El Banco Nacional creó una comisión técnica para proponer cambios en el fondo de pensiones de sus empleados con el objetivo de darle sostenibilidad. Dos años han transcurrido desde entonces y todavía no hay reformas.
Los dos principales puntos de análisis son la creación de aportes solidarios de los jubilados y la reducción del beneficio por sucesión.
Sin embargo, Carlos Chavarría, gerente del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional, reconoció que hubo miembros del órgano de dirección del régimen quienes pidieron nuevos análisis antes de tomar alguna decisión.
En el fondo de retiro de la institución pública hay tres representantes del Banco, dos de sindicatos y un jubilado. Chavarría no especificó cuál sector pidió retrasar las reformas.
El régimen de jubilaciones tiene un déficit de entre ¢45.763 millones y ¢130.842 millones, según el Estudio técnico actuarial del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional, del 27 de marzo pasado.
“La comisión creada tenía como objetivo analizar diferentes escenarios para fortalecer el fondo, considerando las recomendaciones realizadas por la firma actuarial Ernst & Young en los informes actuariales (…) sin embargo se definirá su aprobación hasta que se efectúe la votación final por parte del Órgano de Dirección”, explicó Chavarría.
El vocero reconoció que, en junio del año pasado, se presentaron recomendaciones de cambios. Pero antes de entrar a discutirlas se solicitaron nuevos escenarios de sostenibilidad actuarial y la contratación de un experto en derecho constitucional para determinar si establecer cotizaciones a los pensionados era correcto.
“La solicitud de contratar un experto en derecho constitucional externo se hizo a pesar de que el Órgano de Dirección (del fondo) cuenta con el criterio legal interno”, reconoció Chavarría.
En el país existen varios sistemas de pensiones en los cuales ya la Sala IV avaló, hace varios años, las contribuciones especiales. Se tratan del régimen del Magisterio Nacional con cargo al Presupuesto Nacional y en el del Poder Judicial.
Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), criticó que no se haya efectuado ningún cambio en el sistema para que los pensionados coticen, pese a conocerse el desequilibrio actuarial.
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En el estudio actuarial del 2018 fue cuando se recomendó, por primera vez, establecer el aporte solidario. En ese momento, solo recomendó que fuera del 10% y para las pensiones superiores al tope máximo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Sin embargo, en el más reciente informe del 2019, efectuado por Ernst & Young, se propuso establecer la cotización para todos los jubilados. Una tasa del 1% para las pensiones más bajas y del 15% para las más altas.
El escenario de recomendaciones varió, de un año a otro, entre otras razones por la salida de 188 personas del Banco Nacional, el año pasado, quienes se llevaron ¢9.473 millones, por concepto de cotización obrero-patronal.
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Esta situación generó que los gastos del sistema se elevaran a ¢28.402 millones, es decir, 54% más respecto a los ¢18.339 millones del año previo.
El reglamento del sistema de jubilaciones permite al trabajador llevarse su aporte y el realizado por la entidad financiera al dejar la institución, lo cual se conoce como liquidaciones actuariales.
Una de las revelaciones del estudio actuarial fue que quienes tienen pensiones altas en el fondo, por cada ¢100 de pensión que reciben, solo aportaron ¢43.
Al cierre del año pasado, este sistema contaba con 1.539 jubilados, de los cuales 870 tienen pensiones tienen pensiones altas entre ¢1 millón y ¢7,1 millones. Este grupo recibió el 84% de los ¢14.800 millones en pago de jubilaciones el año pasado.
El régimen de jubilaciones del Banco Nacional contaba con una reserva de ¢185.618 millones, a diciembre del 2019, contaba con 5.229 empleados quienes cotizan 5,5% de su salario al mes. El Banco aporta 10%.