega, Huetar Norte y la Brunca.

“Con la Chorotega y la Norte hemos trabajado fuertemente para buscar la pobreza. Antes teníamos 11.000 casos anuales, pero no una acción proactiva de ir a buscar a personas con condición de pobreza”, contó el funcionario.

La CCSS actualmente tiene identificados a 7.000 adultos mayores en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país, quienes son los primeros en la lista de beneficiarios del Régimen No Contributivo.

¢103.000, monto clave para recibir pensión del RNC

El umbral usado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para otorgar o denegar una pensión del Régimen No Contributivo (RNC) es el ingreso per cápita del solicitante.

Si el ingreso promedio de la persona es superior a los ¢103.000 mensuales, automáticamente la petición es rechazada explica Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la CCSS.

“Si la suma de los ingresos del núcleo familiar, divido por la cantidad de personas del grupo, es igual o menor a ¢103.000 se considera pobre, según la línea de pobreza por ingresos. Si supera ese monto la persona queda fuera y no se continúa con el análisis“, explicó Carrillo.

Carrillo explicó que, debido a este parámetro, la mayoría de las solicitudes de jubilaciones no son aceptadas. Históricamente, la Caja deniega entre el 55% y el 60% de las solicitudes tramitadas.

Otro factor que limita el otorgamiento de beneficios es la meta de pensiones anuales establecidas por el Gobierno.

El RNC depende en su mayoría a las transferencias de recursos por parte del Poder Ejecutivo, por lo tanto, significa un compromiso fiscal, pues el beneficio otorgado no se anula.

Para detectar los posibles casos de análisis, la Caja utiliza la información del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Dicha plataforma se nutre de los datos del Expediente Digital Único de Salud (EDUS) en donde personal de la CCSS lleva el registro de la conformación de las familias atendidas por la institución médica pública.

Asimismo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) tiene el registro de los casos de familias atendidas en el país, así como el ingreso del grupo familiar.

También se cruza la información con las personas jubiladas por el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), para descartar si el posible beneficiario cuenta con una pensión.

“Toda la información se mezcla en el Sinirube que, mediante algoritmos, identifica el ingreso promedio de las familias para así determinar si son objeto o no del beneficio”, explicó Carrillo.

El jerarca explicó que la única manera de elevar la cobertura del sistema no contributivo es mediante el aumento de los recursos girados por el Gobierno.