La Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP) estima que el golpe a las pensiones del ROP, de llegar a eliminarse la exoneración de renta a los rendimientos de las inversiones, será mucho mayor a la estimación realizada por la Superintendencia de Pensiones (Supén).

En los cálculos de las operadoras, el monto del beneficio del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) disminuiría entre el 10% y hasta el 18,4%.

Mientras tanto, la Supén estimó que las pensiones del ROP se reducirían en casi 10%.

Hermes Alvarado, presidente de la ACOP, explicó que dicha estimación se hizo previendo que el salario real del afiliado crezca el 1% por año, la inflación sea del 2%, y que la rentabilidad real anual de las inversiones del dinero del trabajador sea del 8,68%, promedio de los últimos 40 meses.

En las proyecciones de la Asociación, a un trabajador que cotice durante 10 años para la pensión del ROP se le disminuiría el 10%; quien aporte durante 20 años, la baja sería de 14,3%; quien aporte por 30 años, un 17,3% menos; y quien cotice durante 40 años, la reducción sería del 18,4% en su futura pensión complementaria.

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“El impuesto se dirige al principal componente del ahorro que son, precisamente, los rendimientos de las inversiones. Al final del plazo de ahorro de la persona, el 80% del dinero acumulado será resultado de los rendimientos ganados, mientras que el 20% a los aportes realizados”, explicó Alvarado.

La contribución mensual del ROP es equivalente al 4,25% del salario de un trabajador asalariado. El patrono aporta 3,25% y el trabajador, el restante 1%.

El Ministerio de Hacienda propuso, a finales de diciembre, eliminar la exoneración fiscal que hoy tienen los rendimientos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), los planes de pensiones voluntarias y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

La idea del Gobierno es cobrar 7,5% de impuesto sobre los réditos que obtengan estos fondos para recaudar unos ¢62.000 millones anuales que ayuden a atenuar el desequilibrio de las finanzas públicas.

Hasta diciembre pasado, las seis operadoras de pensiones complementarias (OPC) administraban un saldo de ¢7,84 billones en las cuentas de 2,5 millones de afiliados.

Otros efectos adversos

Alvarado destacó que la iniciativa propuesta por el Gobierno podría incentivar la informalidad laboral, pues sostuvo que es un castigo injusto para los trabajadores formales.

“Lo que el Gobierno pretende captar para las arcas hacendarias hoy, va en detrimento del sistema de pensiones y las arcas estatales mañana”, dijo el vocero de las operadoras.

Agregó que, el año pasado, la Ley de Protección al Trabajador tuvo un proceso de mejora en el cual recursos que antes pasaban un año en el FCL, irán directamente al ROP, lo cual mejora el ahorro del trabajador hasta en un 6% cuando se jubile.

“Con este proyecto no solo se echaría por tierra lo logrado en meses anteriores tras un arduo trabajo de los diputados, sino que más bien se generaría una reducción superior al 14% en ese saldo final”, aseguró Alvarado.

Por último, destacó que la iniciativa va en contra del objetivo de crear un fondo adicional a la pensión básica y podría tener un efecto adverso en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).