Establecer un nuevo tope a las pensiones de lujo, el cierre definitivo de 13 regímenes de jubilación, elevar la edad y la cotización, están entre las principales propuestas de un proyecto de ley que pretende limitar los beneficios de las pensiones financiadas vía Presupuesto Nacional.

La iniciativa busca restringir una serie de portillos que acrecientan el costo de estos fondos especiales financiados por los contribuyentes.

Para este año, el pago ascenderá a ¢1 billón, es decir, una décima parte del gasto previsto por el Gobierno para el 2019.

El Proyecto de Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sosteniblidad de los Regímenes de Pensiones fue presentado en el Congreso por el legislador oficialista Víctor Morales Mora y se elaboró en conjunto con la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.

El diputado confirmó que la propuesta ingresó para su discusión, a finales de abril, a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

Morales Mora destacó que en el Congreso hay otras iniciativas de reforma a pensiones y, en las próximas semanas, buscará unificarlas en un solo expediente.

Los regímenes con cargo al Presupuesto Nacional fueron creados en 1992 y cuentan con 60.000 personas con una pensión, entre sistemas de jubilación contributivos y no contributivos.

Principales propuestas

Entre las principales medidas del proyecto está que reestablece como tope para las pensiones de lujo el equivalente a 23 veces la línea de pobreza determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en ¢110.047, es decir, la jubilación máxima sería de ¢2,5 millones.

La disposición se aplicaría para las nuevas que se otorguen, en un plazo de 18 meses posteriores de aprobarse la reforma y a los beneficios en curso de pago.

En este caso se incluiría al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, pues el proyecto propone que se aplique cuando las contribuciones a dicho fondo son insuficientes para pagar los pensiones, como en este sistema.

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“La idea es establecer topes claros a todas las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional”, explicó Víctor Morales Mora.

Desde 1998 existe un límite a las pensiones financiadas con cargo al Presupuesto Nacional, pero fue hasta el 2014 que se empezó a aplicar por el Ministerio de Trabajo. La Sala IV la avaló hasta noviembre pasado, luego de reclamos legales de los beneficiarios.

Asimismo, se cierra, definitivamente, el ingreso de nuevos jubilados en los 13 regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones.

Quien tiene actualmente una pensión de alguno de estos fondos mantendrá el beneficio, recalcó el parlamentario de Acción Ciudadana.

La medida solo daría un plazo de 18 meses para obtener el beneficio. Quien no obtenga la jubilación en dicho periodo será trasladado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La DNP administra los fondos contributivos como Hacienda y Exdiputados, Obras Públicas, Registro Nacional y Correos.

La entidad estima que se trata de un grupo de 300 trabajadores que aún pueden pensionarse con las condiciones de estos regímenes.

Estos funcionarios públicos actualmente pueden retirarse cuando cumplen 60 años o tienen 25 años de cotizar. Con los nuevos parámetros de la reforma, la persona se jubilaría a los 65 años o cuando cumpla 30 años de cotizar para su respectivo régimen.

Para los servidores activos y los pensionados se promueve que coticen el 9%; cifra que el Gobierno podrá elevar hasta el 16% si así se justifica técnicamente. Dicho aporte actualmente se hace en conjunto entre el trabajador, patrono y el Estado.

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Entre los sistemas no contributivos que la iniciativa promueve cerrar están el de Expresidentes, Beneméritos, de Gracia, Víctimas de la Guerra de 1948 o el Premio Magón.

Luis Paulino Mora, director de la DNP, comentó que los fondos que se pagan vía Presupuesto Nacional no son equilibrados y carecen de justicia social.

“Estos regímenes solo reciben cotizaciones que equivalen al 8% del gasto total al año. Evidentemente, a las personas les produce frustración por las altas pensiones que se pagan. El proyecto promueve la equidad”, recalcó Mora.

Más límites

La iniciativa le otorga a la DNP la potestad de dictar la caducidad de un beneficio y de limitar el beneficio de sucesión.

En los nuevos parámetros, los hijos e hijas de un jubilado solo recibirán la pensión hasta los 18 años y los menores de 25 años que estudian.

También otorga la potestad a la Dirección Nacional de Pensiones de pedir a los bancos que congelen recursos girados a cuentas bancarias de personas ya fallecidas.

Esta disposición se extiende a la Caja Costarricense de Seguro Social que administra el IVM y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (Jupema) encargada del régimen de reparto de los docentes.